Quien manda en el proceso de negociación es la sociedad civil: presidente Consejo de Estado

El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, dice que el peor riesgo en este momento no lo tiene el Gobierno, sino las Farc.

¿Qué petición recibieron del presidente Santos en la reciente reunión con él?El llamado del Ejecutivo es para constituir un frente que se llama Estado Colombiano y que no es sólo del Presidente, sino que son todos los poderes. Lo que sigue es individualizar posiciones respecto a problemas que las partes han considerado claves, como dificultades de tipo agrario, los generadores de violencia que tienen contenido social, la manera como la sociedad podría involucrase. La fortaleza de un proceso tan delicado como este que inicia está en que tenga pleno apoyo ciudadano, porque somos conscientes y, por experiencia, que estos procesos tienen muchos enemigos, incluso dentro del establecimiento, la sociedad y la subversión.¿Han hablado de la posibilidad que en la mesa de negociaciones haya un representante de la sociedad civil?El Estado es consciente de que no puede actuar como tal si no tiene un fuerte apoyo de la sociedad civil.¿Por qué cree que debería convidarse a las bacrim a este proceso?Este proceso tiene que ser integral. Cuando hablamos de una política de paz no puede ser sólo con las Farc, sino con el ELN y cualquier otro grupo insurgente que haya por ahí. Y tiene que ser con las bandas criminales, que de alguna manera son herederas de los paramilitares, que surgieron como respuesta a la guerrilla. Es una cadena sustancial, material, que hace una estructura diabólica compatible. Si pensamos con el deseo y acabamos con las Farc, no tendríamos paz porque sigue el ELN y siguen las bacrim y los paramilitares; entonces no hicimos nada.¿Cree que este sería el momento?Creo que es necesario hacerlo, pero hay que hacerlo con una estrategia que sea audaz, porque cuando uno está torpe y la torpeza es de quienes hacen la guerra, pues difícilmente se hace inteligente. En consecuencia, mire la dimensión del desafío que tienen el Estado y la sociedad con la violencia que los ha acribillado y azotado tanto tiempo: es volverse inteligente, porque si lo fuéramos, no resolveríamos nuestros problemas matándonos.Sí, pero ya se hizo un proceso de exploración con las Farc y con las bacrim no...La presión que hay que hacer es en términos de sociedad civil y no de disposición voluntaria del Gobierno o del Estado. Es decir, ¿quién manda en este proceso? No manda el Estado, ni los guerrilleros de las Farc, los que mandan son los colombianos que a través de los medios de comunicación se expresen, rechazando de una manera rotunda ese tipo de actitudes bárbaras.Y si Gobierno y Farc dicen que no…El momento es bueno, con independencia de lo que digan las Farc y lo que plantee la negociación por parte del Estado, porque no he visto en medios, salvo en casos muy aislados, que se piense que hay que seguir dando candela en vez de invertir en escuelas, hospitales, justicia e infraestructura.¿Ha socializado esta propuesta con alguno otro compañero de la rama judicial o con el propio Presidente?Lo expresé en la reunión con el jefe de Estado. Los que trabajamos en la rama somos medianamente inteligentes y tenemos claridad de que la guerra no tiene sentido.¿Qué le respondieron?De pronto el Procurador General se preocupó, porque señaló que era muy peligroso que los delincuentes, los criminales y secuestradores sean los que fijen las políticas agrarias en este país. Esas visiones son respetables, pero deben estudiarse, porque el Procurador tiene que interpretar a los ciudadanos y no a su pensamiento personal.Se entiende que los colombianos queremos la paz en vez de vivir permanentemente en guerra, pero cómo decirle a una víctima, por ejemplo, de la atrocidad de una mina antipersona, que podrá eventualmente encontrarse con un guerrillero en la calle…Los daños de la guerra son realmente irreparables y la única forma de que haya algún tipo de recomposición es reconociendo que se trata de realidades que comprometen a toda nuestra sociedad que, además, tiene desequilibrios económicos muy fuertes. Tenemos unas estructuras de Estado deficitarias en términos de democracia, una sociedad que no es incluyente, que es agresiva. En consecuencia, las víctimas de la guerra lo son por problemas que tenemos y que, si no corregimos, no serán sólo las víctimas que en este momento tienen su cuerpo mutilado, sino que seguirán muriendo otros colombianos y siendo mutilados otros colombianos. El dilema es: ¿usted quisiera que a sus enemigos se les aplique la misma fórmula y asesinarlos o quisiera que en términos de civilidad nos acojamos todos, los protestantes y los católicos, los comunistas y los conservadores, los ricos y los pobres, a ver cómo recomponemos esta sociedad? Este es el verdadero bagaje de un proceso de paz.Usted sugiere que se necesita un verdadero proceso de reconstrucción histórica de la memoria. ¿Cómo entender que no sean las víctimas, sino sectores políticos estructurados los que estén en contra del proceso?Toda guerra, además de la barbarie que tiene implícita, posee estimulantes de carácter económico y político. En los sectores del establecimiento, insurgencia y de los grupos económicos hay personas que se lucran con la guerra. Los que trafican con armas se lucran, el ingente recurso que nosotros destinamos a atender una guerra, que es más del 70% del presupuesto nacional, ha creado un statu quo favorable para el sector defensa. Las visiones demasiado cerradas acerca de lo que debe ser el orden y la justicia también estarían en contra de un proceso de paz, en pensar que no exista ningún perdón y que el único perdón sea la derrota de nuestros propios compatriotas. Y la experiencia es muy rica. Hay grupos que se han desmovilizado, pero otros que han desparecido por grupos de extermino, como pasó luego del primer acuerdo de La Uribe, que generó el surgimiento de la Unión Patriótica.Y si los enemigos de la paz son tan poderosos, ¿cuál debe ser la respuesta?Por eso es tan importante la presión de la sociedad. El desdén a todo actor que piense que la única salida es seguirse matando. Cada vez que se mata a un guerrillero surgen tres más, porque hay muchos pobres que no tienen alternativa. Cada vez que se mata a un paramilitar, surgen muchos otros, porque hay quienes no tienen más esperanza, porque ahí les pagan. ¿Podría ser inconveniente para la tarea que usted describe limitar estos diálogos?En el 2008 se hizo una marcha en contra del secuestro y las Farc se resintieron. La respuesta no la tiene que dar el Presidente, ni los negociadores, sino la sociedad civil. Unas personas que son de las Farc han visto el mundo de una manera gris y eso lo impondrán en la mesa y tendríamos que prepararnos para eso. Por ejemplo, un palo que han puesto es traer los presos de las Farc de EE.UU. y eso genera un problema internacional, que no se resuelve fácilmente. Son problemas concretos que si no se presentaran, no sería necesario el proceso, porque habría paz.No le preocupan esas exigencias…La que más me preocupa es que pensemos que el proceso de paz va a ser sencillo y que ahora sí vamos a estar como los hermanas de la caridad, pensando en que el problema es ponerse todos del mismo lado. Habrá más dificultades. Nuestro recurso es la madurez de la sociedad civil, demostrada en las marchas o en la forma como se obstruyo a través de las redes una reforma judicial perversa.Para el proceso de paz se necesita un marco de justicia que se conocerá más adelante. ¿Para usted en qué debe consistir?Las experiencias recientes que ha vivido el país en torno a la desmovilización de paramilitares y de algunos grupos insurgentes muestran que el paradigma de justicia ha cambiado de indemnización y de reproche penal a construir pautas de justicia restaurativa: que a veces las víctimas se sienten mucho más restituidas en términos de verdad. El Marco Jurídico para la Paz es una repuesta por la verdad y no para la reparación económica.¿Pero qué hacemos con los delitos de lesa humanidad?Se sancionarán y se buscará la verdad.O sea, no cree, como el presidente de la Corte Suprema, que habría que buscar mecanismos para eliminar esa “gran barrera”…Es precipitado hablar del marco jurídico, porque surge y se viabiliza en tanto se lleguen a acuerdos concretos. Tenemos una reforma constitucional que le permite al Gobierno instrumentalizar los acuerdos a que se lleguen y en ese momento es cuando podremos examinar si los tratados internacionales firmados por Colombia permiten algún tratamiento de justicia transicional en términos a esos acuerdos a que se llegue. Lo otro es pensar con el deseo; hacerlo previamente es bloquear un proceso que apenas está naciendo.