"Se necesita una justicia reparativa para superar el conflicto": fiscal Montealegre

"Se necesita una justicia reparativa para superar el conflicto": fiscal Montealegre

Septiembre 22, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Margarita Vidal Garcés | El País

Eduardo Montealegre, fiscal General de la Nación.

Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, habla sobre las cortes de justicia, los retos de la entidad ante las nuevas modalidades del crimen organizado, las protestas sociales y otros temas.

Estar siempre en el ojo del huracán, en un país como este que no da, pero tampoco pide tregua, no parece trasnocharlo. O si lo hace, esas vigilias no le alteran el semblante tranquilo ni el gesto ecuánime. Puede que Eduardo Montealegre, fiscal general de la Nación, sea un hombre deliberante, siempre ubicado en medio de polémicas y controversias, pero mantiene el tipo. O al menos nunca se le ve salido de la camisa. Y es porque, a la par con su solidez jurídica ha estructurado nervios de acero para afrontar los enormes retos que a un cargo como el suyo, le presenta una criminalidad que desafía y desborda cualquier análisis.Hay clamor por una supuesta crisis de la justicia en Colombia.Se necesitaría estar muy ciego para negar que hay inconvenientes en el poder judicial, pero lo importante es plantear soluciones y alternativas para resolver los problemas. Estamos haciendo ajustes mediante un proceso de modernización de la Fiscalía. Hay que reformar ciertos aspectos relacionados con las competencias electorales de las cortes, pero también fortalecer sus dignidades, su autonomía y su independencia.¿Cómo se desprestigiaron unas cortes que llegaron a ser intachables?En las altas cortes trabajan funcionarios que son serios e intachables. Hay que seguir trabajando porque el interés personal de algunos funcionarios no prime sobre el interés general.No está el palo para cucharas, ¿pero, cuándo cree usted que debería intentarse otra reforma a la justicia?El país está en mora de dar al respecto una discusión seria y profunda. Entiendo que después de la fallida reforma constitucional existan ciertas reservas sobre la posibilidad de adelantar otro debate, pero este no puede ser un argumento para no buscar soluciones. En la Fiscalía estamos en un proceso de reflexión sobre una posible propuesta de reforma legislativa al proceso penal, para hacerlo más eficiente y cercano al ciudadano y para reducir los índices de impunidad.¿Cuáles son las falencias y necesidades de la Fiscalía hoy?Mi preocupación ha sido responder adecuadamente a los desafíos que plantean las nuevas modalidades del crimen organizado y a la necesidad de hacer efectivas las garantías tanto para procesados como para víctimas. Como frente al proceso de paz la Fiscalía debe estar preparada funcional y estructuralmente, estamos en un proceso de reestructuración para llegar a un modelo de investigación penal inteligente, enfocado a la priorización, la asociación de casos, la aplicación de tecnologías y la educación continua de nuestros fiscales e La Corte Suprema falló a su favor una tutela contra una investigación de la Contraloría, que benefició de contera a los magistrados de la Judicatura investigados por el ‘carrusel de la contratación’. ¿Qué pasará con ese caso que indigna a la opinión?Allí ha habido desinformación. Antes del fallo de la Corte Suprema, la misma Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ya había aceptado mis argumentos propuestos en la tutela, acerca de la incompetencia de la Contraloría para investigar administrativamente a los funcionarios aforados, como ocurrió en mi caso. Si usted observa el fallo del Tribunal, verá que en él también se llegó a la misma conclusión de la Corte. Lo que hizo el fallo de segunda instancia de la CSJ fue ampliar los argumentos relacionados con el fuero constitucional y la independencia de los poderes, además de hacer un ajuste procesal al interior de la investigación abierta por la Contraloría. La tutela no beneficia a ningún funcionario sino que pone orden y establece quién debe investigarlo y juzgarlo. Como recordará, personalmente interpuse una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra la Comisión de Acusaciones por el llamado ‘carrusel de las pensiones’. ¿Qué pasará con la Comisión de Acusaciones de la Cámara a la que usted cuestionó por cerrar el proceso contra esos magistrados investigados?Ese caso lo examina la Sala Penal de la CSJ, a raíz de la demanda que interpuse contra el Presidente de la Comisión de Acusaciones, y no era para menos. Esa investigación no se podía archivar, como en efecto ocurrió, porque al interior de este proceso existe un número significativo de pruebas que evidencian irregularidades que podrían tipificarse como delitos. Este es uno de los temas de los que me apersoné y no voy a descansar hasta ver resultados. ¿Hay evidencias de que en los nombramientos de los magistrados se habrían cometido delitos y falsedad ideológica?Así es. Por eso también radiqué personalmente ante la Comisión la solicitud de revocatoria del auto por medio del cual se inhibía de investigar a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que nombraron a estos funcionarios. Al revisar bien todo el caso, pudimos detectar una serie de pruebas que esta corporación dejó de valorar y que podrían demostrar la eventual comisión de delitos por parte de estos magistrados. Espero que la comisión otorgue crédito a mi intervención y reabra el proceso para que adopte unas decisiones más ajustadas al cuerpo de pruebas existente. ¿Por qué su enfrentamiento con la contralora Morelli? ¿Cree que se excede en sus funciones?Con la doctora Morelli existen discrepancias en la forma de interpretar y aplicar el derecho. No se trata de disputas personales sino del ejercicio pleno de los poderes conferidos por la Constitución para todas las instituciones, como la Contraloría y la Fiscalía. También vive enfrentado con el procurador Ordóñez. ¿No son demasiadas peleas a la vez?Con el Procurador tampoco existe un enfrentamiento personal. En una democracia siempre existen diferentes puntos de vista. El Procurador y yo diferimos en algunos aspectos y considero enriquecedor manifestar esas diversas posturas en escenarios públicos y académicos. Por el doctor Ordóñez solo hay respeto, aprecio y admiración.¿Cuáles son los actores legítimos y los no legítimos dentro de la reciente explosión de descontento social?La garantía a la protesta social está consagrada en la Constitución. Por muchas molestias que ocasionen, los paros son reflejo de una democracia viva. El tema difícil es el de los abusos que eventualmente pudieron ocurrir tanto por parte de algunos manifestantes, como por la fuerza pública. La Fiscalía investiga para que la protesta legítima y no violenta, no termine criminalizada.¿Las protestas están vinculadas al proceso de La Habana?El conflicto que vive Colombia afecta a todo el territorio. La influencia del paramilitarismo y de la guerrilla es histórica y por eso no debe extrañarnos que en los lugares donde hay problemas sociales también haya actores del conflicto. Por eso hay que ser muy cuidadosos cuando se afirma que existen infiltraciones en las protestas, porque por esta vía no solo se está desconociendo la historia del país, sino que terminan por afectarse las protestas que sí son legítimas. Por otra parte, no tiene sentido y resulta paradójico que mientras se realiza un proceso de paz serio en La Habana basado en el diálogo, sectores cercanos a los grupos armados tomen parte en manifestaciones campesinas como el paro agrario, con una anómala alteración del orden público.Habrá que sacrificar justicia. ¿Cuánta? La pregunta debe ser qué tipo de justicia deseamos: la justicia que restaura, repara y transforma la situación de las víctimas, o la justicia que solo busca retribuir y causar daño a quien ha causado daño. Mi tesis es que para superar el conflicto armado debemos dar el salto a una justicia reparativa y restaurativa, más que a una justicia retributiva. ¿En ese caso, cuál es el papel del marco jurídico para la paz?Es la herramienta más importante que tiene el país para ponerle punto final a nuestro largo conflicto armado. Soy uno de sus defensores y lo seguiré siendo. Confío en este proceso, sin que lo pueda catalogar de perfecto. ¿No es paradójico que en un país donde la impunidad ha sido ley, ahora algunos se rasguen las vestiduras porque se sacrifique algo de justicia en aras de la paz?Mejor no lo puede haber dicho. En este país la impunidad se ha convertido en un fenómeno amplio y ahora que se busca lograr justicia y reparación para las víctimas casi por primera vez en la historia del país, hay quienes lo consideran inaceptable. Y lo más paradójico es que quienes antes no tenían mayor preocupación por las víctimas y sus derechos, hoy se presentan como sus mayores defensores. Por eso es importante buscar una salida negociada al conflicto armado. ¿Qué reflexión le suscitó el informe del Centro de Memoria Histórica sobre la violencia a partir de 1958? Antes de hablar como Fiscal, quisiera hacerlo como cualquier ser humano que haya leído algo tan atroz. El pueblo colombiano no puede seguir soportando más dolor. Este informe evidencia el reto que le espera a Colombia para construir una paz estable y duradera.Como lo dije en la Corte Constitucional, está justificado el Marco Jurídico para la Paz si evita que se repitan las situaciones descritas en ese informe. Como Fiscal General debo reconocer el desafío considerable del poder judicial para garantizarles a las víctimas un acceso efectivo y humano a la administración de justicia.¿Cómo abarcar desde el punto de vista penal semejantes atrocidades?La Fiscalía ya inició una revisión interna y de reorganización de procesos que permita responder de la mejor manera posible a estos retos y desafíos. De la investigación caso a caso, estamos pasando a una estrategia de investigación fundada en macro-procesos, en donde tomamos en consideración el contexto en que ocurrieron los hechos y la asociación de casos, para identificar patrones de criminalidad y victimización, y dar cuenta de la magnitud de los hechos, así como de las estrategias de poder que están detrás de los mismos. ¿Cómo va la investigación sobre un supuesto ‘carrusel de falsos testigos’ para enlodar a dirigentes políticos?Desde hace un año conformé un equipo especial de dedicación exclusiva a este tema. Hemos hecho avances en la detección de posibles delitos. De entrada tenemos 117 procesos por esta misma causa, muchos de los cuales se encuentran en etapa de investigación, de tal forma que es conveniente mantener su reserva. Ya se han producido varias imputaciones y acusaciones. ¿Por qué conceder credibilidad a delincuentes que serían capaces de vender a la mamá para rebajar penas?Una de las políticas que he comenzado a implementar, es que el testimonio no puede ser el único elemento probatorio dentro de un proceso penal. La Fiscalía debe corroborar lo que dicen los declarantes. No puede otorgar credibilidad automática a todas y cada una de las denuncias que le llegan, y mucho menos a todos los testimonios, provengan de quien provengan. ¿Por qué sigue tan enredado el proceso de los Nule?Los Nule ya están condenados a quince años de prisión por peculado por apropiación. Tienen otro proceso que se encuentra en audiencia preparatoria, previa al juicio, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal, concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. ¿Y el proceso de los Moreno Rojas?Samuel Moreno tiene dos procesos penales adelantados. Uno en audiencia preparatoria, previa al juicio. El otro, por concierto para delinquir y peculado a favor de terceros, se encuentra en audiencia de acusación. Sin embargo, han surgido otras investigaciones que lo vinculan, por ejemplo, al contrato de las ambulancias. El caso de Iván Moreno es de competencia de la CSJ por tratarse de un aforado, y allí su proceso se encuentra en etapa de juicio. Pero también tiene otras investigaciones por hechos relacionados con el ‘carrusel’ que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte. ¿Serán los asesinatos de Álvaro Gómez y de otros líderes como Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, misterios del futuro, como lo han sido algunos del pasado, como Gaitán y Uribe Uribe?La Fiscalía replanteó completamente la forma de investigar estos casos, lo cual es un gran avance. Y es que si la forma en que estos crímenes se han investigado por más de dos décadas, no ha servido para aclarar la verdad, lo menos que podíamos hacer era transformar la metodología de trabajo al interior de la Fiscalía. Por eso se diseñaron nuevas herramientas de investigación para encontrar a los grandes responsables, así como a los demás participantes en estos magnicidios. Y le puedo asegurar que se trabaja activamente con nuevos métodos de investigación, no solamente de las personas implicadas, sino también de los contextos criminales. Así, estos hechos ya no serán “misterios del futuro” sino verdades del pasado. ¿En el magnicidio de Luis Carlos Galán hubo, o no, intervención de agentes del Estado?La investigación avanza rápidamente y pretende vincular a varias personas a la investigación, además de los que ya se encuentran detenidos por su presunta participación. La Unac tiene un equipo de analistas, investigadores y fiscales que se encargan de hallar las relaciones entre este asesinato y otros magnicidios, ya que los datos encontrados guían la hipótesis de que haya una organización criminal compuesta por narcotraficantes, paramilitares, políticos y agentes del Estado. En este momento está reforzando las coincidencias entre el asesinato de este líder político y los demás magnicidios, para poder imputarles cargos a los presuntos responsables.¿Está la Fiscalía investigando las tremendas denuncias de Semana sobre el gobernador de La Guajira? Claro que sí. Ya conformamos un grupo especial de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, que adelanta la investigación contra el Gobernador por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. El proceso se encuentra en etapa de indagación y de investigación. ¿Qué círculo de corrupción, oficial o no, rodea el caso de Enilce López, ‘La Gata’? Apenas se tuvo conocimiento de la adjudicación por parte de Emcoazar a la empresa Aposucre, vinculada a la familia de ‘La Gata’, la Fiscalía designó un grupo especial de fiscales y personal del CTI, en Bogotá, para investigar las presuntas graves irregularidades en las licitaciones para el chance del departamento de Sucre. Y he sabido que el Inpec ya tomó cartas en el asunto para evitar que esta señora siga evadiendo el cumplimiento de su condena.

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