Protección de terrenos colectivos en Chocó, en vilo por el 'Clan del Golfo': Corte 

Julio 13, 2017 - 09:40 a.m. Por:
Colprensa / El País 
Chocó

Las poblaciones afrodescendientes son las que más sufren por este factor, según el informe de la Corte.

Colprensa

Un plan de la Corte Constitucional para recuperar los terrenos colectivos de las comunidades afrodescendientes que habitan las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en Chocó, está en riesgo por cuenta del Clan del Golfo y de la disminución en cuanto a medidas de seguridad que debe otorgar la Unidad Nacional de Protección al Inspector de Policía designado especialmente para desalojar a los terceros de mala fe que se encuentran en los terrenos. La situación llevó a la Corte a reclamarle a la UNP.

Desde el 2009, la Corte le ordenó al Gobierno Nacional una serie de medidas para proteger a la comunidad desplazada, que se suman a una sentencia del Tribunal Administrativo de Chocó en la que se señaló que los derechos de las comunidades habían sido afectados por las “tenencias irregulares de sus tierras, por parte de las personas naturales y jurídicas”, por lo que ordenó su restablecimiento.

Para poder hacer los desalojos de las áreas de los territorios colectivos de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, indebidamente ocupadas por poseedores de mala fe y de las tierras invadidas o repobladas por personas ajenas a las comunidades, se tuvo que nombrar, en 2012, un Inspector de Policía Ad hoc por cuenta de las amenazas a las autoridades locales.

Dicho Inspector, con medidas de la Unidad de Protección como un vehículo blindado y un escolta, alcanzó a hacer siete desalojos de los cuales cuatro fueron entregados al representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó en noviembre de 2016.  Igualmente, hizo cuatro visitas de inspección ocular como paso previo a su desalojo para procedimientos que se iban a realizar en abril pasado.

No obstante, mediante la Resolución 0441 del 31 de enero de 2017, la Unidad Nacional de Protección retiró al inspector de policía ad hoc las medidas otorgadas, lo cual frenó los procedimientos pues, para poder hacerlos, tocaría caminar por los terrenos en donde hay presencia de actores armados ilegales.


La situación, recopilada por la Corte Constitucional implicó que se presentaran “nuevas ocupaciones en los predios desalojados y que exista fuerte resistencia por parte de los ocupantes de mala fe y los empresarios al desarrollo de las diligencias policivas”.

A esta complicada situación se suma que el Sistema de Alertas tempranas emitió dos notas de seguimiento este año, advirtiendo que las comunidades afrodescendientes e indígenas de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién se encuentran en especial riesgo como consecuencia de la presencia del Clan del Golfo,  autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia, quienes serían los responsables de las amenazas contra las personas y líderes que adelantan procesos para la restitución de tierras en territorios colectivos.

En un auto conocido por Colprensa, la Corte Constitucional destacó además que a pesar de las advertencias el 31 de mayo pasado fue encontrado sin vida Duberney Gómez Echavarría, hijo de Rafael Truaquero, un reconocido reclamante de tierras de la comunidad de Cetino-Nevera en el Consejo Comunitario de Curvaradó y padre de Fanny Jhoana Truaquero Gómez, asesinada en mayo de 2012.

“Como se desprende de lo anterior, es clara la necesidad de adelantar y concluir los procesos de desalojo de las áreas de los territorios colectivos de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó indebidamente ocupadas por parte de poseedores de mala fe y de las invadidas o repobladas por parte de personas ajenas a las comunidades afrocolombianas protegidas, y restituirlas a las los Consejos Comunitarios”, dijo la Corte.

Reclamo a la UNP

Teniendo en cuenta esta situación, para la Corte “resulta preocupante la reducción del esquema de seguridad del Inspector de Policía Ad Hoc y la posible falta de condiciones de seguridad necesarias para el cabal desarrollo de sus actividades”.

Por eso, la Corte le pidió a la Unidad Nacional que explique qué medidas ha tomado para garantizar la seguridad del Inspector de Policía designado para este proceso y por qué se eliminó el esquema que le había sido asignado si el nivel de riesgo que se le detectó a esta persona fue calificado como “extraordinario” por el Grupo de Valoración Preliminar.

Presencia del Clan del Golfo 

Sobre la situación de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, la Nota de Seguimiento 001 de 2016 reportó que: “no se han registrado nuevas acciones relacionadas con la confrontación entre grupos armados ilegales, por el contrario el grupo armado AGC ha logrado posicionarse en territorios estratégicos como Pavarandó, Llano Rico, el puerto de Brisas y el municipio de Carmen del Darién, donde mantienen la estrategia de presencia en los poblados y control de las actividades cotidianas a través de redes de inteligencia. Así mismo, se mantienen algunas amenazas contra líderes y comunidades retornadas a la cuenca del Curbaradó como El Cerrado, Apartadocito, Caño Manso y La Madre”.

Esta situación fue reiterada en la Nota Seguimiento 004 de 2017 que detalló la permanencia de las Autodefensas Gaitanistas en las cuencas de la margen oriental del río Atrato como son La Larga Tumaradó, Pedeguita Mancilla, Curvaradó y Jiguamiandó, ocasionando ataques sistemáticos en contra de liderazgos en los procesos de restitución, retorno y reubicación, así como la dinamización y el desarrollo de economías ilegales como la explotación de madera y la cadena productiva de coca (siembra-cultivo, procesamiento, transporte y comercialización).

Citada por la Corte, la nota agrega que, en materia de desalojos, se permitió que “los terceros interesados económicamente en el territorio, continúen ejerciendo presión directamente o a través de los administradores de las fincas que se han constituido en el marco del proceso de despojo”.

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