'Revolcón' administrativo tras caída del Consejo de Judicatura

La reforma a la Justicia determinó las funciones de los órganos que suplirán al ya extinto tribunal.

La ‘sentencia a muerte’ que le dio en 2002 el expresidente Álvaro Uribe al Consejo Superior de la Judicatura, finalmente quedó consumada el jueves, cuando el Congreso le emitió el acta de defunción a través de la reforma a la Justicia.De esta manera, el tribunal saldrá del esquema constitucional para darle vida al Sistema de la Administración de Justicia y de la Disciplina Judicial. A pesar que la decisión fue accidentada por la negativa que dieron en un principio, los senadores de la bancada conservadora, finalmente el Congreso le dio vía libre a la desaparición del controvertido tribunal y al surgimiento del nuevo organismo que asumirá las responsabilidades que ostentaba la Judicatura desde 1991.El senador ponente, Eduardo Enríquez, explicó que la nueva figura se dividirá en dos. Primero, el Sistema Nacional de Administración Judicial, el cual estará integrado por la Sala de Gobierno Judicial, la Ejecutiva de Administración Judicial y el Director Ejecutivo de Administración Judicial, y, el segundo, el Consejo Nacional de Disciplina Judicial.Este nuevo organigrama no ha caído bien entre magistrados. Uno los aspectos más criticados es el hecho de que el Ministro de Justicia forme parte de la Sala de Gobierno.Ese tema fue punto de discordia. El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, dijo que se estaba vulnerando la autonomía de la Rama, ya que la presencia del Ministro es una “clara interferencia del Ejecutivo en la justicia”.Para el senador Luis Fernando Velasco, “este es un esquema similar al del Banco de la República, en donde hay un gerente que se encarga de administrar y trabaja de la mano con la Junta”, por ello consideró que “preferiblemente no debería ser un abogado, sino un experto en administración.¿Por qué se acaba la Judicatura?Son varios los eslabones que tejieron la cadena que llevaron a la Judicatura a su desaparición. En los últimos meses, este tribunal se vio envuelto en escándalos de presuntos beneficios a personas próximas a pensionarse para que, con contratos de dos o tres meses, pudieran elevar le valor de sus cotizaciones y acceder a una mesada con varios ceros a la derecha.Esto se denominó el ‘carrusel’ de pensiones y tiene en la mira de la Fiscalía y los organismos de control, no solo a los magistrados de la Judicatura, sino a otros juristas de las altas cortes.Paralelamente, el fiscal Eduardo Montealegre denunció la posible alteración de las actas de nombramientos y dijo que en principio se trataban de no menos diez documentos de este tipo que habían alterado las decisiones de las salas incrementando el número de personas que se iban a contratar.Estos escándalos conllevaron a que el Gobierno reviviera la intención de eliminar la judicatura.En la plenaria, cuando el senador conservador José Darío Salazar dijo que “no por el comportamiento de algunos de sus miembros se tienen que acabar las instituciones”, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra le respondió que “esto no es producto de un capricho ni producto de una situación coyuntural”.Explicó que “desde cuando el Gobierno presentó este proyecto a la consideración del Congreso venía la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, convencido -como estaba- de que luego de 21 años de experiencia esto no ha funcionado bien”.Percepción corroborada por el analista León Valencia, quien dijo que la Judicatura logró un “desprestigio que lo puso en una situación insostenible que lo llevó a ese golpe final”, aunque aclaró que no es partidario de acabar las instituciones por hechos de corrupción, porque eso “significaría acabar con el Estado completo”.Adicional, se mostró escéptico sobre los nuevos organismos creados, al indicar que “esperamos que funcionen bien”.La directora Ejecutiva del Observatorio de Justicia, María del Pilar Arango, comentó que el Gobierno y el Congreso mezclaron dos cosas distintas: la corrupción y el cumplimiento de las funciones de una entidad.Si bien reconoció que la Judicatura “tuvo problemas por los escándalos y no cumplió con sus propósitos” anotó que esto no soluciona nada y parece más “una reforma política porque atiende más los problemas de los congresistas”.El asesor Judicial y Político de Asonal, Fabio Hernandez, opinó que “es más malo el remedio que la enfermedad”, al referirse a la nueva estructura.Coincidió en que la situación de la Judicatura no la podría llevar a un final diferente al que tuvo, pero “en la reforma lo único que se hizo fue cambiar nombres y crear más estamentos. Además, eleva a rango constitucional la injerencia del Ejecutivo que entra a hacer parte de la rama”, lo que a su juicio “va a hacer trizas la autonomía de la justicia”.Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry manifestó que no se puede “creer que con la supresión de los organismos se acaba con los problemas” y recalcó que “todos los escándalos y la ineficiencia de la Judicatura la hicieron presa fácil para su eliminación”.Explicó que esta medida “contribuye en algo, pero los problemas son más profundos que esta supresión”.