Reforma a la Justicia: ¿estamos frente a un choque de trenes?

Según varios analistas, el Jefe de Estado no tiene la facultad de objetar un acto legislativo y que para “lavarse las manos” frente a la tormenta política que se avecinaba, prefirió lanzarle el “agua sucia” a los congresistas.

El anuncio hecho anoche por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, de objetar el acto legislativo de reforma a la Justicia y devolverlo al Congreso para su revisión, está a punto de ocasionar un choque de trenes entre el Ejecutivo y el Legislativo.Y es que al decir de varios analistas, el Jefe de Estado no tiene la facultad de objetar un acto legislativo y que para “lavarse las manos” frente a la tormenta política que se avecinaba, prefirió lanzarle el “agua sucia” a los congresistas. De ahí que el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, en diálogo con El País, aseguró que lo que presenciamos fue el inicio de un gran enfrentamiento entre los dos poderes.“Lo que el Presidente hizo fue desautorizar a la plenaria de la Cámara y la plenaria del Senado, que fueron los que aprobaron los textos de conciliación. Lo más grave hoy no es la Reforma a la Justicia, sino el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo y de cómo sea el desarrollo de este enfrentamiento, tendremos una gran crisis institucional porque el Presidente desautorizó al Congreso, cosa que no se había visto”, dijo Charry.No obstante, aseguró que el presidente Santos está acudiendo a una interpretación jurídica distinta a la que usualmente se ha sostenido, incluso, por la Corte Constitucional de que los actos legislativos que reforman la Constitución no son sancionables ni objetables.Para el analista y politólogo Alfredo Rangel lo que ha tenido el Gobierno Nacional es un arrepentimiento de última hora que trata de eludir la responsabilidad del Gobierno en la concepción, el trámite y la aprobación de la Reforma.“Este es un acto legislativo que no requiere de la función presidencial y por lo tanto será la Corte Constitucional la que tendrá qué pronunciarse sobre la legalidad o no del contenido”, dijo Rangel, quien manifestó que lo que puede hacer el Gobierno es denunciar algunos artículos.Sobre la explicación del Presidente, de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, no estuvo en la conciliación y que fue allí donde se colgaron los ‘micos’, los analistas tampoco creen que todo se aprobara a espaldas del Gobierno.El politólogo Ancízar Marroquín cree que el Presidente ha sentado un gran precedente al salir a tiempo a convocar la no operancia del acto legislativo porque le traza a la Corte Constitucional por dónde atajar el camino”. “Esto se le reventó en las manos al Gobierno porque el Ministro la defendió y muchos de los adefesios estaban antes de la conciliación. Debe haber un responsable político y es el ministro Juan Carlos Esguerra”.Por último, aseguró que lo que ha hecho el presidente Santos, “es blindarse porque se venía gestando un gran movimiento ciudadano para oponerse a una reforma donde el verdadero ponente fue el Gobierno, y donde el Ministro se da golpes de pecho, pero avala y defiende”.