Piden cumplir traslado de Plazas Vega a La Picota

Abogados civiles pidieron alInpec cumplir la orden porque no es postestario de no hacerlo

Los abogados de la parte civil en el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia, Jorge Molano y Germán Romero, solicitaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, trasladar al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega a una penitenciaría, a efectos de que se cumplan las decisiones judiciales.El pasado 9 de junio el Juzgado Tercero Especializado de Bogotá, a cargo de la jueza María Stella Jara, dictó sentencia condenatoria en contra del ex oficial como responsable del delito de desaparición forzada agravada, determinando imponerle una pena de prisión de 30 años.En la misma sentencia, la jueza ordenó a los funcionarios del Inpec trasladar, para efectos del cumplimiento de la pena, al coronel en retiro Plazas Vega a un sitio de reclusión, pero el pasado 25 de junio el detenido fue trasladado a la Escuela de Infantería de Bogotá.A través de un oficio, los abogados señalaron al Inpec que “no es potestativo del Inpec escoger el lugar de reclusión pues, existiendo mandato judicial, es imperativo dar cumplimiento al mismo. Es preciso señalar que en caso de condena, quien es objeto de la misma debe ser trasladado a la respectiva penitenciaría ". También afirmaron que los hechos constitutivos de la desaparición forzada no podrán considerarse como cometidos en el ejercicio de las funciones militares y no se admitirán privilegios, inmunidades, ni dispensas especiales en tales procesos. Cabe recordar que la orden de traslado la había dado la jueza desde el 9 de agosto de 2010, durante el desarrollo de la audiencia pública de juzgamiento y hasta el momento de la condena no había sido acatada. Desde esa época, los abogados de la parte civil también reclamaron que estando detenido en la Escuela de Infantería, el coronel en retiro Plazas Vega salía libremente con destino a sanidad militar y a la Universidad Nueva Granada, con el fin de dictar charlas sobre Guerra Jurídica y sin autorización judicial. Sumado a ello, los sujetos procesales constataron que también contaba con meseros a su servicio en lo que se denominaba su sitio de reclusión, así como teléfonos celulares. En el mismo oficio, los abogados señalaron que la persona condenada –en este caso el Coronel en retiro- no ha demostrado interés en prevenir o erradicar la práctica de desaparecer forzadamente a personas en Colombia, tampoco de contribuir a la reaparición con vida de las víctimas o de dar voluntariamente información que permita esclarecer casos de desaparición forzada. Por eso, según los abogados, el hecho de que el Inpec no cumpla con lo ordenado por el Juzgado Tercero, " sólo favorece la impunidad y el fortalecimiento de un escenario en el cual es posible la repetición de este tipo de prácticas, catalogadas como execrables en la historia de la humanidad".