Pueblos indígenas Jiw y Nükak están en peligro de extinción: Corte

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El organismo le ordenó al Estado tomar medidas urgentes para evitar la desaparición de estas culturas.

Pueblos indígenas Jiw y Nükak están en peligro de extinción: Corte

Agosto 02, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | Colprensa
Pueblos indígenas Jiw y Nükak están en peligro de extinción: Corte

La Corte Constitucional ordenó la creación, en menos de dos meses, de un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia para los pueblos Nukak y Jiw.

El organismo le ordenó al Estado tomar medidas urgentes para evitar la desaparición de estas culturas.

La Corte Constitucional le ordenó al Estado tomar medidas urgentes para evitar la extinción física y cultural de los pueblos indígenas Jiw y Nükak, asentados en los departamentos de Meta y Guaviare.“Están en grave peligro de ser exterminados a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarles una adecuada y oportuna protección, por lo cual continúan siendo víctimas de un sin número de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos, lo cual ha exacerbado el desplazamiento forzado que padecen” , advirtió la Corte Constitucional.Por eso ordenó la creación, en menos de dos meses, de un Plan Provisional Urgente de Reacción y Contingencia para dichos pueblos por parte de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el Ministerio de Salud y el ICBF.En conjunto con los gobernadores de Meta y Guaviare se deberán ejecutar acciones de atención humanitaria con énfasis en la salud, nutrición, seguridad alimentaria, refugio o alojamiento temporal y “cualquier otra medida urgente requerida para asegurar la pervivencia de los pueblos indígenas desplazados Jiw y Nükak” .Dicho Plan deberá contender una partida presupuestal específica y mantenerse hasta cuando entren en operación efectiva un Plan de Salvaguarda Étnica de los Pueblos Jiw y Nükak y si persisten las actuales condiciones de inseguridad, necesidad y vulnerabilidad de los mismos.La Corte ordenó además al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que realice un estudio de predios disponibles para arriendo o compra en los municipios de Puerto Concordia y Mapiripán para reubicar temporalmente a las comunidades Jiw desplazadas.La Registraduría, por su parte, deberá adelantar una campaña de documentación con enfoque diferencial, “pues la ausencia de documentos de identificación entre las comunidades indígenas se presenta como una de las barreras de acceso a los servicios de salud” .Al Ministerio de Educación, la Corte le ordenó que preste asesoría y asistencia técnica, así como el apoyo financiero necesario para la formulación de los proyectos etnoeducativos para dichos pueblos, que deberán estar listos en menos de un mes.Para que estos proyectos se empiecen a aplicar en menos de un año se deberá además hacer un censo de docentes disponibles en las comunidades Jiw y Nükak. “Además, (se) deberá informar a qué centros educativos tienen acceso las etnias Nükak y Jiw en los municipios de San José del Guaviare, Mapiripán (en especial los resguardos de Mocuare y Baranco Ceiba) y Puerto Concordia en el departamento del Meta” , señaló la Corte.Más medidas urgentesEl Ministerio del Interior deberá tratar con los jefes de cada clan temas como el desplazamiento forzado, sus procesos de formación y el uso de los recursos asignados por el Sistema General de Participaciones para su atención.Además, el ICBF en el Guaviare deberá presentar en 15 días un informe sobre violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos de dichas comunidades.A esto se suma, el diseño de un proyecto piloto en el ámbito de la prevención del reclutamiento forzado de los niños de la etnia Jiw del Meta, en especial los reubicados en Las Zaragozas y los que habitan los resguardos de Mocuare y Barranco Ceiba. Todas estas medidas deberán ser vigiladas estrictamente por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General de la República, lo mismo que la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado.

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