Polémica en Colombia por reforma a la Justicia aprobada por el Congreso

Junio 21, 2012 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co I Colprensa
Polémica en Colombia por reforma a la Justicia aprobada por el Congreso

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de reforma a la justicia, a través del cual se creará el Consejo Nacional de Disciplina Judicial.

Varios usuarios de las redes sociales y diferentes sectores del país se pronunciaron ante la aprobación de la Reforma a la Justicia.

La aprobación en el Congreso de la República de la reforma a la Justicia ha generado diversas reacciones en varios sectores del país y ha encendido también una polémica a través de las redes sociales.En twitter, el usuario Víctor Solano, identificado como @Solano, considera que esta es una muestra de que “los congresistas confeccionan las leyes para su beneficio; son sastres de sus jueces... Son un DeSastre”.Para la usuaria Claudia López, ?@CLOPEZanalista, “vamos a demostrarle al Congreso y al Gobierno que no pueden pisotear la ciudadanía y autoconcederse impunidad".“Se siente que hay una nueva ciudadanía capaz de sobrepasar la elementalidad de turbios acuerdos del poder. Vamos, #SeMueveLaContraReforma”, replicó Camilo Romero, conocido como ?@camiloromero en esta red social.En opinión de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, la enmienda constitucional no se debe calificar como unos cambios a las normas judiciales, sino una "contra-reforma política" que va en contra de lo que se había avanzado.Barrios, tras analizar el acto legislativo, encontró que son varios los aspectos en los que la reforma lleva incluidos ‘micos’ de por medio.Frente al tema más controvertido, el régimen de pérdida de investidura, explicó que se eliminó la violación del régimen de inhabilidades como causal de pérdida de investidura.El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, también afirmó que el Gobierno Nacional no quedó conforme con la forma en que se aprobó la reforma a la Justicia y que hubiera preferido que se optará por la fórmula que propuso en su momento la Cámara de Representantes."Quisiera dejar unas constancias en nombre del Gobierno sobre ciertos temas que surgieron de la conciliación de ayer. No nos llena de felicidad ni remotamente la forma como quedó establecido el régimen de la pérdida de investidura, tampoco lo que se dispuso en relación con el director de la rama, tampoco lo que se estableció en relación con algunos otros aspectos, que se hubieran eliminado algunas causales para la pérdida de investidura", afirmó el ministro.Esguerra dijo que el Gobierno estudiará la posibilidad de demandar algunos artículos de la reforma a la Justicia que fueron incluidos a última hora con los que no está de acuerdo, entre ellos el que establece inmunidad para los secretarios de Senado y Cámara. La controvertida reforma a la Justicia se convirtió anoche en una enmienda constitucional, luego que concluyera el proceso de conciliación del texto aprobado por el Congreso. La Cámara aprobó el informe de la conciliación por 117 votos contra 10, mientras que en el Senado fue acogida por 60 por 16 negativos.En el acto legislativo que proclama la reforma se incorporan normas para descongestionar a la justicia, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y un mayor presupuesto para la rama.Sin embargo, a última hora, en el proceso de conciliación se incluyeron nuevas normas que fortalecen la figura y el ejercicio de congresista de la República, lo que ha sido calificado por diferentes sectores como una muestra clara de que el Congreso legisló en beneficio propio.En concepto de congresistas del Partido Verde y el Polo Democrático, la reforma nace viciada porque a último momento se quitó el régimen de inhabilidades que aplicaba hasta la fecha a los congresistas.Los beneficios al CongresoEn la enmienda constitucional se precisa que en adelante el juzgamiento de los congresistas tendrá la doble instancia en procesos de pérdida de la investidura. En tal sentido, la Constitución Política señalará de ahora en adelante que se elimina la violación al régimen de inhabilidades para ser electo congresista como causal de pérdida de investidura, porque son circunstancias anteriores a su condición de parlamentario y que para ello existe la acción de nulidad electoral.Igualmente se dice que se "dará el principio de gradualidad en la sanción, la que puede ser suspensión o pérdida, atendiendo la entidad de la falta y el dolo o culpa en que actúo el investigado".Señala la reforma constitucional además que los congresistas sólo podrán ser detenidos tan sólo hasta el momento en que se la haya expedido una resolución de acusación por parte de la Corte Suprema, en donde se crea una sala especial de investigación.Un aspecto más que se indica es que "quienes presenten demandas de suspensión o pérdida de investidura infundadas o temerarias, serán condenados a pagar las costas del proceso".Al respecto de estas reformas para el Congreso, el ministro de la Justicia, Juan Carlos Esguerra, aseguró que no compartió que el texto final haya salido con ese cambio en cuanto a las inhabilidades."No nos gusta finalmente la fórmula que se acogió con relación a la pérdida de investidura, el Gobierno hubiera preferido lo que salió de la Cámara de Representantes que conservaba lo esencial que es su condición de ser una sanción objetiva y que en términos futbolísticos podría denominarse una tarjeta roja directa, directa, la fórmula que se aprobó en donde hay unas tarjetas amarillas y unas rojas, en donde se cambiaron algunas de las causales" , sostuvo.En similar sentido se pronunció el representante y ponente Alfonso Prada, quien considera que la figura de la pérdida de investidura será en adelante poco aplicable."Me parece que es un pésimo mensaje del Congreso de la República y no me gusta que prácticamente desarticularon todo lo que se había intentado armar en con el sistema de juzgamiento de aforados, garantista transparente, con doble instancia y me parece que esto queda muy desarticulado" , sostuvo.Explicó que finalmente se acogió un híbrido que mantiene unos criterios que no existían en la Constitución del 91, "la subjetividad, la proporcionalidad y la posibilidad de que no haya pérdida sino suspensión de investidura" y que en particular se eliminan las inhabilidades.Habla el Consejo de EstadoEl presidente del Consejo de Estado, magistrado Gustavo Gómez Aranguren, también manifestó su preocupación por el articulado de la reforma a la Justicia que aprobó el Congreso."Estamos en una crisis institucional que no deseamos jamás y que de alguna manera, en cambio de avanzar en el fortalecimiento y modernización de la Justicia y del Estado, implica un paso atrás muy preocupante" .Preocupa especialmente a la Corporación que no se fijaron mecanismos de transición para el Gobierno de la Rama y ya quedó eliminada la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura."Estamos pendientes de afrontar la terminación de funciones de la Sala Administrativa que es la que representa el funcionamiento de la Rama. No se dejó un régimen de transición para esa Sala, eso supone una crisis institucional que hay que afrontar y tratar de solventar de la mejor manera posible" , dijo Gómez.Con la entrada en vigencia de la Reforma, quedan paralizados al menos 50 procesos de pérdida de investidura que ahora deberán repartirse entre las secciones del Consejo de Estado, para fallo de primera instancia en el que además se deberá comprobar dolo. Estos necesariamente irán a segunda instancia en donde deberán alcanzar los votos de las tres quintas partes de la Sala Plena para que prospere la acción.Tal vez, el elemento más grave o polémico en este cambio, según explicó el magistrado Gómez, es que si la acción no prospera, quien denunció terminará pagando."Es una acción ciudadana que se gravó con una condena en costas en caso que la demanda no prospere en cargo del ciudadano que interponga la demanda. Eso va a desestimular por supuesto el control que se hacía de sus ciudadanos en cuanto al funcionamiento de sus congresistas. En la práctica, la institución quedó reducida a muy poco" , señaló.Igualmente, consideró que es el ciudadano de a pie el que se verá directamente afectado porque con sus impuestos deberá sostener una Corte de 17 miembros creada para juzgar las conductas penales de los aforados constitucionales, así como una rama judicial que a su juicio perdió independencia y autonomía."Soportar una Justicia en donde sus jueces no serán los profesionales designados por concurso, sino que puede ser cualquier abogado que eventualmente se le asigne al caso o un notario" , señaló.DescongestiónPara la descongestión judicial se otorga facultades jurisdiccionales a empleados judiciales (servidores distintos a los jueces y magistrados) , notarios, centros de arbitraje, centros de conciliación y a abogados en ejercicio en calidad de jueces adjuntos.La ley deberá determinar qué asuntos, trámites o procesos pueden encargarse a estos nuevos titulares de la función jurisdiccional, pero no serán los grandes procesos.De otra parte, la ley podrá disponer que ciertas controversias se resuelvan mediante arbitraje.Juzgamiento aforadosSe acogió un modelo propuesto por la propia Corte Suprema de Justicia en donde se extiende a todos los aforados constitucionales (presidente, vicepresidente, fiscal, procurador, contralor, magistrados) las garantías de las que gozan los demás ciudadanos, a la separación entre las funciones de investigación y de juzgamiento y la doble instancia.Magistrados, más añosSe aumentó de 10 a 20 años el requisito de experiencia para acceder a las altas Cortes, para garantizar que lleguen los más ilustres juristas.Se amplía su período de 8 a 12 años para darles mayor estabilidad e independencia, incluyendo a los actuales magistrados de las cortes.Eliminación Consejo SuperiorSe eliminó el Consejo Superior de la Judicatura, tanto su Sala Administrativa como su Sala Disciplinaria. La Sala Administrativa, será reemplazada por un Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial, compuesta por tres niveles (Sala de Gobierno Judicial, Junta Administrativa y Director Ejecutivo de Administración Judicial) que, con funciones claramente definidas, trazarán la política del sector, y harán la gestión y ejecución de las políticas y programas de la Rama.En el máximo órgano de gobierno y administración de la Rama, tendrán asiento los presidentes de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, además de un delegado de los magistrados de tribunal, otro delegado de jueces y uno de los empleados judiciales, concretando el viejo anhelo de la democratización en la administración.También harán parte de ese órgano, con voz pero sin voto, el Ministro de Justicia y del Derecho, el Fiscal General de la Nación y el Director Ejecutivo de Administración Judicial.Por su lado, la actual Sala Jurisdiccional Disciplinaria fue eliminada. Se crea el Consejo Nacional de Disciplina Judicial integrado por nueve (9) consejeros elegidos por el Congreso de la República de ternas elaboradas por las tres altas Cortes. Para evitar choques de trenes, se elimina expresamente la potestad de este órgano jurisdiccional para conocer tutelas.Más dineroSe aprobó la destinación de 2 billones de pesos como presupuesto adicional de inversión en los próximos 6 años. Estos recursos serán para tecnologías de la información y las comunicaciones, descongestión judicial, implementación de la oralidad y mejoramiento de la infraestructura.De otra parte, se le garantizó al Sector Jurisdiccional que su presupuesto ordinario, tanto en funcionamiento como en inversión, crecerá, como mínimo al IPC más 2 puntos porcentuales en los próximos 10 años.

VER COMENTARIOS
CONTINÚA LEYENDO
Publicidad