Rama Judicial, la 'papa caliente' del segundo periodo del Gobierno Santos

Rama Judicial, la 'papa caliente' del segundo periodo del Gobierno Santos

Agosto 06, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Rama Judicial, la 'papa caliente' del segundo periodo del Gobierno Santos

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.

Este jueves el presidente Juan Manuel Santos asumirá su segundo periodo de gobierno, con varios pendientes en materia de justicia.

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, inicia su segundo periodo con una verdadera ‘papa caliente’ en materia de Justicia: la planta de la Rama Judicial. Así, por más que este lunes se haya resuelto de forma temporal la continuidad de los despachos de descongestión hasta noviembre, lo cierto es que este tema ha sido poco atendido por el Gobierno Nacional, quien reacciona ante anuncios de paro o paros en ejercicio. Lo dijo el propio presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Pedro Munar, quien endilgó al Gobierno incumplimientos en promesas presupuestales. Lo cierto es que el Gobierno Nacional, en cabeza del ratificado ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, deberá analizar de donde sacar $50 mil millones para mantener las medidas de descongestión de noviembre a diciembre y evitar un nuevo paro. Entre tanto, se espera que el próximo año, las promesas se materialicen y se logre, hacer el estudio necesario para que la planta de descongestión, unos 8 mil cargos, se vuelvan permanentes ya que, como ha repetido hasta el cansancio el magistrado Munar, no hay suficientes personas para tanto proceso judicial. “Desde 1993 a la fecha la demanda de Justicia ha crecido un 303% y la planta permanente de la Rama Judicial solo ha crecido el 22%. En 1993 los jueces recibían 758 mil demandas al año, el año pasado a finales de diciembre habíamos recibido 3 millones 200 mil demandas, para que la misma planta permanente la atendiera”, señaló. El malestar que se generó esta vez al interior de las propias Cortes por el tema de la descongestión fue apenas matizado, ya que hace falta una solución definitiva y estructural en la Rama Judicial. De hecho, la propia Corte Constitucional, en comunicado dado a conocer el lunes y firmado por su presidente, magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, se solidarizó con los integrantes de la Rama que protestaron por sus derechos laborales y señaló que se debe hacer algo pronto. “(…) Es imperativo contar con canales de respuesta inmediatos, como la reunión extraordinaria de la Comisión Interinstitucional y el contacto directo con el señor Presidente de la República, para una solución definitiva a las dificultades estructurales que aquejan a la Rama Judicial”, señaló Vargas. Entre estos temas, además, está una preocupación latente por el presupuesto de la Rama, pues según el magistrado Munar, hacen falta 85 mil millones para poder ocupar los cargos que creó la ley de extinción de dominio, y otros tantos miles de millones para los jueces de extinción de dominio y para los cargos que crea el régimen penitenciario. Estos son apenas unos de los ‘chicharrones’ inaplazables del nuevo mandato del presidente Santos, que se suma a la muy anunciada Reforma a la Justicia que está terminando de confeccionarse por el Gobierno para presentarla al Congreso en esta legislatura. El exfiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago, quien hace parte de la Comisión Asesora para la Política Pública de Justicia , explicó que la reforma ya plantea varios puntos que han sido polémicos recientemente. Se trata, por ejemplo, de la forma cómo se van a elegir los magistrados de las Altas Cortes, la prohibición de la llamada ‘puerta giratoria’ entre dichas Corporaciones y la capacidad nominadora que tienen actualmente para ternar a personas para los organismos de control del Estado. Otro de los temas tiene que ver con el fortalecimiento de la tutela, a través de varios mecanismos que faciliten su uso, como jueces que se dediquen exclusivamente a resolver tutelas y así disminuir cargas al resto de los despachos. Además, se precisaría de forma detallada, en qué ocasiones se podría presentar tutela contra decisiones judiciales. Mendoza Diago señaló que no considera un riesgo que la tutela quede ‘sin dientes’ luego de su paso por el Congreso, como lo han señalado prestigiosos juristas como el expresidente de la Corte Constitucional, magistrado Nilson Pinilla Pinilla. “No creo que ningún congresista sea enemigo de la tutela. Son instituciones que forman parte de lo más esencial del Estado social y de derecho. No hay ningún riesgo, lo que se está promoviendo incluso es la creación de jueces especializados para facilitar la figura”, señaló. Ahora bien, la reforma que la Comisión Asesora para la Política Pública de Justicia está evaluando no tiene en cuenta temas como las facultades de la Procuraduría General de la Nación. Sobre este punto, expertos como el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, consideran que se debe reformar esa entidad para que esté a tono de lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido que solo un juez penal puede destituir e inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular. “Otra reforma que llama a gritos es la reelección del Procurador. ¿Por qué? Porque es un absurdo que a uno lo reelijan sus vigilados. ¡Hágame el favor! Si estamos criticando a unos magistrados que los eligieron los que habían designado, que tal un procurador que lo reeligen los congresistas que vigila. Eso no tiene ningún sentido”, señaló Arrubla a Colprensa en días pasados. Arrubla también considera necesario reestructurar el Gobierno de la Rama Judicial, eliminar el Consejo Superior y reformar la Fiscalía para que se defina si debe seguir siendo autónoma o un organismo dependiente del Ejecutivo. Además de que se espera que la reforma que proponga el Gobierno tenga asegurados los recursos para poder llevarla a cabo, en el orden de dos billones de pesos, también están de la mano del Ministerio de Justicia otros temas como la depuración de cerca de 1000 leyes y decretos que son obsoletas y que retrasan a los operadores de justicia. Es el caso de una norma de finales del siglo XIX en las que se prohibía la importación de ciudadanos chinos; o de otra, la 89 de 1890, que hace referencia a cómo "deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada". Se espera que cada dos meses se reúna la Comisión Intersectorial para la Armonización Normativa, que es el máximo cuerpo consultivo del Minjusticia para realizar este trabajo de purga, y reciba las propuestas de los diversos sectores involucrados para que se determine, primero, si la norma cumple con los parámetros de salida del ordenamiento y, segundo, cómo se hará para revocarla.

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