¿Requiere cambios la Constitución de 1991 frente a la paz?

De acuerdo con un estudio de la MOE, en la Constitución se requieren tres reformas en temas acordados y 27 legales.

En este mes, cuando  se conmemorarán los 25 años de la Constitución de 1991, podría darse la esperada firma del acuerdo para la terminación del conflicto con la guerrilla de las Farc.

Una vez se concrete la firma, no sólo empezará el proceso de concentración de los guerrilleros para el tránsito a la vida civil y la dejación de armas, sino también el de  implementación de los acuerdos de La Habana.

Se trata de lo pactado en   desarrollo agrario integral,  participación política, el fin del conflicto,  solución al asunto de las drogas ilícitas, las víctimas y la implementación, verificación y refrendación, que es lo último por definirse, junto con salvedades en cada punto que no han sido aclaradas.

Cada acuerdo implica, y de hecho sugiere, cómo podría hacerse su implementación. De acuerdo con la lectura que realizó la Misión de Observación Electoral (MOE), para ello se necesitarían tres reformas a la Constitución (una en temas agrarios, una política y otra al aparato de justicia), 27 reformas legales (entre leyes ordinarias y estatutarias), 31 decretos, más resoluciones y acuerdos municipales.

Por poner un ejemplo, en el primer acuerdo de Desarrollo Rural, se tocan temas cruciales como el acceso integral a la tierra, con la creación de un Fondo de Tierras,  las zonas de reservas campesinas y la formalización de la pequeña propiedad rural.    Todo esto necesitará expedición de leyes en el Congreso y una modificación a la Constitución, antes de poner en marcha una jurisdicción agraria.

Hasta el momento no hay un paquete legislativo consolidado, puesto que la premisa del proceso de negociación señala que “nada está acordado, hasta que todo esté acordado”. 

El gabinete ministerial ya está trabajando en lo que le corresponde, en el primer tema, especialmente a los ministerios de Agricultura, del Interior, de Justicia y de Defensa.

Fuentes consultadas  indicaron que, en todo caso, aunque los acuerdos señalan una cantidad de propuestas y de reformas que deberían hacerse, no garantizan su obligatoriedad.

El asesor jurídico del Ministerio del Interior, Gustavo García, reveló que ya se están trabajando en mesas con delegados de partidos políticos para tres reformas que se derivarían del segundo acuerdo de participación política: la reforma electoral, el Estatuto de Oposición y la reforma a los partidos políticos.

Esto a raíz de un evento que hubo en  Cartagena en donde se empezó a liderar la iniciativa legislativa y que proyectó reuniones en varios lugares del país  para conocer  opiniones.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, explicó que el desarrollo legislativo de los acuerdos se hará en un procedimiento especial, debido a una reforma a la Constitución que logró aprobarse para que el proceso en el Congreso pueda ser expedito y solo sobre iniciativas legales del Ejecutivo  (el Acto legislativo para la Paz). 

El plazo para hacer ese trámite ‘exprés’ es de seis meses, con posibilidad de extenderse a un año.

En su criterio eso implica compromiso de los congresistas, que esta legislatura se caracterizaron por su ausentismo y el próximo año estarán en etapa preelectoral por los  comicios al Congreso y a la Presidencia de la República.

“Es un reto gigantesco, porque en condiciones normales, como las de este semestre, cuando estamos en mitad de la nada en materia electoral, uno de los principales problemas fue el ausentismo y la imposibilidad de hacer reformas porque no llegaban”, dijo  la Directora de la MOE.

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Para Barrios este reto es también una oportunidad para trabajar de manera integral un paquete de reformas al sistema electoral, que es uno de los asuntos que primero empezó a modificarse luego de la promulgación de la Constitución de 1991.

“Hemos pasado a listas cerradas, hemos puesto umbrales, hemos hecho reformas constitucionales para establecer responsabilidades de partidos políticos, entonces en materia política y electoral se vuelve muy interesante que puedan hacerse de manera integral reformas que ya sabemos que se necesitan: al Consejo Nacional Electoral, para pasar a un Tribunal Electoral; dar responsabilidad por hechos de violencia y de corrupción por parte de las organizaciones políticas; incluir la representación de género y la representación de las regiones”.

La reforma electoral sería la segunda que necesitaría  la Constitución. Incluiría la transformación del Consejo Nacional Electoral y la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en la Cámara de Representantes, que están señaladas en los acuerdos de La Habana. Las personas que accedan a estas curules serían de  zonas más afectadas por el conflicto y tendrían sus propias reglas de funcionamiento y de financiación.

Sobre este punto hay varias propuestas como la del magistrado del CNE, Armando Novoa, quien señala que deberían darse 13 curules con enfoque regional; o la de la Fundación Paz y Reconciliación, que pide que las Farc tengan 9 cupos directos en el Senado y 17 circunscripciones especiales de paz adicionales en  Cámara.

Otro de los puntos claves, el  Estatuto de la Oposición, no requiere reforma constitucional sino legal, aunque, para Barrios, es clave para lo que viene: dar garantías que permitan realizar actuaciones más efectivas en el Congreso.

La reforma política implicaría cambios a  la Constitución en tres aspectos: que la conservación de la personería jurídica de las agrupaciones políticas no esté ligada a la superación del umbral; la creación de nuevas reglas de juego para el reconocimiento de agrupaciones políticas pequeñas y un fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas con financiación y estímulo de sus programas.

La Justicia 

El acuerdo sobre drogas ilícitas, según la MOE, no requeriría ninguna reforma constitucional, pues solo se necesitan leyes estatutarias y ordinarias para crear un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos; dar trato diferencial a los agricultores que renuncien a los cultivos ilegales, prescindiendo de la acción penal, y construir la  estrategia contra los activos involucrados en el narcotráfico.

Para el tema del fortalecimiento de los mecanismos para la judicialización de redes criminales asociadas con el narcotráfico bastaría una resolución.

Se necesitará una ley estatutaria para reglamentar la Comisión de la Verdad, que duraría tres años, así como para dictar las medidas de reparación integral a las víctimas de manera colectiva y para asegurar la participación comunitaria.

La creación de planes de desarrollo con enfoque territorial y de medidas materiales y simbólicas para atender el daño causado y de reparación de las víctimas en el exterior, entre otros elementos, necesitarían decretos y resoluciones.

Se necesitaría otra reforma a la Constitución para crear un órgano transitorio de la Jurisdicción Especial para la Paz. En este se deberá definir asuntos que aún no están claros, como el desarrollo de las funciones de los integrantes de todas las salas que tiene esta justicia especial: el Tribunal para la Paz (y si habrá o no personal extranjero en este), la sala de reconocimiento de verdad y la sala de amnistía e indulto. Además se necesitará una ley para estas amnistías e indultos y para fijar los reglamentos de cada sala.