Proponen nuevos cambios en el proyecto de reforma a la justicia

Mayo 08, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co I Colprensa
Proponen nuevos cambios en el proyecto de reforma a la justicia

El Consejo de Estado fue el primero en anunciar su retiro de las discusiones de la reforma a la justicia.

El nuevo grupo legislativo podría conocer e indagar las acusaciones contra el presidente de la República, el vicepresidente, el fiscal general, el procurador general, el contralor general y magistrados de las altas cortes.

La plenaria del Senado discutirá desde este miércoles si aprueba o no la creación de una nueva comisión de acusaciones, conformada por nueve particulares, que reemplace a la actual y que sólo tendría como función realizar una investigación preliminar a los altos aforados del país (presidente de la República, vicepresidente, fiscal, contralor, procurador y magistrados de las altas cortes) .La propuesta está incluida en el articulado de la reforma a la justicia, el cual ya tiene su ponencia radicada para el sexto debate y deberá ser votada a mas tardar el jueves de esta semana.De acuerdo a los ponentes de la iniciativa (Jesús Ignacio García, Luis Fernando Velasco, Juan Carlos Vélez y Eduardo Enríquez) , esta nueva comisión deberá –si es aprobada su creación- evaluar los fundamentos en que sustentan las investigaciones a estos aforados, para entregar a la plenaria de la Cámara la recomendación de si dan trámite a un juicio político, más no penal.Según el senador García, la investigación judicial correspondería a la Corte Suprema, mientras que el Congreso sólo podría ordenar una suspensión del aforado por consideraciones de indignidad.En ese orden de ideas, si presentaran alguna denuncia contra el presidente de la República, esa nueva comisión evaluaría y con base en su estudio le entregaría el caso a la plenaria de la Cámara, para que esa instancia escuchara al jefe del Estado.Si tras esa defensa del mandatario la Cámara considerara que sí cometió alguna situación de indignidad, ordenará el trámite del caso a la plenaria del Senado, la cual definiría si debe ser sancionado, pero en lo político. Si hay un delito judicial, ese sólo sería investigado por la Corte Suprema.

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