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"Si la paz es solo un propósito del presidente Santos vamos a fracasar": Director ACR

Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, dice que proceso es una gran oportunidad, pero solo si se trabaja en conjunto.

24 de marzo de 2015 Por: Olga Lucía Criollo | Reportera de El País

Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, dice que proceso es una gran oportunidad, pero solo si se trabaja en conjunto.

Cali y el Valle  del Cauca tienen que empezar a pensar cómo van a aprovechar lo que pueda ocurrir en el posconflicto para transformar su realidad y que este no los sorprenda  cuando llegue.

Quien habla así es Joshua Mitrotti, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR, quien en noviembre pasado asumió el reto de atender a 32.000 excombatientes  de todo el país que han optado por la  reinserción a la vida civil, 1500 de las cuales están en el Valle.

Sobre los logros de ese proceso y los retos que implicaría  una masiva desmovilización de guerrilleros, producto de un acuerdo de paz en La Habana, habló con El País.

¿Qué tareas  tiene la ACR de cara a una desmovilización de  las Farc?

Estamos trabajamos con todo el equipo negociador y la Subcomisión que lidera el general Javier Flórez. Damos insumos para un plan específico que se está construyendo con muchas entidades, porque no solo es la reintegración, también el desarme, la desmovilización y la reinserción, y eso genera cantidad de componentes. Ese plan será llevado por el Gobierno  a  La Habana, pero hay que entender que esto no es una rendición de las Farc, es un proceso de paz y tendremos que acordar con ellos garantías para uno y  otro lado. El Gobierno tiene claro que Colombia ha construido mucho, no  solo desde reintegración, sino desde  otras instituciones, y no se puede improvisar ni cometer  errores del pasado.

¿Por qué no se debe repetir del proceso con las AUC?

La experiencia con los paramilitares nos deja varias lecciones. Uno, que un proceso  de esa dimensión no puede ponerse a crear cosas nuevas, como en el 2003, que se creó una oficina en el Ministerio del Interior que no tuvo la capacidad para responder con la prontitud, la eficacia y la eficiencia que se necesitaba. Dos, hay que identificar muy bien las condiciones con que viene cada uno de estos inpiduos. Por ejemplo, el 90 % de las personas que hemos atendido vienen con problemas sicológicos, estrés postraumáticos y  sicopatías que tendremos qué identificar.

Un trabajo interinstitucional que involucraría a todo el Estado...

Claro. Por ejemplo,  la Registraduría estaría dándole  una identificación única a cada una de estas  personas. También los ministerios de Salud y Educación, que son los pilares de lo que se va a hacer. Tendremos que identificar qué se quiere con el grupo y con cada inpiduo, ¿cuáles son sus familias? ¿cuántas armas se tienen...? La desmovilización tiene que ocurrir de acuerdo con la capacidad institucional, el problema es de los colombianos y solo se resuelve si los colombianos trabajamos en él.

¿En las regiones estará clara esa postura?

El  elemento más importante es cómo las autoridades locales y regionales se apropian del proceso de paz. No puede pasar que un alcalde diga que ‘el Gobierno nos abandonó’. No, alcaldes y gobernadores de los sitios adonde lleguen estas personas deben tener capacidad de respuesta, sin duda con el acompañamiento del Estado  e involucrando a  la comunidad. Si la paz es un propósito solo del presidente Santos, vamos a fracasar. Tenemos  que hacer una gran pedagogía, porque esta es una oportunidad para Colombia, pero solo si  somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para acabar con el conflicto.

Y del proceso del M-19, ¿qué vale la pena retomar?

La desmovilización del M-19 fue un ejercicio absolutamente exitoso de participación política. Nos permitió tener una Constitución  moderna, que garantiza los derechos de los ciudadanos. Creo que eso es un ejemplo de lo que podríamos tener: cómo un grupo armado contribuye desde la política a mejorar el país. En eso, el M-19 es  fundamental como referente de incorporación política de quienes van a dejar los grupos.

Antonio Navarro dice  que mantener unidos a los desmovilizados garantizaría el éxito del proceso,  ¿qué opina?

Tenemos que partir del compromiso del grupo para que realmente sea una apuesta para acabar con la violencia. Además,  hay referentes en lo nacional y en lo internacional que nos dice que las dos cosas pueden funcionar, pero con capacidad de la sociedad y el Estado para acompañar el proceso. Creo que se van a combinar la reintegración colectiva, la inpidual, en el campo y la ciudad, pero la Agencia ya ha atendido comunidades e inpiduos en ciudades y campo, logrando generar   procesos impresionantes en proyectos de vida y en materia de reconciliación y de garantías de no repetición. 

¿Y la Agencia de Reconciliación sí tiene presencia en todo el país?

La Agencia tiene desmovilizados o personas en proceso de reintegración en 850 municipios, que  son tres cuartas partes del territorio nacional. Tenemos presencia permanente en 166 municipios, 33 grupos territoriales y en 133 municipios hay al menos un profesional reintegrador. Pero también hay toda una capacidad  en diferentes instancias  gubernamentales y de la sociedad civil, que hoy está mucho más empoderada que en el 2003 o el 2006. 

¿Cuántos reinsertados maneja la Agencia  hoy en Colombia?

A  nivel nacional tenemos 32.000 personas activas en el proceso y 9500 que ya lo culminaron, es decir, que después de seis años de acompañamiento sicosocial, educativo, de formación, comunitario y de empleabilidad la persona dejó de ser desmovilizado o reintegrado y pasa a ser  un ciudadano con deberes y derechos,  responsable de su propia vida. El 75 % eran analfabetas y hoy 500 desmovilizados tienen títulos profesionales. El 46 % de la población atendida  está  trabajando, más o menos 24.500 personas, de las cuales 9500 están en el sector formal. De igual forma, el 76 % está comprometida con  la legalidad y solo el 24% está en riesgo o ha reincidido, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz.

¿A qué se debe el éxito del proceso?

Uno, a la voluntad de los inpiduos, que  salieron una primera vez con vida de un grupo armado ilegal y saben que esa suerte de pronto no se repite. Dos, si bien se han consultado referentes internacionales, es un proceso que se ha adaptado  a los territorios, la reintegración en el Valle es distinta a la de Bogotá. Tres, parte de las condiciones y voluntades y el proyecto de vida que tienen el inpiduo o una suma de ellos. Y, cuatro, el 93 % de los recursos que hemos  ejecutado  son del Gobierno Nacional. 

Pero habrá cosas por ajustar...

Sí, creo que hay que hacer una lectura cada vez más contextualizada de cómo la ilegalidad se mueve en los territorios de parte de las autoridades locales y departamentales. En los últimos cinco años se han capturado 6700 personas pertenecientes a las bacrim y solo un 10 % eran antiguos desmovilizados, el 90 %  son nuevos hombres, jóvenes, niños, adolescentes, que llegan a los ciclos de violencia. Es falso decir que la bacrim es el reencauche de los paramilitares, son nuevos actores que ven en la ilegalidad, el narcotráfico y la minería un proyecto de vida.

¿Cómo es la dinámica de la reinserción en el Valle del Cauca?

Es una población mayoritariamente de guerrilla, cosa distinta al resto del país. 70 %  son miembros de Farc y ELN y solo 30 % de las AUC. Es un territorio de acogida, particularmente Cali. No todos los desmovilizados que están aquí vienen de Cali, la gran mayoría son de fuera, del Pacífico, del Suroccidente. Es una zona donde también llegan transitoriamente: 2, 3 años, se educan y regresan a sus zonas de origen. Acá tenemos 1500 personas y unos índices de empleabilidad casi del 67 %, los más altos del país. En esta región hay un empresariado pujante, activo, tenemos grandes ciudades y ciudades intermedias, además de capacidad de absorción en los sistemas educativo y de salud y el Sena es un gran aliado. 

Muchos temen que Cali sea la capital del posconflicto...

Cali y el Valle tienen que empezar a ser una prospectiva de cómo van a aprovechar lo que pueda ocurrir en el posconflicto para transformar su realidad e invitamos a todas organizaciones, gremios, instituciones públicas y privadas a prepararse para que no los sorprenda el posconflicto.

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