¿Persigue una maldición a los ex presidentes del Congreso?

Nueve de los últimos doce jefes del Legislativo han tenido líos judiciales. Analistas aseguran que los hechos tienen relación con las ansias de poder que llevaron a algunos congresistas a “venderle el alma al diablo” y la permisividad de algunos gobiernos con grupos armados ilegales.

Aunque nueve de los últimos doce presidentes que ha tenido el Congreso de la República están siendo investigados o han afrontado líos con la justicia por presuntos vínculos con grupos paramilitares o de narcotráfico, para los analistas es claro que no existe ningún mal, sino que persiga a quienes ostentan la principal silla del órgano Legislativo.Las razones para que se venga presentando este mal llamado ‘hechizo’ sólo se explican, según los especialistas consultados por El País, en dos hechos concretos: las ansias de poder que llevaron a algunos congresistas a “venderle el alma al diablo” y la permisividad de algunos gobiernos que se sentaron en Bogotá a ver cómo grupos armados ilegales dominaban bastas zonas del territorio nacional.Y aunque en ninguno de los dos casos existe responsabilidad del Congreso de la República como institución, el ‘brebaje’ que resultó de esa mezcla sí cayó como un maleficio en el Legislativo, que arrasó con la credibilidad y la legitimidad del principal órgano de representación popular.Un señalamiento que se remonta a los años 80, cuando Pablo Escobar se apoderó del 2% del Congreso. Ya en los 90 estalló el Proceso 8.000 y, con el auspicio del Cartel de Cali, el narcotráfico controló el 8% del Parlamento. En esta primera década del siglo son los grupos paramilitares que habrían elegido el 35% de los senadores y representantes a la Cámara.La captura reciente del senador Javier Cáceres, presidente del Senado en la legislatura pasada, muestra a las claras que el escándalo por la infiltración paramilitar en el Legislativo está lejos de concluir.El juego de las razonesPara el politólogo Ancízar Marroquín uno de los problemas es que el Estado permitió el dominio territorial de grupos guerrilleros y paramilitares en los que era difícil hacer campaña política y la única forma de llegarle a la gente era obteniendo el aval o el permiso del comandante guerrillero o el jefe paramilitar.“Lo que el político quiere es obtener la mayor votación posible y buscar el voto visitando a los líderes y las comunidades es mucho más costoso, tedioso y demorado. Era mucho más cómodo negociar con el jefe paramilitar y seguramente todo el pueblo saldría a votar por el candidato”, señala Marroquín.En el mismo sentido se pronunció el investigador y analista León Valencia, quien aseguró que no es que esté “maldita” la silla del presidente del Senado, “la maldita es la manera que han utilizado algunos parlamentarios para llegar a la Presidencia del Congreso”.“Normalmente quienes presiden el Congreso lo hacen porque obtuvieron grandes votaciones, que en los últimos años han estados ligadas a organizaciones ilegales. Es importante ver que la justicia está cumpliendo con su deber, pero esa justicia por sí sola no es suficiente. Es necesaria la censura política y la censura social, pero la sociedad sigue votando por esos personajes, como ocurrió en algunos casos de manera abrumadora, en las pasadas elecciones y por otros candidatos implicados en esto”, opina Valencia.El politólogo Óscar Duque considera que la raíz del problema es mucho más profunda. Responsabiliza en gran medida de lo que ocurre a la reforma al sistema electoral que aprobó la Constitución de 1991 y a la llamada Operación Avispa con la que el ex presidente Alfonso López Michelsen impulsó la disolución de los partidos políticos e hizo que los congresistas deban salir a las calles a negociar voto por voto.“Lo que está ocurriendo con los presidentes del Congreso obedece, entonces, a dos razones: primero, a esa práctica política de que a la Presidencia del Congreso no llega el que más calidades posea, sino el que mayor capacidad de negociación tenga y de entregar prebendas a los demás para ser elegido. Y lo segundo, son los niveles de corrupción a lo que se suma el problema del narcotráfico y el paramilitarismo y ahí tiene un escenario en el cual las prácticas políticas no salen bien libradas”, manifiesta Duque.La senadora Dilian Francisca Toro salió en defensa de su designación y asegura que llegó a presidir el Congreso porque para el 2006 operó la Ley de Bancadas y la negociación no era persona a persona, sino lo que el partido decidiera. Eso le otorgó, dice, el espacio por haber logrado la mayor votación y ser su partido, el de la U, el que obtuvo el mayor número de curules.“A la mayoría de congresistas y servidores públicos en este país nos han abierto algún tipo de investigación; y no porque haya hecho algo malo sino porque es lo lógico. Como persona que ha transitado por el camino del servicio público sé que es normal que nuestra labor no le gusta a todo mundo y que somos un blanco fácil para que los delincuentes digan cualquier cosa de uno. Pero una cosa es que lo investiguen y otra muy distinta es que lo condenen”, dijo la senadora. No obstante, los resultados son preocupantes. Sólo tres de los últimos doce presidentes del Congreso de Colombia no tienen pendientes con al justicia: Germán Vargas Lleras, Luis Alfredo Ramos y la vallecaucana Claudia Blum.Por lo demás, el caso de Miguel Pinedo ha vuelto a manos de la Corte Suprema de Justicia y se adelantan juicios contra Carlos García Orjuela y Mario Uribe. Las investigaciones siguen abiertas en los casos de Humberto Gómez Gallo, Hernán Andrade, Nancy Patricia Gutiérrez, Dilian Francisca Toro y el actual presidente del Congreso, Armando Benedetti. Lo propio ocurre en el caso de Javier Cáceres.Los ex presidentes del Senado investigadosMiguel Pinedo VidalVidal, quien presidió el Congreso en el periodo 1999-2000, fue capturado en marzo del 2008 a raíz de los testimonios de testigos que aseguraron que llegó al Senado con el apoyo del paramilitar Hernán Giraldo, quien presionó el voto en comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, hecho que reconoció el propio Giraldo.El ex senador renunció a su curul y fue procesado por la Fiscalía, que lo dejó en libertad en junio del 2009 por que se le violó el debido proceso. Su expediente fue retomado por la Corte Suprema.Mario Uribe EscobarEl director del desaparecido movimiento Colombia Democrática, enfrenta un juicio por concierto para delinquir agravado, debido a las declaraciones del extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso en las que aseguró que el ex congresista hizo acuerdos con las AUC.Aunque Uribe lo niega, en su contra también están las declaraciones de los ex congresistas Eleonora Pineda y Miguel Alfonso de la Espriella. A Uribe lo habrían apoyado los grupos paramilitares en los municipios de Montelíbano y Sahagún, en Córdoba.Humberto Gómez GalloEl ex senador ibaguereño también enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado por sus presuntos nexos con las autodefensas que operaron en el Tolima.Aunque había sido liberado en agosto del 2008, en enero del presente año se ordenó nuevamente su captura. En principió fue privado de su libertad en el 2007, luego de ser acusado de mantener vínculos con el confeso narcotraficante Eduardo Restrepo Victoria, alias El Socio, de quien habría recibido cerca de $300 millones.Carlos García OrjuelaOrjuela, quien presidió el Congreso entre el 2001 y el 2002, ya culminó su juicio y está a la espera de que se produzca el veredicto.También está acusado de haber asistido a una reunión con fines políticos, en octubre del 2001, con algunos de los jefes de las autodefensas del Tolima.Los testigos en su caso, dos desmovilizados, aseguraron ante los tribunales que el ex senador visitó el corregimiento de La Chamba, en el municipio del Guamo, Tolima, y sostuvo varias reuniones personales con enviados de Carlos Castaño.Hernán AndradeEl senador huilense fue llamado a indagatoria en julio pasado por las pruebas que recibió la Corte Suprema de Justicia sobre la firma de dos pagarés que suman $250 millones, y que al parecer fueron aportes que hizo a su campaña el abogado Armando Cabrera Polanco, condenado en el 2006 del desfalco a Cajanal y quien fue acusado de tener vínculos con las Farc.Andrade aseguró en versión preliminar que se trató de un préstamo para la compra de ganado y que el mismo no fue utilizado en su campaña.Armando BenedettiLa Corte Suprema inició investigación preliminar en su contra en mayo del 2008 por haber sostenido una supuesta reunión con el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, según el testimonio entregado por la ex representante a la Cámara Rocío Arias.La ex congresista asegura que tras las elecciones de 2002, se desarrolló una cumbre en Montería entre políticos y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso y que Armando Benedetti fue citado por las condenadas ex congresistas Eleonora Pineda y Muriel Benito Rebollo.Dilian Francisca ToroFue señalada por Rocío Arias de recibir apoyo de las AUC en municipios apartados del Magdalena.Otros testigos dicen que fue apoyada por jefes de los bloques Calima y Libertadores del Sur, aunque en la cárcel de Palmira se aseguró a dos desmovilizados que intentarían extorsionarla con la amenaza de vincularla a la parapolítica. También el extraditado narcotraficante Hernando Gómez, alias ‘Rasguño’, dijo que había financiado su campaña en el 2002 y que le envió $300 millones con el ex concejal Ariel Rodríguez.Nancy Patricia GutiérrezEs investigada por la Corte Suprema desde junio del 2008 por sus presuntos nexos con alias ‘El Pájaro’, jefe paramilitar que operó en Cundinamarca. En su caso también figura como uno de los principales testigos la ex congresista Rocío Arias, quien habría asegurado que ‘El Pájaro’ hizo campaña por Gutiérrez, especialmente, en las localidades de Agua de Dios, Ricardo y Sasaima. ‘Jorge 40’ se negó a declarar en su caso.La Fiscalía también acaba de compulsar copias sobre su presunta participación en las ‘chuzadas’ del DAS.Javier Cáceres LealCáceres, uno de los mayores electores de Cambio Radical, fue detenido el pasado miércoles en las instalaciones del Congreso, luego de haber sido señalado por desmovilizados de haber sostenido vínculos con alias Jore 40 y beneficiarse electoralmente del Bloque Montes de María.La Sala Penal del alto tribunal halló suficientes méritos para iniciar un proceso penal contra Cáceres, quien fue mencionado por Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, y por ‘Juancho Dique’ de hacer parte del proyecto político de las autodefensas.