Representante a la Cámara sería expulsado de la iglesia católica

El representante Jaime Alonso Vásquez Bustamante, quien además es sacerdote católico, es señalado por un joven de abuso sexual.

Durante la inuguración del VI Congreso Nacional de Reconciliación, organizado por la Iglesia Católica de Colombia, el arzobispo de Bogotá, monseñor Rubén Salazar se refirió a las denuncias presentadas en contra del representante a la Cámara por Guaviare y sacerdote católico, Jaime Alonso Vásquez Bustamante por supuesto abuso sexual contra un menor residente en la capital de ese departamento. La denuncia fue presentada ente la Fiscalía por Francisco Javier Bohórquez, de 29 años de edad, quien afirma que, desde que tenía trece años, había sido abusado por el entonces sacerdote Jaime Alonso Vásquez y su hermano, el también sacerdote, Carlos Fernando Vázquez Bustamante. Según la víctima, la razón por la que no denunciaba nada ante su familia fueron las amenazas que el representante Vázquez le hacía, para que guardara silencio. Monseñor Salazar expresó su rechazo “a cualquier acto de pederastia cometido por un miembro de la iglesia católica”, y agregó que la política de la iglesia es de “cero tolerancia”. Sin embargo, en el caso especial de Bohórquez, Salazar aseguró que hasta ahora no ha habido ninguna denuncia frente a monseñor Francisco Nieto, obispo de San José del Guaviare. A pesar de esto, él podría iniciar investigación, basándose en la denuncia hecha por la víctima ante la Fiscalía y los medios de comunicación. En este sentido, monseñor Salazar invitó a todas las personas que son víctimas de este tipo de hechos que denuncien, “porque si no lo hacen, es imposible proceder”. Para él, “en estos casos, el silencio se hace realmente trágico, se hace cómplice de un verdadero desastre”. Con respecto a la función sacerdotal del Representante a la Cámara, monseñor Salazar afirmó que “Jaime Alonso Vázquez está suspendido de su función ministerial, porque ésta es incompatible con la función política”. De acuerdo con el Cardenal, “las sanciones eclesiásticas que se apliquen en caso de comprobarse su culpabilidad, serán independientes de las penas que determinen las autoridades judiciales”. Entre ellas incluyó la posibilidad de destituirlo de su condición de sacerdote.