Opinión: desde el Estado también se atenta contra las mujeres

El reciente pronunciamiento del exministro Nestor Humberto Martínez, hoy candidato a Fiscal, es otras muestra de por qué no operan las normas contra el feminicidio y la violencia de género en Colombia

El pasado 9 de Junio los medios situaron nuevamente las violencias contra las mujeres en el centro del debate. 

Este, que parece ser un tema más de la cotidianidad, no sólo en boca del movimiento de mujeres, sino de los periódicos y portales de noticias en nuestro país, no ha logrado ser comprendido por la sociedad –y aún más sorprendente, por los funcionarios públicos-, como un asunto de derechos humanos.

En la mencionada fecha, cuando se le preguntó a Néstor Humberto Martínez, uno de los candidatos al cargo de Fiscal General de la Nación, por las medidas que tomaría desde esta institución para reducir o erradicar las violencias de género en el país, dijo públicamente que “al criminalizarse la violencia intrafamiliar se está generando una ruptura del núcleo familiar a partir de expresiones de violencia de ocasión, además atosigando a todo el sistema penal colombiano”.

No dejan de ser sorprendentes las declaraciones de este candidato a Fiscal, y más cuando semanas atrás, la Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió un concepto jurídico donde responsabilizaba a Rosa Elvira Cely por su muerte.

Todo esto deja en evidencia la falta de sensibilidad y capacitación de los funcionarios públicos ante el problema de violencias basadas en género que cobra la vida de cientos de mujeres anualmente en Colombia.

Un caso tan emblemático como el de Rosa Elvira no ha sido argumento suficiente para que las leyes que se han redactado en este país, en pro de enfrentar las violencias contra las mujeres y los feminicidios, logren reducirlas.

Pese a la constante movilización política que hacen las organizaciones de mujeres en materia de veeduría para exigir fortalecimiento a las rutas de atención; pese a las constantes protestas, plantones y foros que se desarrollan en las diferentes ciudades para reclamar justicia ante el alto nivel de impunidad que presentan los feminicidios, y más grave aún, pese a que contamos con dos leyes (la ley 1257 de 2008 y la ley 1761 de 2015 *) bastante contundentes en la asignación de responsabilidades al Estado para que se comprometan ante estas situaciones, las mujeres aún siguen siendo discriminadas, violentadas y asesinadas porque la legislación se queda netamente en eso: en el papel.

En un país donde, según cifras de Medicina Legal, entre el 2015 y los primeros cuatro meses de este año se han reportado 83.888 casos relacionados con violencia intrafamiliar - sin contar con los cientos que no se denuncian -, es inaceptable que un candidato a la Fiscalía (ente encargado de investigar este tipo de delitos), diga que la solución a esta problemática social sea relegarla al ámbito privado.

Despolitizar las violencias de género es desconocer el marco normativo nacional y el bloque constitucional del que Colombia es partícipe, y que la pone en la lupa ante la comunidad internacional para dar cuenta de las medidas contundentes que implementa en pro de erradicar estas violencias.

¿Cómo hablar de paz en un país donde las mujeres son asesinadas por el sólo hecho de ser mujeres?, ¿cómo hablar de una política pública de género integral, cuando los mismos funcionarios públicos desconocen el impacto de este tema y justifican estos actos?

No se trata de un capricho del movimiento de mujeres, como lo quieren presentar muchos. Se trata de un asunto de derechos humanos que debe reflejarse en el compromiso no sólo del Estado, a través del cumplimiento de las normas, sino también de una sociedad que desde su silencio e indiferencia es cómplice de esta problemática.

Diariamente en Colombia, cientos de mujeres desarrollan acciones que contribuyen a la reducción de imaginarios que continúan legitimando y normalizando las violencias de género; pero aún así no es suficiente.

El hecho de que un personaje como Néstor Humberto Martínez exponga declaraciones como las ya señaladas, es sólo un reflejo del amplio camino que falta para cumplir con esas metas y objetivos internacionales que miden a nuestro país en materia de justicia social y equidad de género.

Es además un llamado de alerta para las instituciones del Estado sobre la necesidad de implementar una pedagogía con sus funcionarios a través de la cual se logre transmitir la necesidad de tomar en serio este asunto.

Mientras tanto, y para no caer en una mirada paternalista que asigne las acciones para disminuir y erradicar las violencias contra las mujeres solamente al Estado, es necesario que como sociedad civil también evaluemos los discursos y prácticas que contribuyen a esta grave situación que no es ajena a nuestra realidad.

La ley 1257 de 2008, establece medidas para sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres. La ley 1751 de 2015 tipifica el feminicidio como un delito autónomo en el código penal. 

* Socióloga de la Universidad del Valle.Integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir -Colombia.