¿Qué dice? El polémico mensaje de la Fábrica de Licores de Antioquia que piden retirar

Una vez que se dio a conocer el desafortunado y polémico mensaje publicitario promoviendo la venta de aguardiente en el centro comercial El Tesoro de Medellín, proveniente de la tienda de la Fábrica de Licores de Antioquia, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, tomó la decisión de ordenar su retiro inmediato.

El controvertido anuncio, con la frase “El guaro es más barato que la terapia”, estaba exhibido en un tablero de tiza en la entrada del establecimiento, y fue Carlos Roldán, usuario de Twitter, quien lo dio a conocer al público.

“En un departamento en el que el año pasado hubo 460 suicidios y un aumento de problemas de salud mental, se me hace irresponsable este mensaje”, escribió en redes sociales.

La reacción crítica no se hizo esperar, ya que numerosos usuarios se unieron a la denuncia de Roldán y cuestionaron el mensaje utilizado en la publicidad. “Qué tristeza promover frases vacías y que invitan a escaparse del trabajo personal. Así las cosas, lo que venden se gasta en tratar de recuperar a sus consumidores”, dijo Liliana Vásquez.

Ante la creciente inquietud de la ciudadanía, muchas personas solicitaron una explicación al gobernador Gaviria, recordando que la Fábrica de Licores de Antioquia es una entidad estatal perteneciente al departamento.

En respuesta a la situación, el mandatario lamentó lo ocurrido y agradeció a los usuarios de las redes sociales por informar sobre el inapropiado anuncio, subrayando que este mensaje no concuerda con los programas de salud mental que la Gobernación ha implementado en los últimos años.

“He solicitado a Gerencia de la FLA retirar de manera inmediata este desafortunado mensaje que bien alejado está de nuestra filosofía de gobierno y de la gran apuesta que tenemos con Salud para el Alma”, escribió Gaviria en su Twitter.

Preocupación por “visto bueno” de disidencias de las Farc a candidatos en Antioquia

A través de una denuncia presentada ante la Fiscalía y testimonios recogidos por SEMANA, ha salido a la luz cómo las disidencias de las Farc han llevado a cabo un cuestionable “casting” para seleccionar a los candidatos que aparecerán en el tarjetón electoral, buscando competir por algunas alcaldías en Colombia.

En este momento, la preocupación por la seguridad de las campañas políticas y las elecciones de octubre es más acuciante que nunca. El programa de la guerrilla ha sido rebautizado como el “aval del monte”, reviviendo prácticas del pasado.

En los rincones de la selva, evalúan minuciosamente las hojas de vida de los candidatos y miden quiénes podrían ser más leales a sus intereses, en caso de acceder al poder. Desde la clandestinidad, les aseguran el triunfo y les brindan garantías para promocionar sus nombres.

Para evaluar la confianza y seguridad de los políticos, los someten a exigencias financieras desorbitantes y a otros desafíos que van en contra de la ley. La “garantía electoral” impuesta por las disidencias es el silencio y su cobro puede ser fatal.

A su vez, el ganador de las elecciones debe costear la reposición de los votos durante 48 meses, brindándoles seguridad y teniendo las arcas abiertas para satisfacer las demandas de las disidencias.

De acuerdo con la Registraduría, al menos 92 municipios del país se encuentran en alto riesgo para las elecciones regionales debido a la presencia de estructuras ilegales. Además, la Defensoría del Pueblo advierte que en 706 localidades del territorio nacional hay algún tipo de peligro para el ejercicio del liderazgo político, es decir, en las dos terceras partes de Colombia.

Un testimonio de un hombre que buscaba participar en la contienda política en un pueblo de Antioquia, cuya identidad se mantendrá en secreto por razones de seguridad, reveló detalles sobre la operación electoral que adelanta el frente 36 de las disidencias de las Farc en el norte del departamento. En esta región, los homicidios, amenazas y desplazamientos son moneda corriente.

Desde el inicio de su búsqueda por un partido político que lo avalara como candidato, recibió un claro mensaje: “Hay que pedir permiso”. Debía convencer a la guerrilla para oficializar sus aspiraciones. Para entrar en la lista de postulantes, le exigieron 100 millones de pesos. Cuando la competencia se intensificó, la extorsión se multiplicó por cinco.