Parlamentarios españoles denuncian violación de derechos en Colombia

Junio 25, 2010 - 12:00 a.m. Por:
Elpais.com.co | EFE

El informe es fruto de una misión que visitó el país en enero y estuvo compuesta por siete parlamentarios de diferentes formaciones, como el Partido Socialista de Cataluña (PSC).

Un grupo de parlamentarios españoles presentó hoy un informe en el que denuncian "violaciones continuas de los derechos humanos por parte de todos los actores" del conflicto armado que existe actualmente en Colombia.El informe es fruto de una misión que visitó el país en enero y estuvo compuesta por siete parlamentarios de diferentes formaciones, como el Partido Socialista de Cataluña (PSC). Un diputado del PSC, Jordi Pedret, relató hoy, durante una rueda de prensa celebrada en Valencia (este de España) para divulgar el informe, que la vulneración de derechos "no es un efecto colateral del conflicto, sino que está en su propio núcleo".Para Pedret, "todos los actores armados involucran a la sociedad civil, lesionan sus intereses y vulneran sus derechos en cantidades diferentes, pero no con una intensidad diferente".Por su parte, el senador del partido catalán Esquerra Unida Joan Josep Nuet mostró su "preocupación" ante la situación en Colombia y destacó el papel de los grupos paramilitares como un "termómetro clave" de la violencia en la sociedad colombiana.Nuet explicó que, en teoría, estos grupos fueron desmilitarizados hace años tras un acuerdo con el Estado, "aunque la realidad es que se han reorganizado y hoy son un elemento central de la violencia".Asimismo, el senador denunció el "apoyo y comprensión por parte de instancias del Estado muy importantes" hacia los grupos paramilitares.Para Nuet, ese es un elemento "clave" de la violencia en el país, junto con "la violencia de la guerrilla y de las propias instituciones del Estado a las que, en algún caso, se ha acusado de crímenes o terrorismo de Estado"."El discurso que llega a Europa -aseguró- es que Colombia es un país que está en vías de normalidad pero realmente nosotros hemos comprobado que hay otra Colombia" en la que la situación de violencia es "dramática y preocupante".El senador habló también de la política de "seguridad democrática" iniciada por el presidente colombiano, Álvaro Uribe, y dijo que, pese a ir dirigida a reducir la violencia, "la realidad es que ha rebrotado en algunas partes del país en los últimos tiempos".Sobre esas políticas, la portavoz de la Plataforma por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia, Alxia Guilera, subrayó que han sido "muy cuestionadas" por los organismos de derechos humanos.Además, Guilera indicó que a Uribe "hay que pedirle muchas explicaciones" por "arropar a muchos de los militares que ahora comienzan a ser condenados por graves violaciones contra los derechos humanos".Sobre Juan Manuel Santos, elegido hace poco para suceder a Uribe en la Presidencia de Colombia, la portavoz de la Plataforma apuntó que representa "más de lo mismo", y advirtió de que, en todo caso, "hay que seguirle de cerca" en su labor al frente del Gobierno.El informe realizado por los parlamentarios se centra principalmente en analizar las violaciones de los derechos humanos respecto a tres colectivos concretos: las mujeres, los sindicalistas y los defensores de los derechos humanos en el país.Sobre las mujeres, Pedret recalcó su "victimización extraordinaria", al ser consideradas como "un arma y botín de guerra" en el conflicto y tener que permanecer al cargo de las familias de las cerca de 4,5 millones de personas desplazadas.Asimismo, la coordinadora de la Plataforma resaltó la violación, en 2008, de 21.200 mujeres en el país, de las cuales un 26 por ciento correspondió a menores de 18 años.En cuanto a los sindicalistas, el diputado socialista declaró que "se ha constatado una disminución en el número de asesinatos", aunque denunció la "represión" que sufre ese grupo por ejercer su actividad y que llevó a la muerte a 39 personas en 2009 y a 538 durante los ocho años del Gobierno de Uribe.Pedret también alertó de "múltiples situaciones de amenazas, desplazamientos forzados, atentados" y el asesinato, en 2009, de 99 activistas pro derechos humanos, pese a que el Gobierno colombiano destina una partida presupuestaria a proteger a esas personas.

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