Presidente Santos no aceptó renuncia del ministro de Transporte

El ministro de Transporte, Miguel Peñaloza, había presentado su renuncia por el dilema ético en que se encuentra al figurar como fundador de la empresa PyG que tiene contratos con el Estado y actualmente es dirigida por su esposa e hijos.

Pese a la incomodidad que generaron los señalamientos al ministro de Transporte por contratos que comprometen a su familia con el Estado, el mandatario no aceptó la dimisión de Miguel Peñaloza por considerarla inconveniente en este momento.En una falta ética podría constituirse la situación que hoy tiene contra la espada y la pared al ministro de Transporte por cuenta de la empresa familiar de acompañamiento jurídico en pleitos que contrata con el Estado.Desde el pasado domingo, cuando la revista Semana publicó la columna de Daniel Coronell, la vida y actuar del ministro de Transporte, Miguel Peñaloza Barrientos , se ha debatido entre explicaciones suyas y comentarios a favor y en contra de quienes discuten si está bien la relación del funcionario con la empresa PyG.El foco del debate es que la firma, una compañía fundada por el Ministro que actualmente tiene tres dueños: su esposa Sonia Guzmán y sus hijos Miguel Esteban y Elsa Johann, al parecer, ha tenido y tiene contratos con el Estado. A las versiones encontradas sobre si Peñaloza está inhabilitado o comete una falta ética, o que incluso debería renunciar, el Ministro respondió: "Que sea la Procuraduría la que realice las investigaciones necesarias".Las denuncias reveladas por el periodista Daniel Coronell sostienen que la empresa PYG maneja más de 1.700 procesos judiciales como representante de entidades públicas como el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Servicios Domiciliarios, los Seguros Sociales, Invías, Findeter, el Fondo Nacional del Ahorro y el Sena. Contratos que fueron otorgados mientras Peñaloza se desempeñó como consejero presidencial del ex presidente Álvaro Uribe y de los primeros años de Juan Manuel Santos e incluso mientras ejerce como Ministro.Sin embargo, Peñaloza sostuvo que antes de posesionarse como consejero del expresidente Uribe se realizó una consulta al Departamento Administrativo de la Función Pública sobre una posible inhabilidad, a lo que la entidad señaló que la única inhabilidad que tenía la empresa de su esposa e hijos era a suscribir contratos con el Departamento Administrativo de Presidencia.El funcionario aseguró que en todo momento ha estado al margen de los negocios de la empresa. "La ética es un compromiso de cada quien y yo lo tengo completo. No hay un funcionario que pueda decir que le he llamado a pedirle una ayuda en esto".Peñaloza agregó que desde el momento en que fue designado como ministro de Transporte la empresa se su esposa renunció a un contrato de acompañamiento judicial que tenía con el Instituto Nacional de Vías (Invías).Sin embargo, el artículo 127 de la Constitución Política señala que "los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con personas privadas que manejen recursos públicos".Para el abogado laboral, Ignacio Cantillo, aunque en principio se podría hablar de una inhabilidad, para tomar una decisión al respecto hay que analizar cada contrato en particular. "El asunto hay que mirarlo a la luz de cada situación en particular y con los elementos probatorios que cada contrato amerita. Por eso, está investigando la Procuraduría, que es en últimas quien determina si se dan o no las inhabilidades que hoy se alegan".Aunque, por el momento, no existe una inhabilidad legal para que Peñaloza continúe en el cargo, esta situación podría considerarse como una falta ética y estaría en manos de la Procuraduría y el presidente Santos determinar la continuidad del funcionario en la cartera de Transporte, pese a que desde el gobierno de Uribe conocían los negocios familiares del Ministro.Los puntos de vistaLa directora ejecutiva de transparencia por Colombia, Elizabeth Ungar, señaló que es una situación delicada, donde “por decir lo menos, hay una indelicadeza y es un tipo de situación que no se debería presentar, puesto que representa un alto costo político para el gobierno al generar suspicacias frente a las contrataciones, y más cuando el Ministro viene teniendo desde hace muchos años acceso a información privilegiada” .Ungar, aunque cree que el ministro no está cometiendo un acto ilegal y que no es ella la persona indicada para dar estas explicaciones, reitera que “ningún gobierno puede darse el lujo de que esto pase, y más ahora cuando se tiene descenso en su popularidad. Creo que estos temas le perjudican mucho al primer mandatario”, puntualizó.Finalmente, la directora ejecutiva de Transparencia por Colombia dijo: “Sí creo que el Ministro deba renunciar para dejar que las investigaciones avancen o se despeje cualquier duda”.En sentido contrario opina el director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, José Stalin Rojas, quien anotó que el Ministro de Transporte “debe continuar en el cargo, siempre y cuando dé las explicaciones suficientes, las profundice y convenza a la opinión pública de que su gestión es transparente”.Agregó Stalin Rojas que el que la esposa del Ministro y su familia tenga contratos con el Estado “opaca la transparencia que se requiere en las próximas licitaciones millonarias que están por darse en el país. Esas observaciones hacen contrapeso y entorpece los procesos y avances que se den en su cartera”.