"Resulto incómoda para los corruptos": contralora Sandra Morelli

"Resulto incómoda para los corruptos": contralora Sandra Morelli

Octubre 20, 2013 - 12:00 a.m. Por:
Margarita Vidal Garcés | El País

La contralora Sandra Morelli Rico.

Sandra Morelli, contralora General, dice que adelanta 40 procesos de impacto y los beneficios de su control suman $14 billones. Habla sobre las recusaciones a la Auditora General y al Fiscal.

En agosto de 2010, cuando Sandra Morelli se posesionó como nueva Contralora General de la República, La Silla Vacía la citó: “no me temblará la mano para aplicar las medidas necesarias contra la corrupción”. El portal añadía: “quienes conocen a esta mujer dicen que hay que creerle porque es de esas personas que tienen claro lo que quiere y casi siempre lo consigue”. Han pasado tres años largos y Morelli ha demostrado su temple. Sin embargo, no resulta tarea fácil pisar callos para combatir una corrupción a tal punto enquistada, que le hizo decir a Juan Manuel Santos: “en Colombia la corrupción es de tal magnitud que donde se pincha, sale pus”. Terrible aseveración, nutrida por la denuncia que a diario hacen los medios sobre desfalcos, robos, defraudaciones, estafas, hurtos, timos, despojos, atracos, malversaciones, fraudes, saqueos y expolios, que parecen no tener fin. Hoy, Morelli está en medio de una aguda polémica por sus recientes denuncias contra el fiscal Eduardo Montealegre, ex abogado de la intervenida EPS SaludCoop y de su presidente Carlos Palacino, y por su recusación a la auditora General Laura Marulanda, quien se disponía a iniciar algunas investigaciones en la Contraloría. Sandra Morelli estaba en Europa, a donde viajó el domingo pasado para reunirse con el Secretario General de la Ocde en París, Miguel Angel Urría. Y aunque algunos medios habían hecho especulaciones sobre su ausencia, lo cierto es que regresó y aquí está de nuevo para continuar su gestión, aplaudida por unos y criticada por otros, porque, como alguna vez alguien dijera: “Sandra tiene madera, recibe madera y da madera”, porque manca no es. ¿Por qué su recusación a la auditora Laura Marulanda? No suena lógica la razón que han publicado los medios en el sentido de que fue porque “es amiga de su enemigo, Julio César Turbay”, su antecesor. Claro que no suena lógico, ni tendría fundamento jurídico. Lo que sucede es que hay que declararse impedido cuando se es, o se ha sido contraparte. Creo que se ha querido confundir a la opinión pública a pesar de que ya expliqué las causas de mi recusación a la señora Auditora y en la página web de la Contraloría están los sustentos del caso. Una de las causales es la falta de imparcialidad de quien debe ser mi autoridad fiscal, evidente en las palabras con que ella sustenta la demanda contra la Contraloría, por la declaratoria de insubsistencia de su cargo. Ella quería auditar a la Contraloría por el contrato de arrendamiento de la sede, en vista de que uno de sus propietarios tuvo, al parecer, relación con la lista Clinton. En el caso del contrato de arrendamiento el Tribunal Administrativo de Cundinamarca nos dio la razón en la primera instancia. El cambio de sede ha sido determinante para la transformación y modernización de la Contraloría. En ese contrato no solo nos ceñimos a la Ley, sino que hicimos las indagaciones a las que esta nos obliga. Yo no he sido nunca investigada, ni nacional, ni internacionalmente, por lavado de activos, ni he tenido relaciones o contactos con personas investigadas o procesadas por estos delitos, como malintencionadamente se ha dicho. ¡Por Dios! Una acusación así, ¡ni en la Panamá de la época de Noriega! Aquí se ha querido ignorar el hecho contundente de que ese negocio se hizo con una entidad financiera que actuaba como vocera de un patrimonio autónomo, y, también, que esas entidades están obligadas a seguir protocolos muy exigentes de la Superintendencia Financiera sobre lavado de activos y financiación del terrorismo. También se investigan los resultados de la Unidad Anticorrupción. Nacida con la ley 1474, o Estatuto Anticorrupción, esta unidad lleva a cabo los procesos de responsabilidad fiscal y las indagaciones preliminares de temas considerados de impacto nacional. Tenemos allí más de 90 procesos por cinco billones de pesos aproximadamente. Adelantamos investigaciones en casos de detrimento patrimonial como el de la calle 26 de Bogotá, Agro Ingreso Seguro, la línea de crédito del Banco Agrario a floricultores, y muchos otros, y, en cuanto a las controvertidas concesiones viales, el trabajo de la Contraloría ha sido eficaz para recuperar recursos públicos en riesgo.Este punto específico levanta mucha ampolla. ¿Qué resultados hay? Le doy dos ejemplos: La Concesión Rumichaca-Pasto–Chachagüí, de la firma Devinar. Se va a liquidar de manera anticipada, incluyendo los valores que la Contraloría ha definido como hallazgos y que consisten en pagos de obras no realizadas que modifican el modelo financiero. Con esto quedaría subsanado el tema fiscal y el beneficio del proceso instaurado por la Contraloría sería aproximadamente de $40.000 millones. Igualmente, en la concesión Bogotá-Villavicencio se han realizado negociaciones que incluyen puntos de acuerdo por cerca de $25.000 millones.Se dice que usted no se deja investigar y que por eso recusa. La auditora Marulanda, a su vez, no aceptó su recusación, pero le dio traslado al Procurador. ¿Alejandro Ordóñez es amigo suyo? Le contesto con esto: basta mirar el número de denuncias que me han formulado, las investigaciones que me han abierto y también las que me han archivado. Y en relación con el Procurador, solo tengo que decir que es amigo institucional, que nos respetamos, que lo admiro y que entre los dos hay una relación de imparcialidad recíproca. ¿Su enfrentamiento con el fiscal Eduardo Montealegre proviene de una enemistad personal antigua, o es reciente? Nunca fui su amiga, pero tampoco había motivo de enemistad. Como abogado que era, de sujeto de control fiscal, le di la atención y deferencia que se merecía y sus planteamientos fueron profundamente analizados. Sin embargo, las cosas cambiaron a raíz de las actuaciones de la Contraloría en relación con SaludCoop. Las recusaciones y denuncias dan cuenta de ello. Usted ha hecho delicadas acusaciones contra el Fiscal, en relación con SaludCoop ¿Tiene pruebas? A ese respecto me abstengo de contestarle en este momento, porque es sujeto de investigación. ¿Por qué afirma en su comunicado que contra usted hay un prejuicio de género?El tema de género nunca ha estado presente en mi vida profesional, pero desde que soy Contralora experimento un maltrato emocional y sicológico que no se le plantea nunca a un hombre. Lea la pasada columna de la periodista María Jimena Duzán. La señora Vicky Dávila también me hizo sicoanálisis. Y resulta raro que, siendo yo una profesional más o menos competente, reconocida en la época en que fue gerente de la Federación de Cafeteros el doctor Gabriel Silva -a quien para algo le sirvieron los tres códigos que me aprendí en la vida- ahora decida que soy inepta para dictar fallos en donde las partes se apartan del contrato y establecen condiciones desventajosas para el contratante público. Pero es que aquí se han visto espectáculos francamente deplorables, de gobernantes y candidatos con afecciones neurocerebrales, sobre los cuales los medios no dicen nada; parece haber una especie de consenso tácito para que los entes estatales de control no digan ni hagan nada que pueda generar polémica, porque a algunos no se les puede rozar “ni con el pétalo de una rosa”. Y a quienes no aceptan semejante esperpento, se les tacha de “chiflados”. ¿Cuál es la dimensión del caso SaludCoop y de su ex presidente Carlos Palacino? La imputación iba por un $ 1 billón, cifra que debe actualizarse si hay fallo con responsabilidad, es decir, que podría subir, o bajar. Pero ese no es el único caso. En el sector de la salud adelantamos más de 700 procesos cuyo estimativo asciende a ocho billones. ¿Qué pasará si se cae esa investigación? Pues que se cae. En la Contraloría se adelantan 40 procesos de impacto y se va al ritmo que las necesidades del debido proceso impone. Pero no se trata de servir comida caliente a los leones del circo. Son temas serios, megaprocesos de miles de millones, alrededor de decenas de presuntos responsables.¿Cuál es la situación en el campo de la Salud, cuya reforma pasa a la Cámara?Hay unas pocas organizaciones que manejan más del 50 % de los recursos públicos –parafiscales- de la Salud. Son pocas EPS y funcionan como una economía cerrada; es lo que se llama la integración vertical, en donde los administradores del recurso público, sin ninguna competencia, son los proveedores de medicamentos, unidades de cuidados intensivos, clínicas, servicios jurídicos, sistemas, seguros, etc. Algo similar ocurre también en el Servicio Público de Aseo, y en la contratación de la infraestructura tenemos ejemplos de concentración monopólica. Lo mismo sucede con la telefonía celular. No sobra reconocer que en la adjudicación de la Tecnología 4-G se hizo un gran esfuerzo para romper esa tendencia y obligar a devolver las inversiones a los concesionarios del sector para evitar un monopolio de facto, a futuro. No obstante, tuvimos un intento de gol, la Contraloría actuó y no hubo en ningún momento desprotección de esas inversiones. ¿Por qué investigan a dos exministros de Protección Social?En la Contraloría Delegada de Investigaciones está en curso un proceso verbal con varios presuntos imputados, entre ellos los exministros Diego Palacios y Mauricio Santamaría, para establecer si son o no responsables del daño fiscal de más de $21.000 millones por el vencimiento de 700.000 unidades de vacunas para la epidemia de gripa H1N1.En medio de esta polémica, usted ha dicho que podrían correr peligro usted, su pequeño hijo, y su señora madre. ¿Han recibido amenazas? No, nunca nos han amenazado. Lo que expresé es que hay funcionarios del Estado para quienes son imprescindibles unas medidas de seguridad. Esa no es una posición simplemente personal. Llevarla al terreno de si un funcionario es de “carácter” o “bravo”, me parece una forma simplista de reducir un problema real y llevarlo a un debate en los medios, a ver si la Contralora renuncia y no estorba más. ¿Significa eso que están tratando de obligarla a tirar la toalla?Pues debe haber voluntarios para ocupar mi cargo. Sin embargo, quienes lo pretendan deben saber que hoy la Contraloría es distinta y que los cambios han sido de tal naturaleza que ya no hay reversa. Que es una entidad transparente, donde los resultados de las auditorías no son manipulables porque todos están en línea y una vez aprobados no se pueden cambiar. Que la nueva sistematización de las denuncias no permite engavetarlas. Que difícilmente se podrá auditar menos del 85 % del presupuesto público del nivel central. Que los procesos orales, con pruebas de laboratorio forense, no podrán alterarse. Lo que quiero decir es que hay Institución, independientemente de quien sea su cabeza. Santos denunció una corrupción de tal magnitud que donde se mete el dedo sale pus, según dijo. ¿Esa sigue siendo una realidad? No he vuelto a oír al Presidente hacer ese tipo de denuncias, posiblemente porque la corrupción cambia de formas y de métodos, para sobrevivir. No le quepa duda de que la queja contra nosotros se explica por la labor depurativa que estamos haciendo y por la incomodidad que representamos para los corruptos.¿Por qué llegamos a esa situación? Pueden ser consecuencias históricas por la actitud de un Estado que terminó replegándose frente a fenómenos como el paramilitarismo y la guerrilla, y esa debilidad explicaría por qué estos fenómenos pudieron prosperar sin mucha cortapisa. La llamada Seguridad Democrática se planteó como una especie de reconquista del monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. La descentralización y la privatización se adelantaron en regiones sometidas a la violencia y a la intimidación, donde los actores al margen de la ley llevaban la voz cantante, mientras que la autoridad tendía a estar en desventaja. Por otra parte, tampoco había habido control suficiente sobre los grandes monopolios y los empresarios, que se quedaron con los bienes y servicios del Estado y terminaron imponiendo las condiciones. A esto añádale un ente regulador coptado y técnicamente débil. ¿Usted ha pisado muchos callos, cree que se lo están cobrando? No, sería aceptar que todavía se estuviera aplicando la Ley del Talión en un Estado secularizado del siglo XXI.¿Hay diferencia de las cifras en materia de procesos de responsabilidad fiscal y recuperaciones, durante esta administración frente a las del período anterior?Sí, en el anterior se obtuvo un total de 702 procesos por una cuantía de recuperación de $148.746.000, mientras en el período actual, a octubre de 2013, los procesos suman 1.045 con una cuantía de recuperación de $386.679.000. Son procesos con fallo de responsabilidad fiscal y archivados, con pago general. Cuando se posesionó dijo que su propósito era hacer de la Contraloría una entidad creíble y eficaz. ¿Cree haberlo logrado? También cumplir las funciones constitucionales y legales a plenitud, sin miramientos políticos o cualquier otro propósito extraño al principio de legalidad. Nosotros hicimos realidad el artículo 267 de la Constitución, según el cual la Contraloría General es un organismo técnico. La entidad está sistematizada, todas las auditorías están en línea, tenemos expediente electrónico, se creó la unidad anticorrupción, se adoptó la oralidad en los procesos, se hacen audiencias virtuales, se han capacitado más de tres mil personas con profesores nacionales y extranjeros, se cursan posgrados en convenio con escuelas de Administración Pública en Francia, Italia y España. Se están estandarizando metodologías para valoración del daño ambiental, se evalúa en forma sistemática el cumplimiento de políticas públicas y se cuenta con laboratorio forense. Se ha logrado modernizar hasta ahora el 70 % de las sedes, se homologaron sueldos para funcionarios de carrera no directivos, hay más de cien funcionarios de carrera administrativa en cargos directivos, se fortalecieron las gerencias creando un triunvirato difícil de intimidar y de coptar, y se fortaleció el apoyo técnico al Congreso.¿Cuál es el monto de los dineros recuperados por la Contraloría en la totalidad de los distintos procesos que ha adelantado?Los beneficios de ahorros y recuperaciones suman, durante mi administración, alrededor de 14 billones de pesos. Y pese a que se han multiplicado considerablemente las denuncias, estamos al día. Dicen que espantamos la inversión, pero yo estoy segura de que la gente de la calle sabe que estamos haciendo una labor contra la corrupción. Pero eso no es un mérito, sino hacer la tarea que nos corresponde, sin desmayo. El mensaje para quienes no están de acuerdo con la labor de la Contraloría y sus competencias, quizás sea recordarles que hay una figura que se llama Reforma Constitucional, a través de la cual podrían acabar el ente de control necesario para tener el camino libre.

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