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Alfamir Castillo, líder social | Foto: Especial para El País

LIDERES SOCIALES

¿Quién quiere callar a Alfamir Castillo, la líder que sufrió atentando en el Valle?

La mujer, que es testigo en casos de falsos positivos contra militares, fue atacada con arma de fuego mientras se movilizaba entre Palmira y Pradera.

13 de enero de 2019 Por: Colprensa

“No creas que estamos jugando. No creas que estamos mintiendo. La muerte te ronda y tú no lo crees. Ni tus escoltas van a poder salvarte vieja h.p. Todo lo que nos ha pasado te lo vamos a cobrar. Muere…muere…muere”. Este es uno de los mensajes que le han dirigido a Alfamir Castillo, la madre de una de las víctimas de los falsos positivos y quien ha luchado para que se conozca la verdad de este episodio.

Las amenazas se han incrementado desde octubre del año pasado, recuerda el abogado Germán Romero, quien ha acompañado el proceso de la lideresa que fue blanco de un atentado el viernes en la noche cuando la camioneta en la que se movilizaba entre Palmira y Pradera, Valle del Cauca, fue baleada en tres oportunidades. Castillo y sus acompañantes resultaron ilesos.

“(Alfamir) desde 2012 ha sido víctima de amenazas, hostigamientos, desplazamiento forzado, obligada al exilio y dos atentados, siempre en el marco de las audiencias penales contra integrantes del Ejército, hechos por los que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares para que el Estado colombiano adopte medidas efectivas para su protección”, advierte un comunicado conjunto de las organizaciones de derechos humanos en Colombia.

En el mismo documento se relacionan ocho amenazas e intimidaciones.
El pronunciamiento se conoció luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz pidió medidas efectivas de protección en contra de Castillo Bermúdez, quien hace parte del grupo de víctimas del voluminoso expediente conocido como caso 003 que hace referencia a las muertes por ejecuciones extrajudiciales perpetradas en el conflicto.

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Sobre el particular, la JEP recordó que la líder solicitó ser reconocida como víctima, condición que le fue otorgada, así como la de interviniente especial en el citado caso.

De hecho, el día que el general en retiro Mario Montoya, excomandante del Ejército, acudió a la JEP para hacer público su sometimiento ante ese tribunal, Alfamir también estuvo en la diligencia y denunció las amenazas de las que era objeto. No obstante, se retiró del recinto señalando que no se le permitió intervenir en el acto.  

Horas antes de esa audiencia, Alfamir recibió un mensaje de texto en el que le advertían que no se acercara a la JEP. “Te estamos advirtiendo, no te queremos ver en las audiencias, porque esta vez nuestras amenazas no son en vano. Te tenemos vigilada, sabemos tus movimientos, la orden ya está dada”, se lee en el mensaje.

Rechazo

Tras divulgarse el atentado del viernes, el procurador Fernando Carrillo señaló desde su cuenta en Twitter que “es indispensable fortalecer los mecanismos de protección a víctimas y líderes sociales. No más sangre de líderes valientes bañando a nuestro país. Exigimos acciones inmediatas para proteger la vida de Alfamir Castillo Bermúdez”.

La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que asegura que el Gobierno “seguirá trabajando para garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional e insta a las autoridades competentes a actuar de forma inmediata para encontrar a los responsables”.

No obstante, el abogado Romero recordó que el Estado colombiano no ha actuado de manera eficiente frente a la decisión de las medidas cautelares que en su momento ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“De hecho, en la última reunión que se citó en la ciudad de Cali no asistió ninguna entidad del Estado o del Gobierno, ni del Ministerio Público. Solo asistió un representante de la Cancillería y la reunión tuvo que cancelarse”, declaró el defensor.

Romero instó a la Fiscalía para que tomen lo más pronto las decisiones que correspondan por el caso de la muerte de su hijo Darbey Mosquera.  En el expediente hay 10 militares de diferentes rangos que responden ante la justicia.

Las investigaciones judiciales sobre el caso han proferido condena contra el teniente José Arbey Peña Ramírez, el cabo Carlos Eduardo Mogrovejo Zapata, el mayor Josué Yobanny Linares Hernández, el capitán Julio Cesar Álvarez Pedreros y los soldados profesionales Alonso Iván Palacios Prado (prófugo), Javier Albeiro Dorado Muñoz, Deimar José Ipía, Germán Bermúdez Carabalí y Robinson Ruiz.

Los generales que se encuentran en indagación por los mismos hechos son Emiro José Barrios, Jorge Navarrete Jadeth, Justo Eliseo Peña y el mismo Mario Montoya Uribe.

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