Polémica en Bogotá por debate homofóbico en el Concejo

El concejal del PIN Marco Fidel Ramírez es criticado por criticar la vinculación de la población LGTBI en el Canal Capital.

Una nueva polémica protagoniza el controvertido concejal de Bogotá, Marco Fidel Ramírez, del Partido de Integración Nacional (PIN). Esta vez, el cabildante y pastor de una iglesia cristiana de Bogotá, recibió toda clase de críticas por impulsar una proposición aprobada de forma no muy clara en la plenaria del cabildo Distrital, y que pretende establecer algunos aspectos de la vinculación laboral de la población Lgbti (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) al Canal Capital, el canal público de televisión en la capital del país. La historia comenzó hace dos meses, cuando trascendió que en la administración del alcalde Gustavo Petro había ya más de cien personas de esa comunidad vinculadas a distintos cargos distritales. Desde entonces, el concejal Ramírez dejó ver su malestar por el “desmesurado privilegio” que la administración “le viene dando” a esta comunidad. Pero la gota que rebosó la paciencia de Ramírez fue el lanzamiento hace pocos meses y por todo lo alto, en Tetaron, del programa ‘El Sofá’, “hecho por la comunidad Lgbti para esa comunidad” -en palabras de Holman Morris-, razón por la que el concejal afirmó sin titubeos que “el Canal Capital está al servicio” de esas personas. Y así fue. En agosto pasado presentó una proposición de citación a Morris, a quien le envió un cuestionario de más de 50 preguntas (ver recuadro), en el que indaga, entre otras cosas por cuántos miembros de esa comunidad trabajan en el Canal Capital, en qué cargos y su asignación salarial. La polémicaComo era de esperarse, la citación a Morris, pero sobre todo el cuestionario, generó toda clase de reacciones a favor y en contra, no solo en el Concejo sino en las redes sociales en las que se llegó a comparar al concejal Ramírez con “el sectarismo y ortodoxia” del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado. Para algunos, como el concejal Antonio Sanguino, del Partido Verde, se trata de una actitud “homofóbica, basada en criterios religiosos y que puede constituir acoso laboral para la comunidad Lgbti”. A su turno, el concejal Juan Carlos Flórez, de la Alianza Social Independiente (ASI), admite que tres de las preguntas del cuestionario “son abiertamente inconstitucionales” porque vulneran los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la privacidad y a la intimidad. “Yo no me atrevo a decir abiertamente que se trate de una actitud homofóbica, pero por lo menos sí transgredió el ámbito de lo constitucional”, afirmó Flórez, quien al igual que el propio Morris, admite que el debate sobre la gestión del Canal Capital “hay que hacerlo, siempre que se quiten las tres preguntas en cuestión”. “Me sorprende que un concejal haga ese tipo de preguntas cuando la sociedad colombiana todos los días pide garantías para expresarse libremente, y cuando hemos logrado grandes avances para garantizar los derechos de la población Lgbti. Eso no tiene presentación”, dijo el gerente del Canal Capital. Morris explicó que constitucionalmente no está obligado a responder algunas preguntas del cuestionario, pero se mostró partidario de dar explicaciones sobre su gestión. “La televisión pública esta cumpliendo los postulados de respeto, pluralidad política, religiosa, social y cultural”, aseguró Morris, pero advirtió que para la selección de contratistas “en el Canal Capital no hay una fila para homosexuales y otra para e heterosexuales. Eso corresponde al fuero personal de cada quien”. "Es una persecución políticaTras la polémica que suscitó el anuncio de debate político, el concejal Ramírez, quien se autodefine como el ‘Concejal de la Familia’, expidió un comunicado en el que atribuye a una persecución política y religiosa en su contra “a través de la Alcaldía Mayor, el Canal Capital y algunos colegas del Concejo”. Y agrega que pese a estar en su derecho de realizar debates de control político, hay un ambiente de animadversión pues dice que en el cabildo distrital ha sido víctima de “tortura síquica agravada por hostigamientos y discriminación”. Ramírez concluye que “ama y reconoce profundamente a la comunidad Lgbti”, pero advierte que “pensar diferente y expresarlo, es un derecho constitucional” del que está haciendo uso. La contrademandaLa otra arista de la polémica la constituye la propia comunidad Lgbti. Su abogado defensor, Germán Humberto Rincón Pefetti, afirmó que el concejal Ramírez “abusa del poder” cuando pretende realizar un debate de control político desconociendo derechos fundamentales. Rincón agregó que “él está en libertad de profesar sus creencias religiosas, pero lo que no es permisible es que en un Estado laico él quiera disfrazar y hacer uso inadecuado de su cargo para temas que él considera peligroso e inadecuados”. El jurista anunció que le va a enviar al cabildante un derecho de petición “para que me responda si conoce la ley y las limitaciones del cargo que tiene”.