San Martín habría desviado más de $943.000 millones para no pagar obligaciones

La Fiscalía determinó que los exfuncionarios presentaron documentación falsa para levantar embargos.

Durante la audiencia de imputación de cargos contra Mariano Alvear, Juan Carlos Mahecha Cárdenas y Ricardo Caballero, la Fiscalía aseguró que la Fundación Universitaria San Martín habría desviado al exterior 943.551 millones, surgidos de la plata de matrículas, préstamos bancarios, el no pago de acreencias laborales y de compromisos tributarios con Bogotá. Lea también: CTI captura a Mariano Alvear, fundador de la Universidad San MartínEn la audiencia de imputación de cargos, realizada en la casona en la que vive el fundador de universidad, Mariano Alvear, debido a su estado de salud, el fiscal del caso señaló que se les vincula penalmente por 14 fraudes procesales, 14 falsedades materiales, 17 fraudes a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. En la diligencia estuvieron, además de Alvear, Juan Carlos Mahecha Cárdenas y Ricardo Caballero Calderón, exfuncionarios de la entidad educativa, a quienes la Fiscalía les imputó cargos por fraude procesal, fraude a resolución judicial, estafa en la modalidad de delito masa, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir y falsedad en documento público. Las investigaciones La Fiscalía aseguró que los fraudes a resolución judicial los cometieron en los casos denunciados por personas que ganaron contra el centro educativo procesos laborales por el no pago de muchas de las obligaciones surgidas en el contrato de trabajo, y jamás hicieron pagos ordenados en las sentencias de los jueces laborales de todo el país. En cuanto a los fraudes procesales, la entidad explicó que estas personas presentaron documentos falsos para levantar los embargos que bloqueaban las posibilidades de vender bienes en diversas ciudades del país y de esta manera afectar a quienes ya eran sus acreedores. Más tarde, indica que esos bienes eran negociados a través de fiducias, comodatos y otras figuras del derecho civil y comercial. De esta manera, volvían al control de los directivos de la entidad. Sostiene además, que al lado de ellas, se presentaban las falsedades materiales porque presentaban documentos que nunca expidieron entidades como el IDU, la Alcaldía de Bogotá y otros para hacer incurrir en error a los funcionarios de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, entre otros. La estafa en la modalidad de delito masa se habría presentado cuando ofrecieron carreras que no podían presentar ante el público, porque no tenían la autorización respectiva. El monto total de lo que recaudaron por esta actividad fue de 3.143 millones 146.014 pesos y, en esencia, explicó el fiscal del caso, indujeron en error a las personas porque no estaban facultados para tal fin, por lo cual, ligado a esto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, aparece inseparable el delito de enriquecimiento ilícito. Precisamente, el rastreo de bienes que hizo la Fiscalía General de la Nación estableció que a través de transferencias bancarias usando más de 10 entidades financieras, el dinero de los estudiantes y de la Universidad ha sido detectado en países como México, las Islas Cayman, Estados Unidos, India, Luxemburgo, Taiwan, Alemania, Corea del Norte y Rusia. A estos países llegaron los 943.551 millones 742.555 de pesos surgidos de la plata de las matrículas, préstamos bancarios, el no pago de acreencias laborales y de compromisos tributarios con la ciudad de Bogotá. En este orden de ideas, la Fiscalía solicitó que se les imponga medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario para Juan Carlos Mahecha y Ricardo Caballero Calderón. Para Mariano Alvear se pidió detención domiciliaria