“Silenciar a la prensa es la mejor manera de lograr impunidad”, experta en derecho constitucional

Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la OEA, denuncia que en la Fiscalía General de la Nación no avanzan las investigaciones sobre crímenes a periodistas.

La constitucionalista, abogada y exrelatora de Libertad de Expresión de la OEA, Catalina Botero, se refirió a la situación de los periodistas  en América Latina,  a propósito de que hoy se conmemora  el Día de la Libertad de Prensa.

Botero afirma que para cubrir el proceso de paz no debe haber cercos, y que el nuevo Fiscal General de la Nación debe darle prioridad a las investigaciones de crímenes contra periodistas que están prescribiendo.

¿Cómo está la libertad de expresión en Colombia y en la región?

Hay muchos problemas, pero hay dos que son más graves. El primero es la violencia contra los y las periodistas, que proviene básicamente del crimen organizado; de los funcionarios corruptos; y el tercer tema que se ha vuelto muy peligroso es el de la minería ilegal, como legal. Esos tres fenómenos forman una especie de gran multinacional del crimen en las regiones y la amenaza a la prensa es muy grave.

Hay lugares en México que están completamente silenciados y silenciar a la prensa es la mejor manera de lograr la impunidad.

El segundo problema y, que me parece muy grave, es una enorme polarización en algunos países, en los cuales los gobiernos convierten a la prensa en sus enemigos. Son gobiernos de izquierda y  de derecha que no son particularmente democráticos, que tienen una clara tendencia autoritaria y que polarizan a la sociedad para dominar la esfera pública y para excluir de la discusión razonable a la prensa crítica.

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¿Dónde se hacen más visibles estos problemas?

Mientras en el primer caso los países con cifras más dramáticas son México, Honduras, Colombia y Brasil, en algunos lugares, en el segundo caso, en este momento, en Ecuador y Venezuela, que registra casos verdaderamente graves.

Colombia en específico...

Colombia, a pesar de que ha disminuido las cifras que en los 90 eran brutales de asesinatos contra periodistas, en los últimos 18 meses se han producido dos asesinatos. La evidencia permite sostener que están  relacionados con la libertad de expresión, con la denuncia de la criminalidad organizada, sino que además hay amenazas particularmente a los periodistas de provincia. Muchos tienen que irse de las regiones o simplemente callarse.

¿Qué decir del caso de Vicky Dávila con la publicación de un vídeo intimo del exviceministro Carlos Ferro?

Desde el punto de vista jurídico, cualquier información reservada que se revele, siempre y cuando cuente con un requisito, está completamente protegida por el derecho. No hay ninguna infracción del derecho a la libertad de expresión.

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¿Cuál es el requisito?

Un periodista no puede intervenir un teléfono, pero si a él le llega la intervención él la puede publicar. Por supuesto, en la nube de si la intervención tiene interés público. Si existe la duda, siempre se protege al periodista. Esto, porque el derecho a la libertad de expresión es un derecho prevalente. Significa que es esencial para que pueda haber un debate democrático y sin debate no hay democracia.

¿Cómo se puede considerar la reacción desde el Gobierno y los comentarios sobre unas almendras como amenaza?

No puedo opinar sobre hipótesis o versiones. Lo que puedo decir, en abstracto, es que evidentemente los funcionarios públicos tienen la obligación de respetar el ejercicio de la libertad de expresión. 

¿El comentario del Presidente sobre la ética de publicar el video es estigmatización?

En general hay presidentes en la región que han dicho que los periodistas son golpistas o que la prensa es golpista o que es desestabilizadora, eso claramente entra dentro de las condiciones a las que se refiere la CIDH. Con estigmatizaciones de esa naturaleza señalando que los periodistas delinquen cuando solo están desarrollando su trabajo. Otro tipo de comentarios como el que hizo el Presidente es un comentario de menor impacto, pero  creo que sería muy prudente que los funcionarios públicos mantuvieran una enorme prudencia en lo que se refiere a la prensa crítica. Incluso cuando no están de acuerdo.

¿Cómo está Colombia frente a la prevención?

No hay en la región, en general, políticas de prevención, de violencia contra la prensa. Hay muy pocas experiencias de protección de los periodistas amenazados y la impunidad es brutal. No existen mecanismos establecidos para generar justicia contra los crímenes de los periodistas. Entonces, es un círculo perfecto de impunidad que lo que hace es impedir que las personas conozcan asuntos que son de enorme relevancia pública. Sin embargo, en Colombia existen medidas de protección que en otros países no existen, y esto no es poco. La Unidad de Protección de Periodistas y de Defensores de Derechos Humanos es una práctica muy importante. Creo que hay que revisar cómo está funcionando y revitalizarlo.

"Hay dos sentencias de la CIDH, en las cuales establece que es muy importante que los funcionarios se abstengan de estigmatizar a los periodistas”, Catalina Botero.

Con esa revisión que propone del sistema de protección, ¿cómo se debe vincular la Fiscalía?

Hay un problema muy serio: mientras los periodistas amenazados logran protección, las investigaciones no avanzan. La Fiscalía, y quien quede de Fiscal, tiene que saber que es una prioridad. No pueden seguir prescribiendo los crímenes contra periodistas que denunciaron lo que estaba pasando en este país, y gracias a los cuales pudimos saber casi todo lo que hemos sabido, por ejemplo, de la captura del Estado por parte de narcotraficantes.

¿Cómo debe ser la libertad de prensa en el posconflicto?

Mejor libertad de expresión, más protección para los periodistas. Creo que lo que está pasando con el proceso de paz y Bacrim es un llamado para que se fortalezca la libertad de expresión. Y que el periodismo sobre todo pueda cubrir acciones ilegales con la protección estatal.  Para eso se requieren medidas de protección muy importantes, como por ejemplo manuales para la Fuerza Pública, para que sepa cómo relacionarse con periodistas en situaciones de conflictividad, marchas, etcétera.  

¿Y en las posibles zonas de concentración?

Me preocupan las voces que sostienen que tiene que haber restricciones al cubrimiento de las actividades de las Farc. Si las Farc están haciendo eso por fuera de lo que está autorizado en el marco del proceso de paz, si están haciendo proselitismo armado, necesitamos que la prensa lo pueda denunciar. 

Por ello, no puede haber cercos.