Petro regresa a la Alcaldía, pero sufre derrota por multa en su contra

Petro regresa a la Alcaldía, pero sufre derrota por multa en su contra

Abril 24, 2014 - 12:00 a.m. Por:
Redacción de El País y Colprensa
Petro regresa a la Alcaldía, pero sufre derrota por multa en su contra

Cientos de seguidores del alcalde Gustavo Petro salieron a las calles para acompañarlo hasta su ingreso nuevamente a la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Superintendencia de Industria y Comercio lo multó con $410 millones por violación de la libre competencia en las basuras.

Un día de contrastes fue el que vivió el miércoles Gustavo Petro Urrego. Al tiempo que fue reintegrado a su cargo como alcalde de Bogotá, le fue impuesta una millonaria sanción económica por el manejo de las basuras en la capital, el mismo tema que condujo a que la Procuraduría General lo destituyera el pasado diciembre. La celebración de su retorno a la Alcaldía, que se hizo efectivo ayer por parte del presidente Juan Manuel Santos, que acató el fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá, la aguó la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC. En efecto, el superintendente de Industria y Comercio Ad Hoc, Luis Guillermo Vélez, sancionó tres empresas y a diez funcionarios y exfuncionarios de la administración distrital al encontrar que incurrieron en una violación a la libre competencia con el esquema de basuras implementado por el alcalde Petro. La Superintendencia ordenó, además, cesar el actual esquema en un plazo de seis meses. Las entidades sancionadas y multadas son: la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá (EAB), con $61.600 millones; la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), con $17.864 millones, y la empresa Aguas de Bogotá, con $2217 millones. Entre los funcionarios sancionados están el restituido Alcalde de Bogotá con la suma $410 millones, luego de que la entidad constatara que Petro “fue el principal artífice de la participación que tuvo la EAB en la implementación del nuevo esquema, desde su génesis hasta su materialización real”.La exalcaldesa encargada y miembro principal de la junta directiva de la EAB, María Mercedes Maldonado, también se le aplicó multa de $65 millones. La SIC encontró que estas personas “colaboraron, facilitaron, ejecutaron y/o toleraron el diseño e implementación del nuevo esquema” y halló igualmente responsables al ex gerente de la EAB, Diego Fernando Bravo; al ex miembro de la junta directiva de la empresa José Orlando Rodríguez, y a Gerardo Ardila, miembro principal de la junta. También al exdirector general de la Uaesp, Henry Romero Trujillo; al hoy gerente de la EAB, Alberto José Merlano; al exdirector de la Uaesp Henry Romero; a la actual directora de la Uaesp, Nelly Mogollón, y a los ex gerentes de Aguas de Bogotá, Ricardo Agudelo y Mario Álvarez. Sobre el cambio del modelo que deberá cumplirse en la capital, la Superintendencia señaló que tendrá que ser un régimen de competencia libre, o de competencia con áreas de servicio exclusivo, según determine el Distrito y que, en cualquier caso, se deberá involucrar la participación de los recicladores. La investigación se originó luego de que la delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC recibiera denuncias de las empresas Aseo Capital, Atesa y Ciudad Limpia sobre presuntas prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia en el mercado del servicio público de aseo en Bogotá. El cambio en el modelo de basuras originó, además, la investigación de la Procuraduría General que concluyó en la destitución e inhabilidad del alcalde Petro y los consecuentes escándalos político y jurídicos que han golpeado a la Capital. Contra la decisión del Superintendente de Industria y Comercio Ad-Hoc procede el recurso de reposición. La restitución Poco antes de que se conociera la sanción de la Superindustria, el presidente Juan Manuel Santos anunció su decisión de acatar el fallo de tutela que emitió el martes el Tribunal Superior de Bogotá y que ordenó al Gobierno aplicar las medidas cautelares que recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y reintegrar a Gustavo Petro a la Alcaldía. “Como lo he dicho desde el primer día que se inició este proceso, mi guía ha sido una muy sencilla y muy clara, cumplir con la Constitución (…) en este caso las leyes me ordenan restituir a Gustavo Petro y he firmado el decreto correspondiente para que se restituya en su cargo al Alcalde”, dijo el Mandatario. “No tengo alternativa”, afirmó Santos y argumentó que aunque a unos agrade o no esta decisión, su obligación como Presidente de la República es cumplir la ley y lo que los jueces dispongan. Asimismo, Santos sugirió que el proceso debe servir para reflexionar y reformular el uso de los mecanismos de defensa judicial especialmente la tutela “en este caso su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica e inclusive a un caos administrativo y político”, dijo. “Habíamos ganado 32 tutelas, pero hubo una en contra y estoy obligado a cumplirla”, agregó el Mandatario reiterando su obligación de acatar la ley. “Quien debe dar el ejemplo de respeto por la ley, en primera instancia, es el Presidente por eso procedo en esa dirección (…) la ley es la ley por dura que sea”, concluyó. “Decisión fue jurídica”El presidente del Tribunal Superior de Bogotá, el magistrado Eduardo Carvajalino, aseguró que el fallo que restituyó en su cargo al alcalde Gustavo Petro, fue una decisión basada en la jurisprudencia colombiana y no en política. “La decisión es jurídica porque a partir de la Constitución de 1991 Colombia trabaja con el Bloque de Constitucionalidad”, dijo el togado quien explicó que el país tiene compromisos internacionales por lo que se deben acatar las recomendaciones de los organismos foráneos. “La decisión fue impartida por una Sala Civil de Restitución de Tierras, conformada por el magistrado Óscar Ramírez (...) se estudió si se acataban o no las recomendaciones de la Comisión (...) la sala por mayoría cree que se debe respetar los principios de esta Comisión", explicó Carvajalino. El fallo de 28 páginas contó con dos votos y un salvamento. Y aunque haya sido tomada por un magistrado de restitución de tierras es procedente debido a que es un juez constitucional. “Todos somos jueves constitucionales tenemos la facultad para tomar una decisión como ésta”.

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