Procuraduría pide que Corte revise tutela por condena contra Arias

Ordóñez señaló que aunque se trata de un proceso penal que ya fue fallado, lo que solicita revisar es si con la acción de tutela sí se respetó el derecho fundamental al debido proceso o no.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, solicitó ante la Corte Constitucional revisar la tutela interpuesta por el suegro de Andrés Felipe Arias Leiva contra la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que condenó al exministro a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. 

Al conocerse la decisión del 16 de julio de 2014 emitida por ese tribunal, que declaró penalmente responsable a Andrés Felipe Arias por la celebración de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, César Augusto Serrano Morales, actuando como agente oficioso del exministro Arias, de su esposa y sus hijos, interpuso la acción constitucional con el fin de reclamar la protección de los derechos al debido proceso y a la unidad familiar. 

La tutela fue admitida en primera instancia por la Sala de Civil de la Corte Suprema de Justicia, que finalmente decidió no concederla tras argumentar que el suegro de Arias no estaba legitimado para pedir su defensa por el solo hecho de que ellos estuviesen en el exterior, pues ni los hijos ni la esposa hacen parte del proceso penal. 

Este fallo de tutela fue impugnado y la decisión de segunda instancia fue adoptada en el mismo sentido por la Sala de Laboral de la Corte Suprema de Justicia.   

Para el jefe del Ministerio Público, resulta de la mayor importancia que se seleccione para revisión este proceso, “en razón a la relevancia constitucional de definir expresamente las situaciones en las que procede la agencia oficiosa para la acción de tutela".

Señala, en este sentido, que aunque la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuenta con numerosas decisiones sobre la agencia oficiosa, aún no se ha referido a su procedencia cuando Arias se encuentra fuera del país.

El Procurador indicó que aunque se trata de un proceso penal que ya fue fallado, justamente lo que se solicita revisar es si con la acción de tutela sí se respetó el derecho fundamental al debido proceso, o se incurrió en una serie de graves irregularidades como no contar con el material probatorio suficiente para demostrar la existencia del dolo que exigen los tipos penales por los que se profirió la condena.