Procuraduría formula cargos contra alcalde de Ibagué y cuatro funcionarios más

Septiembre 28, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa

El Ministerio Público abrió investigación disciplinaria por contratación de pavimentación de vías con la Gestora Urbana. Botero tiene 10 días para preparar su defensa.

Por posibles irregularidades en la contratación de arreglo de vías, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de Ibagué, Jesús María Botero, la secretaria de Apoyo a la Gestión, Martha Mireya Peña, el secretario de Infraestructura, Jaime Orlando Vélez, el exgerente de la Gestora Urbana, Alfonso Carrero y Diana Carolina Perea, jefe de proyectos de la misma entidad.La investigación se centrará en la celebración de contratos de administración delegada durante los años 2008 y 2009 por la Gestora Urbana, para ejecutar los interadministrativos suscritos con la Alcaldía, cuyo objeto era realizar obras de infraestructura vial. Además, se tendrá en cuenta la relación costo- beneficio, por cuanto la Alcaldía le canceló a la Gestora Urbana el cinco por ciento de la suma transferida en cada negocio, por conceptos de gastos de administración y operatividad.De acuerdo con el Ministerio Público, los contratos en cuestión habrían vulnerado los principios de la contratación estatal y carecerían de reglas objetivas, justas y transparentes, en la medida que los interadministrativos cuestionados se celebraron por la Alcaldía de forma directa y no bajo la modalidad de licitación pública.Así mismo, la Procuraduría considera probable que las obras terminaran siendo más costosas, pues a su vez la Gestora Urbana celebró contratos de administración delegada, por medio de los cuales se pagaba el costo real de la obra más el porcentaje como retribución por concepto de honorarios de administración y utilidades.El pasado 22 de septiembre, la procuradora delegada para la moralidadd administrativa, María Margarita Escobar Rueda pidió investigar al alcalde Botero y los cuatro funcionarios de su administración comprometidos en las presuntas irregularidades en la contratación.Esta investigación se inició, según el ente de control, por denuncia formulada por Hugo Mauricio Castaño Torres, quien indicó que en la Semana Santa del año 2009, mediante urgencia manifiesta se celebraron contratos a dedo por mil 500 millones de pesos con ingenieros recién egresados, siempre con los mismos contratistas y que supuestamente trabajan para el ingeniero Héctor Fabían Morales, amigo del Alcalde.De igual manera, por un panfleto titulado "organigrama de la corrupción en Ibagué%¬ que circuló en la ciudad hace algún tiempo, donde se describe al ingeniero Héctor Fabían Morales como contratista estrella del Alcalde y supuestamente beneficiado con contratos por más de 20 mil millones de pesos en año y medio, utilizando para ello testaferros en la Gestora Urbana, y devolviendo presuntamente el 15 por ciento del valor de la contratación a Botero.El panfleto no se lo adjudicó ningún responsable y fue allegado como un anónimo a la Procuraduría Regional del Tolima, que abrió indagación preliminar el 25 de septiembre de 2009 y luego el 30 de julio de 2010 remitió las diligencias a la Procuraduría General, correspondiéndole el reparto a la Delegada de Moralidad Pública.Del denunciante Hugo Mauricio Castaño Torres se conoció que estuvo en la cárcel de Picaleña por un contrato en el municipio de Ortega y que su apoderado es el abogado Andrey Gustavo Ramos.El alcalde %¬Chucho%¬ Botero y los demás funcionarios investigados disponen ahora de 10 días hábiles para presentar su memorial de descargos y aportar o solicitar la práctica del pruebas.Los cargosAl alcalde Jesús María Botero se le endilga que no hubiera ejercido vigilancia o control sobre las actuaciones de la secretaria de Apoyo a la Gestión, Martha Mireya Peña, en quien recayó la delegación de la contratación. Según la Procuraduría, el mandatario ibaguereño no adoptó ninguna medida tendiente a evitar o corregir las irregularidades que se venían presentado, como era su deber.A Martha Mireya Peña la Procuraduría le achaca evadir el proceso de selección objetiva al celebrar directamente los contratos interadministrativos con la Gestora Urbana para obras de infraestructura vial durante los años 2008 y 2009. La Delegada para la Moralidad Pública señala que por el objeto de los negocios y por la finalidad para la cual fue creada, la Gestora Urbana debió participar en un proceso de selección público y abierto a terceros interesados.Peña habría violado el principio de responsabilidad establecido en la Ley 80, toda vez que la Gestora Urbano no ejecutó directamente los contratos interadministrativos, sino que subcontrataba, convirténdose en una intermediaria. El pliego de cargos a Peña advierte que los dineros transferidos íntegramente por el Municipio a la Gestora Urbana, demuestra que dicha entidad al parecer no contaba con la suficiente capacidad financiera para respaldar las operaciones de carácter económico celebradas, pues con tal pago solventaba los gastos que debía asumir como parte de las obligaciones adquiridas en los subcontratos.En el caso del secretario de Infraestructura, Jaime Orlando Vélez, se le formulan cargos debido a que presuntamente sugirió y determinó erradamente la celebración de los convenios interadministrativos entre el Municipio y la Gestora Urbana. Vélez presentó unos estudios previos recomendando a la Gestora Urbana como la entidad idónea para desarrollar el objeto de los convenios, sin que el banco inmobiliario tuviera la idoneidad, experiencia y la suficiente cantidad de personal para hacerlo.Al exgerente de la Gestora Urbana, Alfonso Carrero, los cargos formulados son por celebrar los contratos interadministrativos para desarrollar obras de infraestructura vial, sin que al parecer estuviera en capacidad de ejecutarlos, toda vez que dentro de su objeto no se encuentra el de realizar obras como las contratadas.Así mismo, porque los contratos de administración delegada fueron al parecer innecesarios, en ellos se señaló que se regirían por normas de derecho privado, pese a que su régimen es el previsto en el Estatuto para la Contratación Estatal y a través de ellos se evadió el proceso de selección objetiva adecuado para cada negocio.Finalmente, a Diana Carolina Perea, jefe de proyectos y vivienda de la Gestora Urbana, se le endosa apoyar la celebración de los contratos interadministrativos con la Alcaldía para las obras viales y, al parecer, sugerir y determinar erradamente la celebración de los contratos de administración delegada para desarrollar los anteriores.La Procuraduría observa que por ocho por ciento de costos de la administración delegada, la Gestora Urbana utilizó un monto cercano a los 650.000.000, que podrían haber sido utilizados en las obras. Lo anterior, sin tener en cuenta el cinco por ciento que por cada convenio interadministrativo recibió la Gestora Urbana por la ejecución del presupuesto del municipio, de donde el Ministerio Público aprecia los elevados costos de intermediación en la contratación.La conducta atribuida al Alcalde y los demás funcionarios investigados ha sido calificada provisionalmente como gravísima.

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