¿Reformas Presidenciales podrán limpiar el nombre de la Justicia?

Marzo 29, 2015 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País

Las reformas a esta rama de poder, impulsadas por el Gobierno a comienzos de semana, solo serían cambios coyunturales que obedecen a presión mediática, pero tardías, dicen los expertos.

Cambios coyunturales. Medidas insuficientes. Decisiones mediáticas. Anuncios a la ligera. Esa es la manera como expertos califican las pautas  con las que el Gobierno Nacional tratará de sacar de la crisis a la Rama Judicial. Lea aquí: En un mes Corte Constitucional presentará reforma para autorregularse.

El presidente Juan Manuel Santos dijo el martes pasado en una alocución que para encontrar una salida a las fallas de las instituciones judiciales cortará el vínculo entre política y justicia que “ha sido la fuente de sus males”. También que garantizará que todos los altos funcionarios del Estado sean investigados y acusados debidamente cuando comentan una falta; corregirá y hará más eficiente la administración de justicia; cerrará la “puerta giratoria”, y tomará medidas para mejorar el capital humano, es decir, que “solo lleguen los mejores a las magistraturas”. Lea aquí: Así será el revolcón que se avecina para la Justicia.

Sin embargo, expertos en el tema insisten que las medidas son insuficientes. Juan Manuel Charry, abogado constitucionalista, critica, además, que haya reformas como consecuencia de los escándalos porque se toman al calor de las discusiones, cuando lo que hay que hacer es un diagnóstico técnico y después, adoptar medidas de reformas correspondientes. 

Cuestiona también la tardía reacción de la Corte Constitucional que solo hasta ahora decide autorregularse y autorreformarse, cuando el supuesto caso de corrupción en el  interior del alto tribunal y que involucra al suspendido presidente Jorge Pretelt, ocurrió entre 2012 y 2013. “Ellos conocían la información y ninguno dijo nada hasta que se involucró el nombre de uno de los magistrados, que en defensa de su reputación, decidió hacer público el caso”.

Charry también cuestiona que las reformas se tomen más por las consecuencias del escándalo, que por la gravedad de los hechos.

“Tenemos una Rama Judicial que en la práctica no tiene ningún control, con  gravísimos escándalos, tráfico de influencias, favores, familiares de unos y otros metidos en diferentes órganos del Estado, carruseles de pensiones, turismo judicial, denominadores como aspirantes, escándalos  de corrupción que tiene que corregirse; que la magistratura no sirva de trampolín para intereses políticos, personales, económicos del magistrado de turno”, sentencia el abogado.

El exprocurador General de la Nación Jaime Bernal Cuéllar asegura que las actuales decisiones son solo medidas transitorias, “demasiado parciales” que pueden generar en cualquier momento una alteración del esquema judicial.

A su juicio, los cambios estructurales   deben incluir reestructuración en todo el sistema de elección no solo de los magistrados, sino también del Procurador, Contralor y Fiscal, que sea la academia la que los escoja; que quien cumpla su periodo salga pensionado  para que no busque otros puestos; que se prohiba aspirar a los cargos de elección popular  porque “eso ha permitido que desde los altos cargos se haga política”.

Plantea Bernal Cuéllar que el propuesto Tribunal de Aforados  esté conformado por personas que trabajen ad honorem y que tengan competencia para investigar y juzgar a esos altos funcionarios. Por lo que los magistrados, procurador, contralor y fiscal sean sometidos a los tribunales, pero sin juicio político previo.

Pero Álvaro Forero, director  de la Fundación Liderazgo y Democracia, dice que no hay que ser tan extremistas, que tampoco se le pueden cortar todos los derechos a las personas que ocupen esos cargos, “lo que hay que hacer es escoger   buenos magistrados”.

Comenta que el país está cayendo en la trampa del magistrado Jorge Pretelt, quien está  “enlodando toda la Corte para salvarse él”.

Explica que la Justicia tiene dos problemas: uno, de credibilidad de las altas cortes, cuya solución está bien encaminada con el proyecto de reforma y otro, de ineficiencia del servicio al ciudadano, que se mantiene, al igual que los altos niveles de impunidad. Sin embargo, indica, que  es “es injusto pedirle al Equilibrio de Poderes que solucione la parte operativa”.

La verdadera preocupación de Forero radica  en que el Congreso de la República, a través de los debates y estudios de los proyectos, permita que se hagan efectivos los cambios que está prometiendo el presidente  Santos y que se incluya un artículo que haga referencia a la  elección de procuradores y contralores regionales y locales, que son elegidos por concejales y diputados y eso contribuye a la corrupción, porque “son los ratones cuidando el queso”.

 

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