Reparación, la tarea pendiente de la Ley de Justicia y Paz

Julio 25, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa

Una sola condena, 2.431 versiones libres, 299.000 víctimas registradas ante la Fiscalía, 2.719 fosas exhumadas y 973 cadáveres entregados son las cifras que dejan cinco años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz.

Una sola condena, 2.431 versiones libres, 299.000 víctimas registradas ante la Fiscalía, 2.719 fosas exhumadas y 973 cadáveres entregados son las cifras que dejan cinco años de vigencia de la Ley de Justicia y Paz.Creada para lograr el desmonte de las estructuras paramilitares en el país, la Ley facilitó la entrega de armas de 53.659 desmovilizados de las autodefensas, el ELN y las Farc, desde 2002 a julio de 2010. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la Reintegración, 31.810 hombres y mujeres lo hicieron en bloque y más de 21 mil abandonaron la ilegalidad de forma individual.Sin embargo, no todos los desmovilizados que deciden dejar las armas reciben los beneficios. Actualmente, el Gobierno ha postulado a 4.162 personas responsables de delitos de lesa humanidad, quienes antes deberán cumplir ante la Justicia con la entrega de todos sus bienes para la reparación y confesar el paradero de sus víctimas para ser condenados bajo el amparo de la Pena Alternativa, la cual estima una pena mínima de cinco años y una máxima de ocho.De los postulados, 1.731 no han sido escuchados en versiones libres. De los 2.431 que sí lo han hecho en presencia de los familiares de sus víctimas, 25.177 actos criminales fueron confesados y apenas enunciados 44.406. Sin embargo, sólo 1.541 diligencias han finalizado.Pero más allá de los reportes y tras cinco años de la Ley, aún quedan varios interrogantes abiertos ¿Qué tanta verdad, justicia y reparación se ha conseguido? y ¿han sido suficientes los bienes entregados por los victimarios para reparar a sus víctimas?De hecho, en este lapso sólo se ha producido la condena de los ex jefes paramilitares Edwar Cobos, ‘Diego Vecino’, y Úber Bánquez, ‘Juancho Dique’, el pasado 29 de junio por la masacre de 11 personas y el desplazamiento de 300 familias, crímenes ocurridos el 10 de marzo del 2000 en Mampuján, corregimiento de María La Baja, departamento de Bolívar.El fallo estableció un monto por encima de los $20.000 millones para la reparación de los campesinos afectados en la masacre y ordenó al Estado la construcción de escuelas, redes de servios públicos, carreteras y puentes en Mampuján.Las críticasPara Gustavo Gallón, quien este jueves presentó el informe Colombia: La metáfora de desmantelamiento de los grupos paramilitares, el paramilitarismo no sólo no se ha desmotado sino que la desmovilización ha sido un fenómeno en el cuál el Gobierno ha mentido.“Por ejemplo, el presidente habló el 20 de julio de 53.000 desmovilizados a través de la ley de Justicia y Paz, lo cual es totalmente falso. Las personas que se han vinculado a la Ley y se han presentado ante la Fiscalía son alrededor de 700”, aseguró.La controversia parece radicar en que el Gobierno contabiliza a los desmovilizados de las AUC, el ELN y las Farc y el Presidente no aclaró que no todos fueron vinculados en la Ley. No obstante, para el Alto Comisionado de Paz, Frank Pearl, las personas postuladas “son una cantidad de gente en un el proceso de justicia transicional más grande del mundo”.Gallón, a su vez, asegura que es de la verdad que se ha conocido, no se “han extraído todas las consecuencia. Diversos paramilitares han revelado la complicidad de muchos agentes y personajes (estatales y empresarios) con los grupos paramilitares en relación con los cuales no hay investigaciones eficaces hasta el momento. Lo más grave es que agentes del gobierno han declarado que supuestamente el país no está preparado para conocer la verdad”.El Alto Comisionado de Paz asegura que al contrario, producto de Justicia y Paz se han compulsado 344 copias a la Fiscalía para que investigue penalmente a 444 políticos, 344 miembros de la Fuerza Pública y 113 servidores públicos.Gallón reconoce que el hecho que la Corte juzgue a ‘parapolíticos’ por crímenes de lesa humanidad es positivo. “Siempre hemos sostenido que el paramilitarismo es un crimen de lesa humanidad en sí mismo, pues no se organiza un grupo de este tipo para encender velas en una iglesia sino con el objeto de matar población civil, entonces ser cómplice del paramilitarismo es ser partícipe del crimen”.

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