Procuraduría implementa protocolo para antecedentes de candidatos

La Procuraduría se encargará de buscar sanciones penales y disciplinarias e inhabilidades de los aspirantes a cargos de elección popular.

A través de la directiva 007, el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, estableció un protocolo para la consulta y expedición de antecedentes de quienes aspiren a cargos de elección popular. El Procurador puntualizó en que los partidos deben presentar los documentos completos de los aspirantes, para que la entidad pueda adelantar con prontitud su tarea. “La información solicitada es de carácter obligatorio para efectos de la validación del registro. En la directiva se advierte que en caso de encontrarse información que no cumpla con la estructura requerida, no se procesará”, dice el ministerio público en un comunicado. La Procuraduría es la encargada de buscar en la hoja de vida de los aspirantes sanciones penales y disciplinarias e inhabilidades entre las que están contempladas las relaciones contractuales con el Estado, los fallos con responsabilidad fiscal, las decisiones de pérdida de investidura y las condenas proferidas contra servidores, ex servidores y particulares que desempeñen funciones públicas. De igual manera, la entidad informa que el procurador citó varias normas que precisan las responsabilidades de los partidos y movimientos políticos frente al aval que se entregue a quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular. Ordoñez recordó que el artículo 107 de la Constitución señala que los partidos y movimientos políticos deben responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento o financiación, así como también por avalar candidatos elegidos en cargos o corporaciones públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados. El Jefe del Ministerio Público recuerda que no se pueden inscribir como candidatos quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico. Según la entidad, las normas le asignan a los partidos políticos, la responsabilidad de consultar, previamente a la expedición de los avales, los antecedentes de los posibles candidatos.