Suspensión del alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, estaba anunciada

Así lo consideran algunos analistas consultados por El País, para quienes el auto del Ministerio Público no sólo conllevará serias repercusiones políticas, sino también administrativas y fiscales.

La decisión del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de suspender del cargo al alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, se veía venir a raíz del escándalo de las irregularidades en la contratación pública, que desde diferentes sectores se vienen denunciando.Así lo consideran algunos analistas consultados por El País, para quienes el auto del Ministerio Público no sólo conllevará serias repercusiones políticas, sino también administrativas y fiscales.El ex alcalde de Bogotá y reconocido constitucionalista Jaime Castro considera que las decisiones judiciales y disciplinarias que hoy se están conociendo “afectan en primer lugar al Polo Democrático porque compromete sus posibilidades de continuar gobernando la ciudad”.Según Castro, otro de los impactos pesará sobre la tan ya cuestionada administración bogotana y sus finanzas. “Ya todo lo que haga la actual administración va a estar cubierto por un manto de duda y de sospecha. Se va a ver obligada a aplazar, dejando para la nueva administración, unos procesos licitatorios que había iniciado o que iba a comenzar”, señaló. José Gregorio Hernández, ex magistrado de la Corte Constitucional, también señaló que la decisión era de esperarse y que pone en evidencia que el Polo Democrático está “completamente debilitado”, cuya cuenta de cobro la verá en las próximas elecciones.“Creo que la opinión generalizada en la capital es la de que le ha ido muy mal al Polo en estas dos últimas administraciones”, dijo.Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry calificó la decisión del procurador Ordóñez como “razonable”, pues “se da en un contexto en el que ya hay decisiones judiciales, en el caso del hermano del Alcalde, adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, que permiten arrojar mayores elementos de juicio sobre los hechos y que llevan a que el Procurador adopte esta decisión”.Charry también explicó que la suspensión se da para garantizar que el funcionario desde su cargo no intervenga en la investigación que se le adelanta. “Lo que se trata es evitar que alguien desde el cargo pueda obstruir ese recaudo de pruebas”.