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Néstor Humberto Martínez, fiscal General de la Nación. | Foto: Colprensa

JUAN MANUEL SANTOS

Por fallas del sistema penal existen 112.461 audiencias represadas: Fiscal

En la ceremonia de conmemoración de los 25 años de la Fiscalía, Néstor Humberto Martínez hizo un llamado al Gobierno a estructurar lineamientos de la política criminal.

6 de julio de 2017 Por: Colprensa

Un fuerte llamado realizó este jueves el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al Gobierno Nacional para que estructure lineamientos de política criminal con el fin de mitigar el colapso que sufre en este momento el sistema penal acusatorio.

De acuerdo con el Fiscal, su solicitud al Estado colombiano puede moderar la situación que pasa en este momento la justicia colombiana.

Martínez precisó que en el territorio nacional “hay 112.461 audiencias represadas, de ellas 17.168 son de imputación, de las cuales ya hay programadas 1725 a un año”.


El reporte que tiene el Fiscal General sobre los procesos judiciales dan cuenta de 9864 decisiones de jueces pendientes, así como más de 15 mil personas a quienes no se les ha resuelto su situación jurídica, incluso habiendo aceptado los cargos por los que se les acusa.

El Fiscal en su intervención indicó que el Gobierno colombiano debe definir patrones específicos para que empiece a regir de forma regular la Justicia Especial para la Paz.

“Creemos firmemente que la JEP está llamada a cerrar jurídicamente el conflicto que vivió el país, además se debe tener en cuenta que de no explicarse los alcances de esa justicia especial, uno de los actores del conflicto se empeñaría en la aplicación de un régimen ajeno a la justicia transicional“, aseveró el jefe del ente acusador.

Martínez reiteró que desde el ente acusador seguirá combatiendo la criminalidad y la corrupción dentro y fuera de la Institución, indicó que ese es el propósito del órgano desde que empezó a regir.

Endurecerán castigos a corruptos: Santos

En el marco de la conmemoración de los 25 años de la Fiscalía General de la Nación, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, confirmó que a partir del próximo 20 de julio se tiene previsto estructurar proyectos de ley ante el Congreso de la República con el fin de combatir la corrupción y de esta manera seguir apoyando la labor de la Fiscalía General.

De acuerdo con el mandatario de los colombianos, con esta iniciativa se busca evitar los beneficios que tienen los detenidos de casa por cárcel “ya que con esta medida se está incitando a que los delincuentes operen desde la comodidad de sus hogares”, precisó el mandatario.

Santos aseguró que la justicia colombiana debe tener reparos en los beneficios que brindan a los delincuentes, y precisó que “el sistema no seguirá siendo tan generoso como hoy: no puede ser que, solo por aceptar cargos, el imputado obtenga hasta 50 % de rebaja, sin tener que restituir el patrimonio de los colombianos ni delatar a otros”.

En ese sentido, otra iniciativa por parte del Gobierno Nacional consiste en “ampliar el tiempo de prescripción de los delitos de corrupción; además, ni Fiscal, ni Procurador, ni Auditor, ni Contralor, podrán nombrar a familiares de quienes los postulan; y los funcionarios públicos, en general, tampoco podrán recibir regalos, viajes, hospedajes o viáticos de quienes tengan o hayan tenido intereses en contratar con sus entidades”, afirmó.

"Una de las iniciativas también será implementar la denuncia de conductas corruptas, y a proteger a quienes denuncien", indicó el Presidente.

En su discurso, el jefe de Estado expresó su satisfacción por las actuaciones adelantadas por el ente acusador en el atentado terrorista al Centro Comercial Andino, pues consideró que los resultados fueron positivos y que espera las pruebas sean presentadas al pueblo colombiano con el fin de esclarecer los hechos que bordearon la muerte de tres personas.

De igual manera, sostuvo que el papel de la Fiscalía General de la Nación desde hace 25 años siempre ha sido combatir la criminalidad, la corrupción y el narcotráfico que aqueja al país, por ello, confirmó que el ente acusador, va en la misma dirección del Gobierno Nacional.

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