Primer proceso fiscal por irregularidades con alimentos escolares

La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra el exalcalde de Uribia y la exsecretaria de Educación. El monto de los hallazgos fiscales asciende a $1.614 millones de pesos.

Tras el escándalo por presuntas irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra de Abel José Giacometto Fominay, exalcalde de Uribia, Guajira. Lea también: Mineducación puso al descubierto cómo operan tres mafias de alimentación escolar

Esto, por presuntos sobrecostos y pagos indebidos de costos operativos en la ejecución de los contratos de dicho programa en este municipio.

En este proceso también serán investigados la exsecretaria de Educación Municipal, Zuleima Moscote Redondo; y 11 Asociaciones de Autoridades Tradicionales Wayúu.

El monto de los hallazgos fiscales de la Contraloría ascienden a $1.614 millones de pesos.

Este es el primer proceso fiscal de la Contraloría tras las serias inconsistencias que arrojó una Actuación Especial de Fiscalización sobre el PAE en los 7 departamentos de la Región Caribe donde se evaluó la ejecución con recursos del Sistema General de Participaciones y otros del orden nacional.

Cabe recordar que el Ministerio de Educación informó que son tres los grupos de entidades que presentan irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar, PAE, en los departamentos de la Costa y los Santanderes. Estas redes habrían manejado más de dos billones de pesos.

Más sobre el caso

Según indicó la Contraloría, en el municipio de Uribia se suscribieron durante la vigencia 2014 diferentes convenios con Asociaciones de Autoridades Indígenas y no Indígenas, para el desarrollo del Programa de Alimentación Escolar. En estos convenios se encontró que en el segundo semestre del año, respecto al primero, aumentó el valor de la ración por Complemento Alimenticio Jornada Mañana en mínimo $150 pesos, sin que se evidencie justificación de ese sobrecosto.

Asimismo, el equipo auditor encontró que en dichos convenios se pactó el pago de los costos asociados al transporte de los alimentos, los cuales constituyen un daño patrimonial al Estado y se cuantifican en 629 millones de pesos.