Procuraduría advierte inconsistencias en registros de víctimas

La Procuraduría llamó la atención al Gobierno por el complejo diseño de los formularios únicos de información.

La Procuraduría General de la Nación hizo ayer un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional sobre los problemas e inconsistencias que tiene el registro único de víctimas y que “pueden desembocar en una revictimización”.Según el procurador delegado para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, Mario González, el formulario que se diseñó para el registro único de víctimas, tiene inconsistencias que constituyen “un cuello de botella para el registro de las mismas”.Para la Procuraduría “hubiese sido mucho mejor si el Gobierno hubiera consultado con el Ministerio Público antes de divulgar el formulario”.El procurador González explicó que este formulario es un instrumento complejo de diligenciar, que requiere de las víctimas información que no es indispensable, como la afiliación a seguridad social y nivel de ingresos. Según la Procuraduría esto es un problema, dado que la ley solo exige dos informaciones básicas “la identidad de la víctima y el relato de los hechos en que fue victimizada”.Debido a que los formularios son de 18 páginas con tres anexos, que corresponden a tres delitos distintos, la persona que diligencia puede tomarse entre una hora y media y dos horas por formulario.Esto significa que cada funcionario sólo puede hacer cuatro registros de víctimas al día, a lo que se suma el hecho de que las personerías municipales no cuentan con los recursos humanos y técnicos para un registro eficiente.El Ministerio Público también se quejó de que el formulario aún no esté disponible en todos los municipios del país y consideró necesario que se evalúe la posibilidad de acceder a éste a través de un sitio Web del que pudiera descargarse para su diligenciamiento.Con respecto a la nueva Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Procuraduría exigió que cuente con personal suficiente para cumplir su gestión, y que tenga el apoyo de la Agencia Nacional de Protección, para contrarrestar los hostigamientos y asesinatos a líderes de organizaciones campesinas.Según el procurador Mario González “de la protección que se brinde a las víctimas y sus representantes, dependerá el éxito o fracaso de la Ley” .En este tema, también se exigió que la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras rinda un informe al Congreso dentro del mes siguiente al inicio de cada legislatura. Sin embargo, esta Comisión no ha podido instalarse, debido a que el Gobierno no ha reglamentado la elección de los representantes de las víctimas.Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, pidió resultados ante el hurto de tierras, sobre lo cual, el presidente Juan Manuel Santos ya denunció que son 700.000 héctareas. “Que les apliquen todo el peso de la ley a aquellas personas que están despojando de sus tierras al Estado y que se necesitan para entregárselas a los colombianos que las van a labrar y trabajar”, dijo Esguerra.En su declaración, el titular de la cartera de justicia también exhorta al Consejo de la Judicatura para que se investiguen las denuncias que desemboquen en resultados tangibles.A juicio de Esguerra el robo de tierras obedece a movimientos lamentables los cuales se dan desde diferentes escenarios que tienen que ver con la titulación o escrituración de predios.