Polémica por ‘vacíos’ en Ley de Inteligencia

Abril 18, 2011 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co I
Polémica por ‘vacíos’ en Ley de Inteligencia

A debate. La Ley de Inteligencia se convertirá en el marco reglamentario de la nueva agencia que reemplazará al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

La iniciativa, radicada en el Congreso, deberá aclarar el uso de las filtraciones y las garantías a la prensa.

El proyecto de ley de inteligencia y contrainteligencia, que pretende ser el marco legal para los procesos investigativos en el país, no tiene todavía claridad en torno a los propósitos reales que el Gobierno busca con la iniciativa.Para algunos sectores, como el analista Armando Borrero, es evidente que puede llegar a haber una preocupación, en la medida en que temas como las filtraciones no se pueden considerar legales en algunos casos, por lo que considera que el proyecto debe surtir serios ajustes antes de que se comience un debate formal.No obstante, sobre este elemento, en el que también se vinculaba a la prensa, el Gobierno anunció la modificación de este artículo. El senador Juan Manuel Galán, explicó que se va a incluir un parágrafo que indicará que “el mandato de reserva no vincula a los periodistas y a los medios de comunicación. Eso da mucha tranquilidad porque quien denuncie irregularidades debe tener todas las garantías”.Pero el tema sigue generando ampollas en el Congreso, debido a que la mayoría de los congresistas no comparten la eventual ‘mordaza’ a la prensa y advierten serios reparos a la iniciativa, como lo indicó el representante Germán Varón Cotrino, quien consideró que la función de los “medios de comunicación es, precisamente, ser veedor de lo público y no podemos recortar este derecho”.En igual sentido se pronunció el representante Telésforo Pedraza, quien dijo que “es un tema delicado. Es que no podemos entrar a judicializar a los periodistas por el tema de las informaciones, eso me parece delicado”.El lío de la reservaOtro elemento que ya saltó al debate fue el de la reserva, en la medida en que en la iniciativa se plantea que “por la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos de inteligencia y contrainteligencia sus documentos, información y elementos técnicos estarán amparados por la reserva legal por un término máximo de cuarenta (40) años y tendrán carácter de información reservada”.Adicionalmente, esta propuesta establece que “excepcionalmente y en casos específicos, por recomendación de cualquier organismo que lleve a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, el Presidente de la República podrá acoger la recomendación de extender la reserva por quince (15) años más, cuando su difusión suponga una amenaza grave contra la seguridad o la defensa nacional, ponga en riesgo las relaciones internacionales o atente contra la integridad personal de los agentes o las fuentes”.Sin embargo, el tema genera discrepancias, en la medida en que algunos sectores advierten que este tiempo de reserva podría llevar a la impunidad.El senador Camilo Romero dijo que esto es “una limitación desproporcionada del derecho a conocer la verdad sobre violaciones de derechos humanos respecto de las cuales los documentos y la información de inteligencia pueden aportar datos esclarecedores”. Explicó que también se afecta el derecho a juzgar a los responsables de esas violaciones, pues el transcurso de tanto tiempo impide cualquier actuación judicial posterior. Cosa similar piensa la presidenta del Polo Democrático Alternativo, PDA, Clara López, quien aseguró que “el tiempo propuesto es exagerado. Si bien hay que brindar seguridad a los ciudadanos, también la sociedad tiene derecho a ser informada. Esto se debe conciliar en el proyecto de ley” y añadió que un término aceptable podría ser de 30 años.Idiomas diferentesExiste una diferencia de criterios entre los alcances de la ley y su eventual aplicación, en la medida en que mientras el texto establece que “en ningún caso los informes de inteligencia y contrainteligencia tendrán valor probatorio dentro de procesos penales y disciplinarios, pero su contenido podrá constituir criterio orientador durante la indagación”, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, anotó que es una herramienta eficaz para la lucha contra los grupos ilegales e, incluso, las bandas criminales.Esta situación, desde la óptica del senador Juan Manuel Galán, es clara, debido a que consideró que “la inteligencia no sirve para perseguir criminales, porque eso lo hacen las autoridades que tienen facultades de Policía Judicial y lo ejecutan para perseguir el delito” y aclaró que “la inteligencia no es para eso, la inteligencia es para perseguir básicamente, para que quienes toman decisiones políticas cuenten con la información y las herramientas de análisis respecto a amenazas a determinados casos que se requiere información oportuna y confiable, neutral e imparcial”.Sin embargo, el ministro Rivera habla otro idioma. “Tenemos un gran esfuerzo en términos de recursos para las fuerzas, pero la clave para utilizar esta fuerza para focalizarla donde es. La clave es la inteligencia”.“Por ello, la firme decisión política del gobierno es fortalecer la inteligencia para garantizar los propósitos de seguridad en zonas rojas, amarillas y en las verdes”, anotó el Ministro.Es aquí donde algunos sectores se preguntan sobre si la ley tiene dos propósitos, por lo que hacen un llamado al análisis.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad