"Que exguerrilleros hagan política, sin pagar sanción, es una burla a las víctimas": José Miguel Vivanco

"Que exguerrilleros hagan política, sin pagar sanción, es una burla a las víctimas": José Miguel Vivanco

Octubre 22, 2017 - 05:11 p.m. Por:
Alda Livey Mera Cobo, reportera de El País
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas.

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas.

Especial para El País

José Miguel Vivanco, director de la ONG Human Rights Watch para las Américas (HRW), se mostró preocupado por puntos sensibles de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), aprobada en su primer debate en el Congreso de la República y que hace tránsito por distintas comisiones.

Vivanco advirtió que HRW encuentra ambigüedades en el régimen de sanciones, cuestionó la definición de “responsabilidad de mando”, que contribuiría a comandantes de la Fuerza Pública y de las Farc a eludir la justicia, y se mostró en desacuerdo con la suspensión de los procesos penales en la justicia ordinaria hasta que la JEP reciba los casos.

Estas y otras críticas hizo quien es el veedor de la justicia en el continente, cuando empieza el difícil capítulo de la aplicación de la JEP, uno de los más complejos puntos en la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia y las Farc.

"Si el ELN tiene un compromiso serio con la paz, debería empezar por respetar las reglas de la guerra que prohiben abusos a comunidades afro e indígenas, como reclutamiento de menores, homicidios, amenazas y desplazamiento forzado"
José Miguel Vivanco
director de Human Rights Watch para las Américas

Usted ha manifestado que urge una investigación para establecer la verdad de los hechos ocurridos en Tumaco, donde murieron siete personas durante operaciones de erradicación de cultivos ilícitos. Como Director de HRW, ¿qué lectura hace de esos hechos?

No quisiera especular al respecto. Nuestro trabajo consiste en realizar investigaciones rigurosas e instar a las autoridades a que cumplan con sus obligaciones de esclarecer los hechos a la mayor brevedad y sancionar a los responsables. Hasta ahora la información disponible parece apuntar a la Policía, pero es importante que avancen rápidamente las investigaciones para determinar efectivamente qué pasó. Human Rights Watch está considerando opciones para realizar nuestras propias investigaciones, incluso, a través de imágenes satelitales que nos ayuden a determinar si efectivamente hubo cilindros bombas en la zona, como denunció el Ministro de Defensa.

Cuando usted trina que la paz no debe ser una promesa vacía para Tumaco, ¿qué quiso decir? ¿Está incumpliendo el Gobierno en no tener listos los programas de sustitución de cultivos ilícitos?

Me refería a que aún estamos recibiendo denuncias creíbles de graves abusos en Tumaco. En 2014, visitamos la zona y preparamos un informe que documentaba terribles atrocidades por parte de las Farc, incluidos homicidios, casos de violencia sexual y reclutamiento de menores. Las Farc oficialmente ya han dejado las armas, pero seguimos recibiendo denuncias de graves abusos en la zona de parte de grupos más pequeños, algunos de ellos aparentemente residuales de las Farc.

Obviamente el cultivo de coca es un problema grave allí —se trata del municipio con mayores cultivos de Colombia— y eso fomenta grupos ilegales. Fue muy importante la presencia durante varios días del vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, en la zona. Ojalá que el Gobierno tome medidas certeras para garantizar la seguridad y mejorar las condiciones de vida de la población de Tumaco.

El Congreso acaba de aprobar, en primer debate, el articulado de la Justicia Especial para la Paz (JEP). El que más críticas recibió es el que dice que empiece a operar con reglas especiales mientras se estructura su reglamentación definitiva. El Fiscal y la oposición no están de acuerdo. ¿Qué opina al respecto?

Tenemos fundadas preocupaciones sobre la Ley Estatutaria de la JEP. Se las hemos transmitido al Congreso y al ministro de Interior, Guillermo Rivera, y esperamos que las tengan en cuenta a lo largo del proceso legislativo. Los defectos del proyecto de ley, tal cual está, son muchos e incluyen ambigüedades en el régimen de sanciones, una definición de “responsabilidad de mando” que podría ayudar a comandantes de las Fuerza Pública y a las Farc a eludir la justicia, y nada menos que la suspensión de los procesos penales en la justicia ordinaria hasta que la JEP reciba los casos. Para colmo, vemos que muchos congresistas parecen estar más interesados en tironear más impunidad hacia sus aliados, en lugar de intentar solucionar los defectos de la ley.

"En un país como Venezuela, donde el Gobierno demuestra un profundo irrespeto de las reglas más básicas democráticas y ejerce un control absoluto de poder, es impensable que existan elecciones libres y justas"
José Miguel Vivanco
director de Human Rights Watch para las Américas

Otro de los artículos que molesta es que los desmovilizados podrán intervenir en política aún sin haber cumplido las sanciones que les imponga la JEP. ¿Cuál es su posición al respecto?

Nosotros venimos subrayando este punto desde diciembre de 2015: permitir que los exguerrilleros de las Farc participen en política mientras cumplen con sus sanciones sería una afrenta a las víctimas y dañaría la credibilidad de la JEP. Entendemos que un aspecto fundamental del acuerdo es que los exguerrilleros participen en política, pero deberían hacerlo una vez que hayan pagado su sanción.

Usted le envió una carta al presidente Santos advirtiéndole de las falencias de estos acuerdos con las Farc antes de votar la JEP. ¿Qué otros cambios cree necesarios?

Hay varios aspectos de la JEP con los que estamos en desacuerdo. Déjeme señalarle nuestras tres preocupaciones principales.
Primero, el régimen de sanciones para criminales de guerra que cooperen plenamente, el cual, como sabemos, no será de prisión, está plagado de ambigüedades que no dan garantías de que habrá una justicia genuina. No se sabe dónde estarán los condenados, en qué medida podrán desplazarse, ni hay claridad sobre las consecuencias si incumplen con sus sanciones.

Segundo, resulta fundamental que se incluya una definición del principio clave de “responsabilidad de mando” que garantice que los altos mandos de las Fuerzas Militares y la guerrilla de las Farc rindan cuentas de forma apropiada. En este punto, en lugar de fortalecer la legislación, el Congreso ha dado retrocesos: en abril de este año, se aprobó un acto legislativo que contiene una definición criolla y tergiversada del principio de “responsabilidad de mando” para beneficiar a altos mandos de las Fuerzas Militares. Afortunadamente ya han expresado su preocupación al respecto la propia fiscal de la Corte Penal Internacional y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esperamos que la Corte Constitucional, que ha mostrado un compromiso serio con las víctimas en el pasado, tome cartas en el asunto.

El último aspecto clave es el referido a la participación política de las Farc. Como he dicho, entendemos que quieran participar en política, pero si lo hacen mientras cumplen con sus sanciones, eso podría ser una burla a las víctimas.

¿Qué porvenir le ve a las negociaciones de paz entre el ELN y el Gobierno de Colombia?

Me cuesta ser optimista sobre los diálogos con el ELN porque no parece haber mensajes claros de la guerrilla sobre que verdaderamente están comprometidos con la paz. Hace algunos meses presentamos un informe documentando de abusos del ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el sur de Chocó, donde encontra mos abusos reiterados a comunidades afro e indígenas, incluyendo múltiples casos de reclutamiento de menores, homicidios, amenazas y desplazamiento forzado. Si el ELN tiene un compromiso serio con la paz, debería empezar por respetar las reglas de la guerra que prohiben estos abusos.

Ojalá esta situación se revierta con el cese al fuego y cese parcial de hostilidades que acordaron el ELN y el Gobierno colombiano el mes pasado. Espero que este acuerdo ayude a paliar la situación de abusos constantes que viven muchas comunidades vulnerables; por ejemplo, en el departamento de Chocó. Para que ello ocurra y haya garantías de que la paz no será una promesa vacía para estas comunidades, resulta de la mayor importancia que el cese sea verificado de forma rigurosa y seria.

"De los criminales de guerra, no se sabe dónde estarán los condenados, en qué medida podrán desplazarse, ni hay claridad de efectos si incumplen"
José Miguel Vivanco
director de Human Rights Watch para las Américas

¿Cómo analiza la emboscada a una patrulla del Ejército en la que murieron tres militares, en Miranda (Cauca), zona del ELN, el 30 de septiembre, seis horas antes de que empezara a regir el cese el fuego entre ese grupo guerrillero y el Gobierno, acordado en las conversaciones de paz que sostienen?

El homicidio de tres policías de la Unidad para la Edificación de la Paz (Unipep) en Miranda, Cauca, fue verdaderamente un acto brutal que no puede tener ninguna justificación. Si se termina de comprobar que los responsables fueron guerrilleros del ELN y que usaron las últimas horas antes del cese para cometer ese crimen atroz, los negociadores de paz en Quito deberían cuestionar fuertemente el compromiso de la guerrilla con la paz. En cualquier caso, la Fiscalía General de la Nación debe avanzar con una investigación seria y rigurosa para esclarecer los hechos y juzgar y castigar a los responsables.

Pasando al país vecino, luego de las recientes elecciones regionales en Venezuela, ¿qué lectura hace de las reclamaciones que hay por parte de la oposición?

En un país como Venezuela, donde el Gobierno demuestra un profundo irrespeto de las reglas más básicas democráticas y ejerce un control absoluto de poder, incluyendo sobre la autoridad electoral, así como de medios de comunicación masivos, es impensable que existan elecciones libres y justas. En Venezuela la Justicia es un apéndice del Ejecutivo y no podría jamás actuar como un control independiente ante cualquier reclamo, por lo cual se hace aún más indispensable que exista una observación internacional independiente y adecuada para poder confiar en cualquier resultado electoral.

Perfil

José Miguel Vivanco (Chile), estudió derecho en la Universidad de Chile y en la Escuela de Derecho de Salamanca en España y posee una Maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de Harvard.

Trayectoria: trabajó como abogado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos (OEA). En 1990, fundó el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, una organización no gubernamental que presenta denuncias ante organismos internacionales de derechos humanos.

Ha sido profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados en la Universidad John Hopkins.

Ha publicado artículos en los principales periódicos de América Latina.

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