Suspenden otro funcionario de la Unidad Nacional de Protección

Suspenden otro funcionario de la Unidad Nacional de Protección

Agosto 26, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Suspenden otro funcionario de la Unidad Nacional de Protección

Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección.

Las personas que han sido apartadas de sus puestos están siendo investigadas por presunta corrupción.

Tras la captura de Luis Eduardo Molino, jefe de la Unidad Financiera de la Unidad Nacional de Protección, el director de la entidad Andrés Villamizar aseguró que seguirán las investigaciones para poner en manos de las autoridades a los otros cinco funcionarios que hacen falta. Por esta investigación, Villamizar decidió declarar insubsistente al Secretario General de la UNP, Julian Marulanda Calero. "Decidimos remover preventivamente de sus funciones a los servidores que actualmente coordinan las áreas donde presuntamente se desarrollaron las actividades denunciadas", expresó. Así operaba el grupo Quienes declararon su participación en el ilícito han identificado a por lo menos cinco personas entre funcionarios y contratistas cuyos nombres ya están en poder de la Fiscalía. Estos se habrían apropiado de $600 millones de la entidad. Las modalidades que al parecer utilizaron para sacar provecho de sus cargos y obtener ilícitamente dinero, fueron: - Demorar los pagos que por derecho tienen las empresas privadas que prestan servicio de protección a la UNP, para luego cobrar por desembolso comisiones ilegales a esas empresas. - Pedir en provecho propio un porcentaje de la facturación a los contratistas por los servicios prestados. "Quiero invitar a los escoltas, funcionarios, contratistas y personas privadas que tienen o tuvieron conocimiento de las actividades denunciadas, a que se acerquen a la Fiscalía y nos ayuden a seguir aclarando los actos de corrupción denunciados", expresó el director de la UNP. Agregó, además que los hechos de corrupción no afectaron la seguridad de los protegidos por la Unidad, ya que conforme al material probatorio esas actividades obedecen a exigencias económicas de contratación y no comprometen la información de los protegidos, sus estudios de riesgo o la composición de los esquemas.

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