Por "persecución política", magistrado Pretelt pidió medidas cautelares a la Cidh

En un documento de 35 páginas el magistrado Jorge Pretelt hace graves señalamientos contra el presidente Juan Manuel Santos y el fiscal general de la Nación Eduardo Montealegre.

La petición de medidas cautelares que el magistrado Jorge Pretelt hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, es un duro documento de 35 páginas en el que se hacen serios señalamientos al Presidente de la República.

El exmagistrado también cuestiona al Fiscal General, tres Ministros del Gabinete al punto tal que califica lo que ha sucedido en su caso como una “persecución política”. 

No es de poca monta. El documento afirma que los pronunciamientos públicos por parte de integrantes del Gobierno Nacional para que haya celeridad en el proceso que por supuesta corrupción se le adelanta a Pretelt, ha llevado a que el mismo se adelante con una velocidad inusitada para que tenga sanciones ejemplarizantes así no haya pruebas en su contra. 

Lea el documento de 35 páginas radicado por Jorge Pretelt ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Pretelt públicamente afirma que las actuaciones del fiscal General, Eduardo Montealegre, están relacionadas con la negativa del jurista de cambiar su posición sobre la necesidad de que haya penas efectivas de cárcel para guerrilleros de las Farc.

Y así denunció ante la Cidh que el Fiscal Montealegre ha filtrado información “quizá para que el Gobierno pueda nombrar a un Magistrado que esté de acuerdo con la plena impunidad para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad(...)” 

En el documento Pretelt afirma, además, que existen irregularidades en el proceso que le lleva la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, pues no se le han aceptado las recusaciones que ha presentado ni se han declarado impedidos integrantes del Congreso que se habrían visto afectados por la decisión de la Corte de eliminar las ‘megapensiones’, de la cuál fue ponente. 

Pretelt denuncia una supuesta presión del Gobierno Nacional para que la Comisión de Investigación lo suspenda próximamente del cargo de magistrado. 

“Si las intervenciones del Gobierno a través de los medios de comunicación continúan en las próximas semanas, es muy difícil que los miembros de la Ciacr(la Comisión) puedan mantener su imparcialidad e independencia y que respeten las reglas del debido proceso establecidas para casos como este”, señaló. 

“(…) La injerencia del Gobierno y la Fiscalía, sumada a la presión de los medios están llevando a la CIACR a verse obligada a acusarme así no existan las pruebas ni los elementos de certeza mínimos para hacerlo”, añadió. 

Pretelt insiste en que “una vez se tome la decisión sobre si hay mérito para acusarme, automáticamente, al tomarse una decisión en mi contra, quedaría suspendido de mi cargo como Magistrado de la Corte Constitucional y pasaría a ser juzgado por el Senado de la República, mismo órgano que decidió negarme la licencia(...)"

Más adelante, el magistrado Pretelt hace una afirmación mucho más grave en el sentido que todas estas actuaciones han derivado en un pronunciamiento de las Farc.

Según él, estas afirmaciones lo ponen en peligro y aseguró que la persecución de la que es víctima ha “patrocinado” tortura psicológica a su familia. 

“El Estado está usando sus medios para adelantar y patrocinar una tortura psicológica contra mis hijos y contra mí, al emitir juicios que han dado pie a la humillación, a la persecución y rechazo de todos los miembros de mi familia por parte de los medios, y de las personas en nuestros sitios de trabajo y estudio".

Añade el magistrado: "todo ello con la finalidad de que yo renuncie a mi cargo como una forma de reconocimiento de unas acusaciones de las que no soy responsable y de las que tengo derecho a defenderme”

Entre esas actuaciones, el magistrado citó la situación que tienen que enfrentar sus hijos en las universidades y en el colegio.

Incluso dijo que en la oficina de los judicantes que trabajan en su despacho en la Corte fue dejado un desinfectante que señalaba textualmente "ahí tienen para que se limpien la mierda de trabajar en ese despacho". 

El magistrado Pretelt cierra su petición asegurando que no hay duda que todo esta situación se trata de una persecución política, de una “injerencia arbitraria y extralimitada de parte del Gobierno, la Fiscalía, el Congreso e incluso algunos Magistrados”, que amerita que la Corte le otorgue medidas cautelares a fin de evitar un daño irreparable. 

Concretamente, el magistrado Pretelt pidió protección por parte del Estado por lo señalamientos de las Farc, que el Presidente Juan Manuel Santos manifieste que se han venido haciendo señalamientos sobre una denuncia a Pretelt que no ha sido probada todavía y que exija entonces a sus funcionarios que respeten su buen nombre. 

Pide igualmente que el “Fiscal General de la Nación se abstenga de utilizar el ente investigador como una herramienta de presión para obtener mi renuncia".

El magistrado Pretelt se adelanta además y pide que el Congreso no lo suspenda por 30 días hasta tanto no haya una acusación en firme en su caso.