Procuraduría pide suspender programa de sustitución de cultivos ilícitos

Junio 28, 2017 - 08:52 a.m. Por:
Colprensa
Cultivos ilícitos

Campesino en un acto de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en la vereda Pueblo Nuevo del municipio de Briceño.

EFE / El País

La Procuraduría General de la Nación le solicitó este miércoles a la Corte Constitucional que tumbe el Decreto Ley 896 de 2017 que crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) por vicios en su formación.

Esto, al estimar que se trata de un programa que tiene que ver con el desarrollo rural y, por tanto, en este debe participar el Ministerio de Agricultura.

Dicho Programa, a cargo de la Alta Consejería Presidencial para el Postconflicto, busca promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito con programas y proyectos y busca beneficiar a las familias en situación de pobreza que subsisten con estas plantaciones y que de manera voluntaria se comprometen a no hacerlo más.

En concepto de 39 páginas conocido, el Procurador General, Fernando Carrillo, expuso la existencia de varias falencias formales como la falta de la firma del Ministro de Agricultura, “lo cual tiene una importante incidencia en los aspectos materiales del Decreto”, por el rol que esa Cartera tendrá en el programa.

Para la entidad, el Programa se encuentra inmerso en la política de desarrollo rural del Estado porque no sólo buscar mejorar las condiciones de pobreza y marginalidad de estas familias, sino que también va “dirigido a una nueva explotación económica y ambientalmente sostenible para su auto sostenimiento; empleando mecanismos interinstitucionales y participativos de planeación conjunta, que por su naturaleza repercute sobre el uso y la propiedad de la tierra, como un componente de la Reforma Rural integral, plateado en el primer punto del Acuerdo de Paz”.

De acuerdo con la Procuraduría, aunque el Decreto y el programa hacen alusión a aspectos que escapan la órbita del desarrollo rural como el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores y los usos no ilegales de los cultivos (tradicionales, medicinales y científicos), estos elementos son subsidiarios.

Para la Procuraduría, la falta de la firma es un vicio insubsanable. “A través de este programa se coordinan autoridades del orden nacional y territorial, así como las acciones de las comunidades, en beneficio de familias campesinas, bajo condiciones de seguridad, concertación, planeación y formalización de la propiedad, por el cual, en el acto bajo examen, era requerida la firma del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural como integrante del Gobierno Nacional”, añade el documento.

Para la entidad, además, que el Ministerio no haga parte del Programa es una “grave alteración” de la responsabilidad política y un “desbarajuste” en torno al control político que debe ejercerse a las facultades extraordinarias que le fueron concedidas al Presidente de la República en el Acto Legislativo para la Paz.

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