Por ‘desproporcionada’ se cayó sanción a Alonso Salazar, dicen analistas

Por ‘desproporcionada’ se cayó sanción a Alonso Salazar, dicen analistas

Marzo 28, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País, Bogotá.
Por ‘desproporcionada’ se cayó sanción  a Alonso Salazar, dicen analistas

Exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo.

Analistas dicen que el fallo del exalcalde de Medellín podría ser utilizado por otros funcionarios para pedir un trato similar a través de acciones de nulidad.

Al considerar que se trató de una sanción desproporcionada, ayer el Consejo de Estado anuló la decisión de la Procuraduría General en contra del exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien había sido destituido e inhabilitado por 12 años para ejercer cargos públicos.Al explicar el fallo, el consejero de Estado Gustavo Gómez dijo que “el juez natural de los actos de la administración del Ministerio Público es el Consejo de Estado, dentro de ese control se hace un examen integral y aquí se estableció que no estaba en el marco, porque se había incurrido en desproporción de la sanción”.Por esta razón, la decisión del Consejo de Estado fue interponer una amonestación en contra de Salazar para que modere sus comentarios ante los medios de comunicación y las redes sociales, en la medida en que siendo mandatario de Medellín acusó a un candidato a la Alcaldía de la capital antioqueña de recibir apoyo de los paramilitares y otros grupos armados ilegales.Sobre esta decisión, el procurador General, Alejandro Ordóñez, dijo que este es un tema para “no dramatizar” y enfatizó que su despacho acata este fallo.Ordóñez explicó que no es el primer fallo que emite el Consejo de Estado en este sentido y aclaró que, precisamente, “para eso existen los controles de legalidad”.A su turno, el vicepresidente Angelino Garzón se mostró complacido y dijo que este fallo permite diferenciar lo que es una equivocación administrativa de un funcionario público de un acto ilegal, como podría ser un hecho de corrupción o vínculos con grupos armados ilegales. “Me alegra mucho -el fallo del Consejo de Estado- porque Alonso Salazar es un hombre bueno en todo el sentido de la palabra, y creo que la decisión del Consejo de Estado nos permite continuar la reflexión de que tenemos que diferenciar en los servidores públicos aquellos actos criminales”, dijo Garzón.Complementó que “una cosa es que un servidor público se pueda equivocar administrativamente y otra cosa son aquellos servidores públicos que están comprometidos con actos criminales como son la corrupción y la relación con grupos armados ilegales”. ¿Un fallo con repercusiones?Esta decisión de la justicia contenciosa administrativa, a juicio de varios expertos que se han pronunciado sobre sus alcances, abriría las puertas para que también se aplicara al hoy exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, a quien la Procuraduría destituyó e inhabilitó durante 15 años para ocupar cargos públicos.De hecho, ayer Petro reaccionó y aseguró que “el Consejo de Estado se dividió en mi caso analizando la tutela. Ahora demuestra la justicia que el Procurador actuó arbitrariamente, actúo como policía, político y religioso”.Pero el espectro de los alcances de la decisión abrió el debate sobre si el fallo del Consejo de Estado de anular todo lo actuado por la Procuraduría podría aplicarse a casos como los del exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía y otros políticos que fueron sancionados por faltas disciplinarias.Para los expertos, la decisión adoptada por el Consejo de Estado es un buen precedente que podría ser aplicado por quienes han resultado afectados con sanciones similares a la que fue sujeto el exalcalde Salazar.En una primera instancia, el exprocurador General de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar explicó que “es un precedente de acuerdo con el contexto, debido a que si hay casos idénticos o similares los afectados pueden optar por la acción de nulidad, la cual es clave para la solución de conflictos jurídicos”.Pero no todos los analistas comparten esa visión. El constitucionalista Juan Manuel Charry, por ejemplo, considera que la situación con el exalcalde Salazar “no abre la vía para quienes hayan sido afectados con fallos de la Procuraduría se basen en lo actuado con Salazar”, ya que “los casos se manejan de manera independiente con base en la petición que haga el demandante al juez sobre lo que considere que vulneró sus derechos”.Aseguró que para instaurar un recurso de nulidad, el afectado tiene cuatro meses a partir del momento en que se haya ratificado, en segunda instancia, la sanción disciplinaria. Y al referirse a los casos de Abadía y otros cree que ellos ya instauraron esas demandas, porque de “los 2.500 funcionarios que ha sancionado la Procuraduría, no menos del 50% han acudido a esta figura”.Una mirada diferente la dio el exmagistrado de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, quien dijo que “el antecedente de este fallo es que deja claro el sometimiento del Procurador al imperio de la Constitución y la Ley y recuerda que no estamos en la inquisición en la que se aplican sanciones desproporcionadas”.Entre tanto, el exviceministro de Justicia, Guillermo Francisco Reyes, manifestó que esta decisión del Consejo de Estado podría servir de base para los funcionarios que sientan que sus casos son similares.“Si una persona, en igual circunstancia, decide interponer un recurso de nulidad tiene este precedente para pedir que le den el mismo trato”, explicó.Los analistas consultados por este diario coincidieron en que el recurso de nulidad y restablecimiento del derecho es viable para cualquier funcionario público que considere que el fallo proferido por el Ministerio Público tiene falencias, vulneró sus derechos o que, eventualmente, hubo desproporcionalidad en la sanción proferida.En este sentido, el exprocurador Cuéllar anotó que “ese es un recurso de control que existe para hacer las revisiones a las decisiones de la Procuraduría, es el mecanismo idóneo para el restablecimiento del derecho”.Igual consideró el experto constitucionalista Juan Manuel Charry, quien explicó además que “cuando una persona solicita la revisión acude a la figura que los juristas denominamos justicia rogada y es que reclama que se revisen los puntos específicos en los que se considera hubo vulneraciones de los derechos”.Por su parte, el exmagistrado José Gregorio Hernández coincidió con estas posiciones, y comentó que el recurso de nulidad es un derecho al que pueden acceder todos los ciudadanos que se sientan afectados con un fallo de la Procuraduría.

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