Piden que elección del Fiscal la haga el Presidente de la República

Esa posición fue expresada por el presidente encargado de la Corte Suprema (e) quien explicó que debe ser ese tribunal el que nomine los tres candidatos para que el jefe del Estado decida. Consejo de Estado ratifica que Piedad Córdoba debe dejar la curul, aunque tendrá derecho de súplica.

En el marco de un foro sobre la reforma a la justicia que se desarrolló en el Senado de la República, este jueves la Corte Suprema de Justicia reiteró que la elección del Fiscal General de la Nación la debería hacer directamente el Presidente de la República.Esa posición fue expresada por el presidente encargado de la Corte Suprema (e), Jaime Arrubla, quien explicó que debe ser ese tribunal el que nomine los tres candidatos para que el jefe del Estado decida.Arrubla insistió en que la actual terna que busca el reemplazo de Mario Iguarán es viable, aunque ya se tengan 25 votaciones y no se ha escogido al nuevo fiscal.Recordó que el problema no es por falta de calidades de los candidatos, sino que radica en que no hay quórum para permitir la elección.Caso Piedad CórdobaPor otra parte, en el foro igualmente se dio el pronunciamiento de dos presidentes de los altos tribunales sobre el caso de la destituida senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba.El primero fue el propio Jaime Arrubla, quien confirmó que al interior de la Corte Suprema de Justicia se adelanta una investigación disciplinaria en contra del procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, por una presunta extralimitación en sus funciones durante el proceso de la senadora Córdoba.El magistrado dijo a los medios en el Congreso de la República, que "no olviden que la Corte Suprema en su sala plena es el juez disciplinario del Procurador, y el ponente es el Presidente de la Corte”.El magistrado Arrubla dijo que en las próximas semanas se conocerá un pronunciamiento de la Corte sobre si acepta o no imponer una sanción al Procurador.De otra parte, el presidente del Consejo de Estado, magistrado Carlos Fernando Álvarez, declaró que la dirigente liberal está en la obligación de dejar su cargo, luego de la ratificación por parte de la Procuraduría General de su destitución e inhabilidad.Y sostuvo que a la ex congresista le asiste el derecho de súplica, con el que podría reclamar sus derechos y, de ser aceptado el mismo, tendría opción de demandar para que le sean pagados sus ingresos.