Renuncia Rudolf Hommes a asesoría en San Andrés abre debate por crisis en la isla

Agosto 22, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Renuncia Rudolf Hommes a asesoría en San Andrés abre debate por crisis en la isla

Rudolf Hommes, renunció a la asesoría del proyecto de desarrollo de San Andrés y Providencia.

Demoras y las trabas en la entrega de recursos públicos las razones de Hommes para dejar la asesoría que le había entregado el presidente Juan Manuel Santos.

La renuncia del exministro de Hacienda Rudolf Hommes como asesor del proyecto de desarrollo de San Andrés y Providencia, despertó la intriga de la opinión pública por los frenos que han tenido las promesas de progreso y desarrollo en el archipiélago. Aunque en la misiva que envió Hommes al presidente Juan Manuel Santos dejó en claro que abandona el cargo por el tiempo que podría implicar el cambio de gabinete, hay más razones de peso para 'tirar la toalla' como las demoras y las trabas en la entrega de recursos públicos. En febrero del 2013, durante una visita a Providencia, el jefe de Estado aseguró que ya estaban en marcha medidas como adecuación de la avenida Circunvalar, del Teatro para Providencia y hasta rebajas en las tarifas aéreas entre San Andrés hacia Providencia. Precisamente estas iniciativas fueron criticadas por los habitantes de la región, quienes aseguran que se piensa más en beneficiar a los cientos de turistas y no a los habitantes raizales, que enfrentan una crisis por la falta de acceso a servicios públicos, a la salud y a la educación. Hommes asegura que en San Andrés "se necesita una organización que hoy no existe, que facilite la ejecución y que ponga a alguien de buen nivel del Gobierno central en las islas a empujar los proyectos y a vigilar el empleo de recursos nacionales". Esta misma visión la comparte el representante a la Cámara por ese departamento, Jack Housni Jaller, quien argumenta que hay una suma de factores que tienen a medias los proyectos de San Andrés. "Las platas que tiene el Estado están represadas por falta de eficiencia institucional entre el Gobierno Nacional y local, por ejemplo, la plata de recuperación de playas está ahí y está estancada en la Agencia Nacional de Licencias Ambientales por falta de un permiso", dijo el congresista, y explicó que dicha inversión es prioritaria en la zona pues además de ser su mayor atractivo, es también una medida de mitigación contra el cambio climático. Situación con Nicaragua El fallo de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, en el que se estableció la delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua sobre el departamento, causó efectos negativos de carácter económico y social para el desarrollo de la región, razón por la cual se fijó por decreto incluir normas especiales para contrarrestar la crisis de los habitantes. Se trató fundamentalmente de medidas de promoción de nuevas formas de actividad económica y de mecanismos especiales de gasto para la realización de programas y proyectos de inversión. Uno de los más polémicos fue el de la construcción de un Spa turístico, proyecto que tiene una menor prioridad que, por ejemplo, la construcción del acueducto de Providencia cuya inversión por parte del Gobierno fue de 16.800 millones. También recibió críticas el proyecto de generación de empleo a los pescadores en un Call Center local en convenio con una empresa extranjera, lo cual es inviable sin la capacitación de los isleños acostumbrados a otra forma de trabado. Aunque el Sena ha adelantado gestiones, aún no está en marcha, según Hommes, por la "colaboración vacilante de la Cámara de Comercio local". ¿POR QUÉ NO HAY RECURSOS? El representante Housni Jaller explica que si bien ha habido retrasos con la gestión de los recursos, la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles algunos artículos de la reforma Tributaria que beneficiaban al archipiélago de San Andrés y Providencia, ha perjudicado el desarrollo de la región. Ante esto, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que para contrarrestar dicho efecto, en el nuevo Congreso se impulsarán iniciativas que conviertan en ley los beneficios que ya tenía la isla. La reforma contempló en su momento la creación de una cuenta de 75 mil millones de pesos para subsidios a los pescadores artesanales por un millón 800 mil pesos cada uno, y de otras inversiones para la Isla. Ese respaldo económico a pescadores y programas como maricultura o 'acuaponia', es otro gran cuestionamiento de los sanandresanos, pues cuando el Gobierno prometió entregarlo sólo se cumplió con el primer pago, sin verse reflejado en el fortalecimiento de la pesca artesanal. Por otra parte, en palabras de Hommes, el préstamo de US$70 millones para servicios de agua, infraestructura, gestión de riesgos, microempresas y sostenibilidad fiscal por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) "es razonablemente ágil, pero está demorado". Con el proyecto se estima que para 2018, haya 2.500 nuevos hogares conectados a la red de servicios de acueducto, seis proyectos de mejoramiento de barrios ejecutados, además de la ampliación de la capacidad de abastecimiento de agua para la zona rural. Aun así, la falta de eficencia y demoras en la entidad a cargo tienen la meta en 'veremos'. "Todo es una suma de factores, no solo es el BID, es la ausencia de vías para obtener recursos y la falta de controles en la ejecución, por eso la Comisión Tercera de la Cámara llevará a un debate de control político la crisis que afronta San Andrés, donde el dinero se queda en los mandos medios", anunció el parlamentario quien citará al encuentro a cerca de siete ministros del Gobierno Nacional. Finalmente, la inversión de $300 mil millones en la zona es criticada por el presidente del Consejo de Planeación de San Andres, Carlos Whittaker, quien argumenta que este monto es el mismo que se contempló en el Plan de Desarrollo 2012-2015. “Esto que están ofreciendo no suple en nada las necesidades de los isleños, si quieren hacer algo tienen que aumentar el valor casi por el triple”, explica el funcionario. Así las cosas, quedará en manos del Congreso de la República y de los altos funcionarios del Estado, contribuir desde el legislativo a abrir campo a medidas concretas que mejoren las condiciones de vida de los isleños.

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