Presidentes de las altas Cortes piden reunión urgente con Santos

Presidentes de las altas Cortes piden reunión urgente con Santos

Octubre 20, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Elpaís.com.co | Colprensa
Presidentes de las altas Cortes piden reunión urgente con Santos

Tan solo a la Corte Constitucional llegan a diario un promedio de 4 mil tutelas.

Los magistrados solicitarán al Jefe de Estado la continuidad de cientos de cargos de descongestión, para evitar problemas en los procesos judiciales en todo el país.

Los presidentes de las altas Cortes solicitarán este martes al presiente Juan Manuel Santos una reunión de carácter urgente, para tratar la continuidad de cientos de cargos de descongestión, que de no ser renovados para noviembre afectarían la normalidad de la administración de justicia en todo el país. Así se acordó en una reunión extraordinaria realizada este lunes entre los presidentes de la Corte Constitucional, Consejo de Estado, Corte Suprema, la Judicatura y los representantes de los trabajadores de la Rama Judicial que están en paro. Al mismo tiempo, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Francisco Javier Ricaurte Gómez, expidió un comunicado haciendo "un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional, en especial al Ministro de Hacienda y Crédito Público, para que sean asignados los recursos que le permitan a la Rama Judicial dar continuidad a las medidas de descongestión, ya que de lo contrario muchos ciudadanos serían afectados en la resolución de sus conflictos Judiciales". Ricaurte señaló que las medidas de descongestión solo están aseguradas hasta el 15 de noviembre y, para culminar el año, se requieren 73 mil millones de pesos. El SOS de las cortesLa cita al presidente Santos y el pronunciamiento de la Judicatura se dieron a conocer horas después que la Corte Constitucional hiciera un llamado urgente para que garanticen los recursos necesarios para poder dar continuación a los cargos de descongestión en esa Corporación, ya que de no hacerlo "se pone en vilo el acceso efectivo a la administración de justicia de los colombianos".En carta dirigida a los presidente de las Altas Cortes, el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, lanzó un SOS ante el riesgo de que se reduzca en un 42 % el personal de una Corte que recibe a diario 4 mil tutelas. En la misiva, el alto tribunal indica que cuenta con una planta de 177 personas, de las cuales 76 están por cargos de descongestión. Si dichos cargos no se renuevan, se afectarían además las Salas de Seguimiento existentes para las sentencias T-760 de 2008, en materia de Salud, y la T-025 de 2004, sobre desplazamiento forzado, que vienen dictando una serie de órdenes al Gobierno Nacional en estos campos. La Corte señaló que los cargos han sido renovados desde el 2011, cuando fueron creados, hasta este año cuando la renovación se ha dado cada tres meses. No obstante, desde agosto, la judicatura solo mantuvo cuatro cargos, de seis, en cada despacho lo que ha afectado el trabajo de una Corte, con un volumen cada vez más grande de procesos. Así, el magistrado Vargas explicó que cada día llegan 4 mil tutelas nuevas a la Corte (de hecho la mayoría reposan en costales en el edificio de la Corporación) y que, en consecuencia, cada despacho revisa 380 expedientes diarios como parte del proceso de selección al que son sometidas todas las acciones de tutelas. A esto se suma un crecimiento notorio en los procesos ya que en 13 años (1991 a 2005) la Corte recibió un millón de expedientes, mientras que en los últimos 9 años ha atendido 3 millones de tutelas. Además, desde el 2011 hasta el 2014, con los cargos de descongestión, la Corte ha proferido 2.606 sentencias de tutela y 733 de constitucionalidad. “Estas cifras muestran que el trabajo de la Corte aumentó en un 11,7% en lo referente a tutelas y en un 19,9% en lo que respecta a los procesos de constitucionalidad, a pesar de que el número de procesos que se reciben diariamente, aumentó sustancialmente tal y como se señaló en el punto anterior”, señaló la Corte en su carta. En ese sentido, la Corte tras reunión con sus magistrados auxiliares, fijó su posición pública en el sentido de que si no se renuevan los cargos de descongestión se va a “limitar dramáticamente la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos así como el acceso a la administración de justicia”. “Sin duda alguna, el trabajo diario de la Corte se verá afectado al igual que la eficacia del seguimiento que este Tribunal hace de temas tan sensibles como los derechos de la población en situación de desplazamiento, la crisis del sistema de salud, la problemática alrededor del acceso a las pensiones, el colapso del sistema penitenciario o el incremento de las acciones de tutela contra sentencias judiciales, y la invaluable atención al público que brindan los funcionarios de la Secretaría, entre otros”, señala la misiva. En ese sentido, la Corte que indicó que de no llegarse a un acuerdo, desde el 16 de noviembre próximo entraría en un “grave estado de debilidad institucional”, que obligaría a suspender términos en todos los proceso que actualmente lleva y a cerrar la Secretaría de la Corte para la atención al público. “Por todo lo anterior, la Corte Constitucional quiere expresar su profunda preocupación por el riesgo institucional que enfrenta y hace un llamado para conseguir los recursos necesarios que garanticen su adecuado financiamiento, y le solicita públicamente al Gobierno Nacional y al Consejo Superior de la Judicatura que atienda las numerosas peticiones que sobre la materia ya se han hecho en las últimas semanas”, señala la misiva. En la comunicación, la Corte indica que la independencia y autonomía de los jueces constituyen principios inherentes a la democracia y que esto se ve afectado cuando el juez debe negociar su subsistencia, reclamando recursos para poder funcionar. “La Rama Judicial debe tener asegurado un nivel suficiente de recursos, que no lleve a los jueces a involucrarse en negociaciones sobre su estabilidad económica con otras ramas del poder. Por esa razón, su financiamiento debe estar diseñado con base en análisis objetivos de las necesidades de acceso y demanda de justicia, y no a partir de las coyunturas políticas cambiantes. En el momento en que el juez deba negociar su subsistencia, su independencia y autonomía desparecen”, concluye la Carta.

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