Registrador Nacional

50 procesos disciplinarios adelanta la Registraduría Nacional del Estado Civil en contra de funcionarios de la entidad. Así mismo, se adelantan análisis de 48 quejas más, allegadas a la entidad, para establecer si son procedentes o no.

El registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, manifestó este lunes, tras las declaraciones del Presidente de la República sobre posibles hechos de corrupción, su férrea disposición de colaborarle a las autoridades competentes para que adelanten todas las investigaciones que consideren pertinentes, pues su administración no tolera este tipo de conductas en la Registraduría.Sánchez aclaró que en la entidad trabajan cerca de 3.500 funcionarios que en época electoral reciben el apoyo de cerca de 15.000 supernumerarios. "Por ello, si se presentan casos aislados sobre presuntas anomalías es importante que los ciudadanos que tengan conocimiento las mismas las denuncien de manera oportuna y clara, ante las autoridades competentes, a fin de garantizar la transparencia en los procesos electorales".Con relación al proceso de revisión de firmas de inscripción de candidatos, el Registrador Nacional aclaró que este se encuentra reglado a través de la Resolución 5641 de 1996 y que es bajo estas normas de público conocimiento que se realiza el proceso de revisión para todos los aspirantes desde hace 17 años, no sólo para los candidatos a las elecciones de autoridades locales, sino también para referendos, revocatorias de mandato, plebiscitos y demás mecanismos de participación ciudadana.Sobre este tema, este lunes la Registraduría, de acuerdo con el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, inició una indagación preliminar en proceso disciplinario y le solicitará a los ciudadanos Susana Correa y Rodrigo Guerrero que se presenten a la entidad, con el fin de que ratifiquen y amplíen la denuncia transmitida públicamente por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. El Registrador lamentó que aunque los hechos presuntamente ocurrieron hace varios días, sólo hasta este lunes se hayan dado a conocer a la opinión pública y no se hayan puesto en conocimiento oportuno de las autoridades competentes.A la fecha, la Registraduría adelanta 50 investigaciones en contra de funcionarios de la entidad: quince de ellas por presunto delito de participación en política, dos por presuntas irregularidades en la orientación a jurados de votación, 26 por presuntas omisiones en la inscripción de cédulas, seis por presuntas irregularidades en la expedición de formularios electorales, y una por presunta manipulación de documentos electorales.Asimismo, se estudian 48 quejas más allegadas a la entidad, a fin de establecer si proceden o no para iniciar proceso de investigación.Actualmente se encuentran suspendidos cinco funcionarios, tres de ellos registradores en los departamentos de Chocó, Magdalena y La Guajira, y los dos restantes, una auxiliar de servicios generales del departamento de Chocó y una funcionaria auxiliar administrativa de Cesar.