Retiro del Pacto de Bogotá no significa modificación al fallo de La Haya

Noviembre 29, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa

Analistas dicen que retiro de la Corte Internacional de Justicia es una decisión política. Fallo de La Haya no cambiará.

La denuncia (retiro) al Pacto de Bogotá , que anunció el pasado martes el presidente Juan Manuel Santos, no significa alguna modificación al fallo adverso a Colombia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya y sólo blindaría al país de litigios similares hasta dentro de un año.Así lo revelaron analistas y congresistas consultados por este diario, quienes indicaron que la decisión del Gobierno fue más una medida de tipo político para sentar un precedente por su descuerdo con al fallo que profirió el tribunal internacional.En este sentido, el internacionalista Enrique Serrano destacó la decisión al explicar que lo que demostró el Gobierno fue “un cambio de actitud de política internacional”.Comentó que esto “puede significar el comienzo de una nueva política exterior más contemporánea para manejo de estos diferendos” y recordó que Colombia ha sido siempre respetuosa del derecho internacional, pero este comportamiento “ha sido estéril”. A su criterio es evidente que la denuncia al Pacto sirve para que el país evite más demandas que puedan estar preparando Nicaragua u otras naciones.En paralelo, el también analista Ricardo Abello dejó claro que el blindaje para posibles nuevos litigios por límites territoriales “solo comenzará a regir hasta dentro de un año, cuando la decisión sea certificada por la OEA”.Por ello, anotó que “nos podrían demandar durante este año, pero pasado este tiempo no hay forma de que nos demanden, ni que Colombia pueda demandar, esto es en ambos sentidos”.Aclaró que “el Gobierno debió tomar esta determinación en 2000, para evitar las consecuencias de la demanda. El Pacto establece que cuando un Estado renuncia, los efectos de la decisión cesarán en un plazo de un año. Por eso, si Colombia renuncia hoy, el tratado dejará de tener efectos dentro de un año”.El senador Juan Manuel Galán indicó que esta decisión del Gobierno es importante, pero “va a regir hacia el futuro, eso no es retroactivo, no afecta para nada el fallo que emitió la Corte de la Haya con San Andrés”.Por ello dijo que lo que se hizo fue previendo litigios similares en relación con los límites de Colombia.Sin embargo, llamó la atención sobre la forma en que Colombia está manejando este tipo de situaciones, debido a que consideró que “le parece que la Cancillería debe diseñar una estrategia mucho más sistemática, mucho más amplia, bilateral, multilateral en la defensa jurídica internacional del país, para que esto no nos tome por sorpresa y no improvisemos y tengamos una claridad de cómo defender el problema”.Para la senadora Alexandra Moreno era vital esta decisión, debido a que el fallo de la Corte de La Haya “abría las puertas para una modificación fronteriza”, pero aclaró que la sentencia “no queda cancelada”.La decisión adoptada por Colombia, según se explicó, pretende evitar litigios futuros en este sentido. Según se pudo establecer, en la actualidad existe el riesgo de más demandas en contra del país, debido a que las nuevas delimitaciones que estableció la Corte en lo que era mar territorial colombiano podrían redundar en un nuevo litigio que piensa instaurar Nicaragua sobre el usufructo histórico de los recursos naturales que dejó de percibir el país centroamericano.A lo anterior se suma que el gobierno nicaragüense también analiza pedir un nuevo estudio de límites con Colombia, pero teniendo como base la plataforma continental, lo que determinaría, en un eventual fallo adverso, que ese país lograría ampliar sus fronteras marítimas a 200 millas desde sus costas.Adicionalmente, expertos explicaron que con la denuncia al Pacto, en un eventual nuevo litigio, obligaría a Colombia a buscar soluciones bilaterales y si no existe un acuerdo entre las partes se acudiría al arbitraje con una tercera nación.Sobre las posibles consecuencias del desconocimiento de la jurisdicción de la CIJ, los consultados coincidieron en que es una decisión autónoma del país, pero podría representar “un aislamiento del país que podría traer consecuencias negativas”.

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