Procuraduría pide implementar la política pública contra el trabajo infantil

La procuradora delegada reiteró el llamado al Ministerio del Trabajo para que lidere la elaboración e implementación de la política pública de prevención de este flagelo.

En reunión sostenida entre la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, y el viceministro Enrique Borda Villegas, la funcionaria advirtió sobre diferentes fallas para erradicar el trabajo infantil. La procuradora delegada reiteró el llamado al Ministerio del Trabajo para que, en su calidad de presidente del Comité Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, lidere la elaboración e implementación de la política pública de prevención de este flagelo. Cabe destacar que en el 2011 perdió vigencia el Plan de Acción Nacional para la Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes, y desde entonces Colombia no cuenta con un plan de acción articulado. Cada entidad competente adelanta algunas acciones aisladas en materia de prevención y atención. Por su parte, el viceministro Borda Villegas afirmó que son “varias las acciones que el Ministerio de Trabajo adelanta, llamando la atención sobre la congestión y dificultades para otorgar permisos laborales a los y las adolescentes, muchos de ellos padres y madres de familia, que se ven abocados a insertarse en la informalidad laboral, incrementando el riesgo de terminar siendo víctimas de la explotación laboral”. Frente a este llamado de la Procuraduría, el viceministro afirmó que “la elaboración de la política pública se encuentra en la fase de diagnóstico. Planteó asimismo la validez de la discusión frente a la inclusión de la explotación sexual infantil en la lista de las peores formas de trabajo, como lo considera actualmente la OIT, pues no se trata simplemente de una relación laboral, sino de una atroz conducta delincuencial”. Finalmente, la Procuraduría General de la Nación y el Viceministerio de Relaciones Laborales se comprometieron a seguir aunando esfuerzos, desde sus competencias, para la garantía efectiva de los derechos de los infantes y adolescentes en el país.