¿Se está extralimitando el Procurador General?

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El procurador Alejandro Ordóñez afirma tener respaldo legal para sus acciones. Expertos dicen que no. Polémica.

¿Se está extralimitando el Procurador General?

Marzo 17, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País y Colprensa
¿Se está extralimitando el Procurador General?

Alejandro Ordóñez, procurador General de la Nación.

El procurador Alejandro Ordóñez afirma tener respaldo legal para sus acciones. Expertos dicen que no. Polémica.

“Las atribuciones de la Procuraduría están fijadas en el ordenamiento jurídico y para ejercerlas no necesita autorización del Presidente de la República”. Lea también: La Procuraduría no requiere autorizaciones de la Presidencia: Alejandro Ordóñez

Con estas palabras, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, avivó el lunes la polémica sobre si él se estaría extralimitando en sus funciones, como lo ha dejado entrever el alto Gobierno. En un duro comunicado, el funcionario afirmó que la Procuraduría es un órgano de control independiente y autónomo por mandato de la Constitución, que “no requiere que el Gobierno le conceda o reconozca ninguna facultad para cumplir con su deber legal”.

Según se pudo establecer, la protesta del Jefe del Ministerio Público se originó en la molestia que, a su vez, habría expresado Santos porque la Procuraduría presentó ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, CPI, un expediente con 2760 personas desaparecidas. “Se le recuerda al Presidente de la República que la Procuraduría está obligada por la Constitución a defender el ordenamiento jurídico y los derechos humanos.

Teniendo eso en cuenta, resalta que el Estatuto de Roma se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano, como jurisdicción complementaria, a través de la Ley 742 de 2002, y en los términos de las sentencias C-578 de 2002 y C-290 de 2012”, dice el comunicado del Procurador.

Ordóñez agregó que es contradictorio que el Jefe de Estado diga que no habrá impunidad en el proceso de paz con las Farc, pero reclame porque se presenten a la CPI crímenes atroces perpetrados por ese grupo, como la desaparición forzada. “La competencia de esa Corte solo se activa si hay impunidad. ¿Entonces, por qué se preocupa el Presidente? Debería estar tranquilo si en realidad está comprometido con penas de cárcel para los perpetradores”, apuntó.

También indicó que “una cosa es la política internacional, responsabilidad del Gobierno Nacional, y otra las obligaciones internacionales del Estado que se derivan de instrumentos internacionales, en armonía con la Constitución y la ley colombiana. Es sobre el ámbito de estas últimas que la Procuraduría tiene competencia, con el fin de asegurar la vigencia del orden jurídico”.

Sin embargo, algunos expertos consultados por El País le dan la razón al presidente Santos en cuanto al caso presentado por Ordóñez ante la Corte Penal Internacional.

El constitucionalista Juan Manuel Charry, por ejemplo, sostuvo que si bien el Procurador representa los intereses de la sociedad, su requerimiento ante la Corte lo debe hacer solo cuando la autoridad local no hayan cumplido con esa tarea. “Yo creo que él sí debe impulsar que se investiguen esos casos, el problema es que no lo está haciendo en el lugar adecuado”, puntualizó.

En su concepto, el origen de las diferencias entre Santos y Ordóñez está en la polarización política que se está registrando entre el Gobierno y el uribismo con respecto al tema de la paz. A su vez, el exvicefiscal General Francisco José Sintura fue más enfático y dijo que si bien el Procurador tiene la función de defender el orden jurídico, por encima de esa norma está la orden constitucional que le otorga al Presidente de la República la potestad de mantener el orden público y la paz en todo el territorio colombiano.

Respecto al hecho de que el Jefe del Ministerio Público le haya pedido a la CPI que investigue los casos de desaparición forzada endilgados a las Farc, Alfonso Valdivieso, exfiscal General de la Nación, indicó que es necesario que se le aclare al país por qué Ordóñez está haciendo ante la Corte requerimientos que debería hacer ante instancias colombianas. “Pareciera que se tratara de dos estados, cuando hay dos funcionarios de alto nivel haciendo de interlocutores ante la misma Corte”, sostuvo. “Él (Ordóñez) sí debe defender los intereses de la sociedad colombiana, pero ante las instancias de la justicia en Colombia”, añadió.

“Si el magistrado Pretelt cometió las conductas que se refieren que se anuncian y se prueban, pues debe recaer sobre él todo el peso de la ley. Pero lo que no le podemos impedir es que se defienda, ni le podemos insinuar desde el Gobierno Nacional que presente renuncias prematuras”, dijo el lunes el procurador Alejandro Ordóñez con respecto al escándalo que rodea al presidente de la Corte Constitucional. En su opinión, esa petición (hecha por el Ministro de Justicia en días pasados) afecta igualmente los principios del debido proceso y de la presunción de inocencia.

Pero este nuevo pronunciamiento del Jefe del Ministerio Público también causó polémica. Para el exvicefiscal Francisco José Sintura, si bien Ordóñez sí tiene la competencia legal para intervenir en cuestiones relacionadas con la conducta moral y ética del funcionario, “su pronunciamiento lo debería hacer dentro del proceso y no por fuera de él”.

A su vez, el constitucionalista Juan Manuel Charry conceptuó que el tema de la Corte “se ha mediatizado y se ha manejado bajo la cultura del escándalo”, cuando lo que se debe hacer es esperar el resultado de las investigaciones. En ese caso, “el Procurador y todos se han sobreactuado”, agregó.

Para tener en cuentaFunciones

Según el  Artículo 277 de la Constitución, el Procurador General debe:

Vigilar  el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y  actos administrativos. Proteger  los derechos humanos y asegurar su efectividad.Defender los intereses de la sociedad.Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer sanciones.Intervenir  en procesos y ante autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.Exigir a funcionarios públicos y particulares la información que considere necesaria.
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