¿Política y justicia, unidos por un ‘cordón umbilical’?

Opiniones divididas sobre la injerencia de la política en la administración de justicia. Para unos es una realidad palpable, para otros no.

Los linderos entre la política y la Rama Judicial parecen comenzar a desvanecerse. La delgada línea entre las dos se muestra difusa ante los hechos que hoy tienen a la Justicia en una tormenta que ha puesto a prueba su propia institucionalidad y legitimidad.Hechos recientes como el error de la Corte Suprema en la elección de Viviane Morales como fiscal, puesto en evidencia por el Consejo de Estado; el escándalo del ‘carrusel’ pensional, las facultades nominadoras y de elección que tienen las Cortes, abrieron el debate sobre hasta qué punto la política ha logrado permear a este brazo del poder público. Para algunos analistas esta relación es palpable, existente y urgente de reformar; otros, a pesar de no reconocer la conexión, terminan justificando algún tipo de interferencia. Y están los que la niegan de forma tajante.El exconstituyente Jaime Castro encuentra que hay “un grado de politización en la justicia” que se origina en la existencia de un “cordón umbilical entre clase política y poder judicial”.Castro describe la existencia de una cadena que conlleva a la politización.En una profunda radiografía, el exconstituyente dice que todo nace en el Congreso de la República, que elige a los integrantes de una de las salas del Consejo Superior de la Judicatura. A su vez, ese organismo es el que postula los candidatos a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado.El paso siguiente de esta escala, según Castro, es que la Corte Suprema y el Consejo de Estado son los que luego designan los tribunales departamentales, que a su vez designan los jueces, y es en este punto donde la cadena toma forma porque -a juicio del exalcalde de Bogotá- “por ese camino, senadores y representantes están influyendo en el nombramiento de magistrados y de jueces”, por lo que concluye que es “ahí cuando se origina la politización de la justicia”.La influencia que ejercen los congresistas en estas elecciones es para Castro la razón tangible de que el Legislativo no haya aprobado la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, a pesar que este propósito se ha plasmado en “varios proyectos que han sido puestos a consideración del Congreso”.A su turno, Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, habla sobre las facultades nominadoras que tienen las Cortes, de las que dice que “están abriendo la puerta a la politización de la Justicia” y al argumentar que cuando se las quieren quitar en la reforma a la Justicia, los tribunales se quejan. a pesar que -según explica- “ellos mismos y en la comisión de Bonivento pedían que les retiraran esas facultades”.Pero Borrero encuentra una arista adicional, que radica en que la politización se encuentra al interior mismo de la rama. “En esa gran familia judicial hay una gran politización. Ahí sí que hay burocracia, ahí sí que se nombran personas para satisfacer apetitos burocráticos. Ese tema de la politización de la Justicia no es solamente por eso, es por muchos factores más”.Mientras tanto, el exprocurador Jaime Bernal Cuéllar tiene su propia visión del tema y se refiere, principalmente, a la facultad nominadora de las Cortes, de la que dice que si se le quita “le da más autonomía y se despolitiza” y advierte que de mantenerse el esquema actual lo único que se va a lograr es el aumento de los cuestionamientos.Pero en este debate hay de todo como en botica. También se encuentran los que consideran que hay cero política en la justicia, pero reconocen la existencia de interferencias ajenas a la rama.Uno de los que está en este escenario es el expresidente de a Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, quien al negar la politización de la justicia, dice que “lo que creo es que se confunden en el debate esos términos. Una cosa es que ciertas decisiones judiciales tengan efectos políticos y otra cosa es que los magistrados o los jueces fallen esos procesos por móviles políticos o partidistas”.Justifica esta situación cuando advierte que las decisiones de los jueces o magistrados “tienen incidencia en el campo político, pero no por ello se puede manifestar que la justicia esté politizada”.Al ser cuestionado sobre las motivaciones políticas que se mueven en la rama, el jurista argumenta que “creo que hay que confiar en el poder judicial y que ellos, los jueces y magistrados, se comporten a lo dictado por la ley”.Otro que no cree en este fenómeno, es el parlamentario andino y exsenador Héctor Helí Rojas, quien está convencido que esa imagen de politización se deriva del comportamiento de los mandatarios de turno frente a la administración de justicia. “Lo que pienso es que gobiernos como los de Álvaro Uribe y como de Juan Manuel Santos no han entendido el papel que en el Estado moderno juegan los jueces”, agrega. Esta situación, a criterio de Rojas, se debe a que “hoy en día el juez es más poderoso que el mismo Congreso, porque puede anular la ley que hace el Legislativo o puede definir, a través de interpretación, cómo se debe entender la ley”. El Parlamentario dice que los gobiernos son amigos de los congresos y que de la misma manera pretenden que “los jueces -al igual que los congresos- sean “amiguitos de los ejecutivos”.Para Rojas ese fenómeno en la justicia radica en que quienes se ven afectados con los fallos inmediatamente acusan de politización y remata: “Habría que ver cuántos de esos políticos y esos gobernantes han infringido la ley y tienen que responder por sus actos”.Para el catedrático Ernesto Rengifo todo este debate se materializa en un solo fenómeno: la corrupción.“Lamentablemente todos estos movimientos políticos han querido utilizar la justicia para justificar sus errores de corrupción, es decir que es evidente que los políticos han tratado de deslegitimar la justicia, porque cuando surge alguna decisión salen a deslegitimarla. Así no se puede trabajar”, acusa.Rengifo opina que la clase dirigente busca proyectar una imagen de politización de la justicia para desligitimarla y argumenta que “por eso quieren que en la Fiscalía se elija a un pelele, para que se haga el bobo”.Como resulta apenas natural, quien defiende con vehemencia la independencia de la justicia es el presidente de la Corte Suprema, Javier Zapata, que se limita a indicar que hablar de la politización de esa rama “es fácil, pero difícil comprobarlo” al sustentar que se tienen que entender los cambios que se dieron en la Justicia a partir de la Constitución del 91.Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy, afirma que el coctel entre política y justicia es un tema superado y recuerda que “todo el país sabe que con anterioridad al año 91 unos despachos eran liberales y otros conservadores, que había cierto nivel de clientelismo judicial, donde el funcionario, no por sus méritos en algunos casos, podían permanecer o acceder al servicio judicial”.