Presentan queja contra procurador Ordoñez por trafico de influencias

Noviembre 23, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | Colprensa
Presentan queja contra procurador Ordoñez por trafico de influencias

Alejandro Ordoñez, procurador general de la Nación.

Varias organizaciones radicaron una queja disciplinaria ante la Corte Suprema de Justicia contra Alejandro Ordoñez, por trafico de influencias en la elección de Procurador.

Varias organizaciones, entre ellas la Comisión Colombiana de Juristas, Dejusticia, el centro de estudios Plural y la fundación Nuevo Arcoiris, radicaron una queja disciplinaria ante la Corte Suprema de Justicia para que se investigue al procurador, Alejandro Ordóñez por haber cometido un presunto prevaricato por omisión, prevaricato por acción y tráfico de influencias. Así mismo, radicarán por los mismos hechos una denuncia ante la Fiscalía que según las organizaciones “no ha podido formalizarse, pues, por el paro judicial en ninguna de las URI's de Bogotá y alrededores lo han recibido hasta el momento. Tan pronto como el paro lo permita se radicará el escrito poniendo en conocimiento de la Fiscalía estas presuntas conductas punibles”. Las agrupaciones pretenden que se investiguen algunos nombramientos que habría hecho el actual procurador para asegurar su reelección y señalan que, de acuerdo con información publicada en diversos medios de comunicación, columnas de opinión y en algunas respuestas a derechos de petición, el actual procurador habría nombrado a: Ana Josefa Velasco de Bustos, esposa de José Leonidas Bustos Martínez, magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Carmen Helena Gómez Segura, hija de Gustavo Gómez Aranguren, consejero de Estado; Olga Lucía Cadavid Castro, cuñada de Javier Zapata Ortiz, magistrado de la Corte Suprema de Justicia; Juliana Valencia Andrade, sobrina de Hernán Andrade Rincón, senador y Olga Lucía García González, hermana de María Elizabeth García González, consejera de Estado; entre otros. Así mismo, señalan que los procuradores delegados: Campo Elías Daza, de la Guajira, ahijado político del senador Jorge Ballesteros; Emiro de Jesús Vivero, del Banco Magdalena, ahijado político de Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador; Jesús Muñoz Vega, del Cesar, ahijado político del senador Jorge Ballesteros; Freddy Martínez, de Norte Santander, ahijado político del senador Juan Manuel Corzo; Petrona Amparo Villanueva, ahijada política del senador Roberto Gerlein y Luis Eduardo Astaiza de Santander de Quilichao, cuota política del senador José Darío Salazar, se encuentran en este momento en el ministerio público. “El procurador general ha nombrado varias personas cercanas a los senadores de la República en las procuradurías regionales antes de la elección que se realizará el próximo martes. De conformidad con el artículo 126 de la Constitución eso podría configurar un delito y queremos poner en conocimiento de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia esos hechos para que sean investigados y sean ellos quienes determinen si se ha configurado un delito o una serie de los mismos”, afirmó Armando Novoa director del Centro de Estudios Plural. Los demandantes sostienen que Ordóñez habría incurrido en el delito de tráfico de influencias para obtener beneficios de parte de otros servidores públicos, congresistas y magistrados, en la elección del Procurador. La demanda explica que las informaciones sugieren que habría hecho uso de la discrecionalidad con la que cuenta para nombrar y remover funcionarios de libre nombramiento y remoción y así favorecer a personas aliadas a senadores y senadoras. Además que, según el texto de la demanda, “los artículos de prensa indican que estos nombramientos habrían sido utilizados para favorecer a senadores y senadoras con el objeto de que éstos, favorezcan a Alejandro Ordóñez en su reelección”. Los denunciantes sostienen que el funcionario habría incurrido en el delito de prevaricato por acción ya que: “el artículo 126 de la Constitución prohíbe al Procurador nombrar en la Procuraduría a personas que fueran familiares de servidores públicos competentes para intervenir en su designación”. Según la denuncia que instaurarán en los próximos días, el funcionario también habría incurrido en el delito de prevaricato por omisión debido a que “el señor Ordóñez se habría abstenido de remover de sus respectivos cargos a funcionarios de la Procuraduría que tenían vínculos familiares con servidores públicos competentes para intervenir en su designación". “El Procurador pudo haber realizado, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo de Procurador una conducta que está tipificada como un delito”, asegura un comunicado de los denunciantes.

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