Reforma a la Justicia también ‘hundió’ a la clase política de Colombia

Julio 01, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País, Bogotá.
Reforma a la Justicia también ‘hundió’ a la clase política de Colombia

El Congreso será el encargado de analizar los exámenes del presidente y el vicepresidente; mientras que el presidente se encargará de analizar los de los gobernadores, ministros y alcaldes.

Analistas coinciden en que el escándalo la Reforma a la Justicia terminó por afectar a las tres ramas del poder y desprestigió la institucionalidad del país. Ahora, el trabajo es por recuperar la confianza, dicen.

La política colombiana quedó atrapada en arenas movedizas. De acuerdo con analistas, la polémica por la Reforma a la Justicia dejó a las tres ramas del poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) en la mirilla de la opinión pública, y sus representantes arrastran una pérdida de confianza y credibilidad.La situación ha tomado tintes de crisis, debido a que en la óptica de la opinión quedaron mal parados quienes participaron en el análisis y la aprobación del fallido proyecto, tal y como lo explicó el exgobernador de Santander, Horacio Serpa, quien deja claro que “las tres ramas del poder han sufrido el desmedro por lo que pasó con la reforma”.Serpa reconoce que con la reforma se presentaron todos los episodios inconvenientes para el país, que determinó en que se registre “un desajuste grave para el país”.No muy lejano de esta apreciación estuvo el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien enfatiza que las tres ramas del poder público nacional, “quedaron desprestigiadas y será muy difícil que se recuperen en el corto plazo”.Las observaciones de los analistas se basan en que el Gobierno fue el autor del proyecto de Reforma a la Justicia, que finalmente llegó a manos del Congreso.Las Cortes, entre tanto, apoyaron una parte de esa iniciativa, pero en el transcurso del debate, decidieron retirarse y dejar todo en manos del Ejecutivo y el Legislativo.“Con excepción del Consejo de Estado, pienso que las altas cortes, así como el Ejecutivo en cabeza del Presidente y el Congreso resultaron afectados con la reforma y creo que sufrieron de ese desprestigio que hoy manifiestan los ciudadanos”, argumenta Hernández.De hecho, la última encuesta de Gallup arrojó cifras que fueron en detrimento de las tres ramas del poder, en la cual quedó en evidencia el descontento de la ciudadanía con el Presidente, el Congreso y las Cortes.Para el analista Rafael Nieto es evidente que “sin la menor duda, la política en Colombia está desprestigiada”, tanto que se atrevió a decir que en 40 años el país no vivía una desinstitucionalización como la que se evidencia en este momento.Recuerda un episodio del año 89 cuando el Congreso le quiso colgar un ‘mico’ a una reforma judicial. “En esa época se quiso meter la prohibición de la extradición, pero el Gobierno se percató y el entonces ministro Carlos Lemos Simmonds alertó y el Gobierno terminó por hundir ese proyecto”, comenta.Para Nieto es evidente que el Congreso trató de buscar “beneficios individuales en materia penal y de pérdida de investidura” y califica como grave que el Gobierno “se lavara las manos en un proceso que él lideró”.Dice que gracias a la presión ciudadana todo quedó en evidencia, por lo que es claro que “en este episodio todos, las tres ramas del poder público, salieron mal”.Pero hay quienes piensan que el episodio de la Reforma a la Justicia solamente representó la gota que rebosó el vaso, tal y como lo señaló el exalcalde de Bogotá Jaime Castro, quien dice que el desprestigio de la política no es de ahora.“Esta es la tapa de la olla, pero la política en el país se viene desprestigiando desde tiempo atrás”, asegura Castro, quien explica que los problemas de legitimidad del actual Congreso son evidentes desde su misma elección.Para Castro la sombra de duda que hay en el Congreso por “ser elegidos con presión de grupos ilegales, el fraude electoral y la manipulación indebida del censo electoral” representan los primeros síntomas de una política desprestigiada en el país, que se complementó con que ahora “tomen decisiones para blindarse penal y disciplinariamente”.No muy lejana de esta percepción se encuentra la directora Ejecutiva de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, quien considera que “todas las ramas del poder quedaron desprestigiadas con la Reforma a la Justicia”.Para Barrios el origen de la crisis se “generó desde la misma institucionalidad, porque el Gobierno avaló ese proyecto y solo hasta el final se percató de lo que se estaba aprobando”.Las salidasAlgunos críticos recuerdan que la confianza es como un espejo, que cuando se rompe no hay manera de volverlo a armar.Es precisamente sobre la base de esto que los analistas consideran que el trabajo del Gobierno y del Congreso no es fácil, ya que la opinión pública no confía, hoy día, en sus instituciones.Para Horacio Serpa es claro que si bien “las instituciones hicieron agua”, lo que se debe hacer es un trabajo fuerte para recuperar la confianza y el Gobierno “se tiene que sentar a trabajar en una convocatoria nacional, incluso, más allá de la institucionalidad para que vincule a la academia que es muy importante y a la sociedad civil en búsqueda de ese ajuste institucional”.José Gregorio Hernández también plantea una fórmula de salida de la crisis, que consiste en que cada una de las ramas trabaje en el restablecimiento de la legitimidad con autonomía, pero que se mantenga “la colaboración armónica con los demás para lograr recuperar esa confianza perdida”.Rafael Nieto no es tan optimista con el tema, debido a que consideró que “la institucionalidad se pierde muy rápido, pero su recuperación no es nada sencilla”.Mientras tanto, Jaime Castro no encuentra una salida posible en el corto plazo, pero insiste en que si hay un proceso para recuperar la institucionalidad, debe ser liderado por el Gobierno.“Hay que reinventar un proceso de ajuste político y de las instituciones”, asegura Castro, quien complementa que “debe ser muy grande, de fondo y radical, de tal manera que la opinión pública sienta que hay un cambio en sus instituciones”.Mientras tanto, Alejandra Barrios focaliza las soluciones en el Congreso, porque piensa que allá se encuentra el foco del problema.Asegura que la reconstrucción de la confianza “no es con discursos” y argumenta que si el Legislativo tiene intenciones de recomponer el rumbo, debería no volver a designar a los parlamentarios que participaron en la conciliación de la Reforma a la Justicia en otros proyectos.Pero ella va más allá y dice: “La composición de las mesas directivas, que se escogen el 20 de julio, deberían estar integradas por los congresistas que le dijeron no a la Reforma a la Justicia” y añade que “eso demostraría que, efectivamente, en el Congreso hay una responsabilidad política”.Además, Barrios propone que se conozcan los nombres de quienes quisieron blindar a los secretarios de Senado y Cámara, porque tiene claro que los que lo propusieron “lo hicieron con una intención clara, incluso, con intención porque lo incluyeron disfrazado”.La constituyente es inconvenienteA raíz del fracaso de la Reforma a la Justicia, ha tomado impulso la posibilidad de una Constituyente, tema que los analistas consideran inconveniente en los actuales momentos.Para Horacio Serpa lo que se debe hacer es “defender la Constitución del 91 y reajustar todas las reformas que se le han hecho, incluyendo la reelección”. José Gregorio Hernández, entre tanto, piensa que el problema “no es de normas sino de actitudes”.A su turno, Jaime Castro cree que el mayor problema de la Constituyente es que se le haya puesto nombre propio: Álvaro Uribe Vélez.Por eso considera que esta propuesta “está politizada, porque Uribe y sus amigos se matricularon con la idea, lo que afecta el debate objetivo de lo que podría representar una salida a la actual crisis de institucionalidad que vive el país”.Finalmente, Alejandra Barrios dejó claro que la MOE “no le camina a esta propuesta”.Más propuestasEn estos momentos de crisis se escuchan varias propuestas para buscar eventuales salidas a la misma.Una de ellas fue la del senador Camilo Romero, quien anunció un proyecto de reforma constitucional, de origen popular, que permita que a través de referendo se pueda revocar el Congreso.Esta propuesta será radicada el 20 de julio y, con ella, Romero busca que haya mecanismos para un mejor control ciudadano del Congreso.Sin embargo, para el senador John Sudarsky la propuesta no tiene ningún futuro porque, a su criterio, mientras existan las mismas reglas de juego electorales, todo seguirá igual.

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