Polémica entre Alcalde e ingenieros por contrato de vías en zona rural de popayán

El contrato entre el Alcalde de Popayán y la firma contratista tuvo que ser firmado por otra persona porque el gerente está huyendo, según lo afirman los denunciantes

A los estrados judiciales pasó la polémica entre los ingenieros caucanos y el Alcalde de Popayán, por causa de la adjudicación de una obra de pavimento de vías rurales a una firma cuyo gerente está prófugo de la justicia, justo por el incumplimiento de un contrato en la costa Caribe.El lío entre la Asociación de Ingenieros del Cauca y el alcalde Francisco Fuentes Meneses reventó en la reanudación de la audiencia del sorteo de adjudicación del 21 de diciembre pasado, presidida por el Mandatario, quien fue advertido en la sesión previa de la supuesta inhabilidad de Coopemun, firma esta que participó en la licitación N.° 123 abierta con el fin de realizar obras en 5,9 kilómetros de vías por valor de $2403 millones.El señalamiento sobre Coopemun se basó en que su representante legal, Vladimir Roldán Umaña, fue condenado el año pasado por peculado por apropiación por el incumplimiento de un contrato (ver recuadro) celebrado con el municipio de La Jagua de Ibirico, en el departamento de Cesar, para ejecutar una obra pública de implicaciones similares a la que se decidió en la audiencia.Ese fallo judicial, resuelto en sala de casación por la Corte Suprema de Justicia y por cuyo conocimiento el mandatario suspendió la audiencia de adjudicación para analizarlo, condenó al gerente Roldán a “57 meses y 28 días de prisión y una multa de $1.065.142.257, como interviniente penalmente responsable del delito de peculado por apropiación, agravado por la cuantía”.Adicionalmente, los ingenieros en su denuncia resaltan la imposibilidad de la adjudicación, pidiendo que se tenga en cuenta la calificación que sobre el gerente Roldán hizo la Corte Suprema de Justicia.“No puede olvidarse que la conducta llevada a cabo como reveladora de su personalidad, muestra al procesado como una persona especialmente peligrosa para la sociedad, en cuanto formando parte de una bien montada organización criminal para defraudar patrimonialmente el erario del municipio de La Jagua de Ibirico, se dio a la tarea de participar activamente en un proceso de contratación administrativa aparentemente legítimo y genuino, pero sustancialmente espurio (…).Precisamente, el cuestionamiento de la Corte y los de las demás firmas oferentes fueron la razón para que la audiencia de adjudicación fuera aplazada.Cinco días después, el alcalde Fuentes asistió a su reanudación, según consta en actas, con argumentos que respaldaban la decisión tomada y que presentó ante los asistentes a la audiencia.“El distinguido representante legal de la Cooperativa fue condenado...”, es la calificación con la que el alcalde de Popayán redondeó su concepto y el de la asamblea, no sin antes fijar la posición frente a la inhabilidad que se reclamaba por parte de los ingenieros.“Observa el comité evaluador que Coopremun no es una sociedad sino una cooperativa; es principio del derecho público y aceptado por la jurisprudencia que las inhabilidades, primero, son de origen legal; segundo, taxativamente las que establece la ley; y tercero, no se puede aplicar por vía de interpretación a la lógica o entendida, por lo tanto, no le podemos aplicar esta inhabilidad al caso de la cooperativa que se ha presentado como oferente”, reza un aparte del acta respectiva.En concreto, la Administración para soportar su alegato se remitió al Artículo 1 del Estatuto Anticorrupción, que en su parte final dice: “Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas”.Esta norma fue y sigue siendo esgrimida por la Administración payanesa como sustento de su actuación, al ratificar la que a manera de conclusión fue expuesta cinco días antes de adjudicarle la obra a Coopemun.“... a él (Roldán) no le era aplicable la circunstancia de no poder presentar propuesta a título personal o en representación de una persona jurídica. Entonces, desde el punto de vista constitucional y legal queda claro que no hay ningún tipo de inhabilidad para la Cooperativa Coopemun”.En contrario, la denuncia de los ingenieros ante la Fiscalía Seccional sostiene que “la exclusión no se extiende al representante legal, que es una persona distinta al socio (…), si no al socio, de manera que el argumento (…) está total y flagrantemente equivocado”.Concluyen los denunciantes en su alegato: “Cuando el representante legal ha sido condenado por peculado, la sociedad o la cooperativa no pueden contratar”.Por todo esto, el alcalde Fuentes resumió a El País las razones para adjudicar la licitación: “Coopemun fue la única de las cuatro firmas oferentes que cumplió los requisitos. Si no hubiéramos hecho caso del procedimiento legal, lo que tendríamos hoy es una reclamación y yo estaría investigado o demandado”.Este diario buscó en forma infructuosa, en repetidas ocasiones y durante dos semanas al gerente Roldán, pero en su oficina en Bogotá no dan razón de él.“Siempre hay descontento”El alcalde de popayán, Francisco Fuentes Meneses, sostiene que adicional a su argumentación jurídica sobre el proceso de adjudicación de la licitación 123 del año pasado se han dado otros factores, entre ellos el de que siempre “puede haber un descontento” obvio de quienes perdieron en el sorteo. “Se han generado toda clase de interpretaciones que estaremos prestos a aclarar ante los organismos y las instancias competentes, pero tengo que insistir, y que quede bien claro, en que la licitación se adjudicó a la cooperativa y no a su representante legal”, indicó el alcalde Roldán.De ahí que el mandatario recalcó que “por eso se suspendió el proceso de adjudicación, en los cuestionamientos de los oferentes se expuso la conducta criminal del gerente de Coopemun, pero luego del análisis que hicimos se encontró que todo el proceso estaba ajustado a derecho”.